La fiscal federal subrogante Adriana Zapico pidió la indagatoria del empresario Omar Angel Jubete, dos ex funcionarios municipales (actuales provinciales), un inspector y un ingeniero de la empresa por las irregularidades cometidas en la obra de cloacas del barrio Butaló que se llevó a cabo en el año 2014 durante la gestión del ex intendente Luis Larrañaga. La causa es por defraudación.

Zapico -quien ya no ocupa más la fiscalía federal ya que ahora lo hace el fiscal Leonel Gómez Barbella- pidió hace una semana la indagatoria de Jubete, del actual director general de Obras Públicas, Daniel Ucciardello (exsecretario de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano), el asesor provincial Nicolás Echavarría (exdirector de Agua y Saneamiento), el inspector de obra Adolfo Bruno (inspector de la obra) y de Mario Giandón (el ingeniero de la empresa).

Jubete, los dos ex funcionarios municipales, el inspector de obra y el ingeniero de la empresa, ya figuraban como imputados en la causa que llevó adelante la justicia penal provincial, pero antes de resolver el procesamiento el juez subrogante Nicolás Casagrande declaró la incompetencia de la justicia ordinaria.

La denuncia inicial la hizo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Se comprobó que hubo tramos de cloacas que no se colocaron tramos de caños cloacales troncales y que no se hicieron las conexiones domiciliarias. Además no se realizó el compactado para la reconstrucción del asfalto ni el aserramiento del asfalto.

Hubo un informe del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) que resultó contundente al revelar las irregularidades: entre ellas la falta de conexión de 246 domicilios.

En esa declaración de incompetencia, el juez Casagrande admitió que la causa ya tenía delitos y personas que podían ser imputadas, lo que finalmente tomo la fiscalía federal. “Llegado a este punto, delimitadas las conductas presuntamente ilícitas, su posible calificación legal y quienes serían aquí los sospechosos, el avance importaría necesariamente el sometimiento a proceso efectivo a través de declaraciones de imputados, formalización ante la Judicatura del pedido de prueba con carácter jurisdiccional y ante el convencimiento de esta parte de la incompetencia material propia y del Juzgado de Control se afectarían garantías de raigambre constitucional toda vez que se encontraría en juego la garantía del juez natural respecto de los sospechosos, no pudiendo por otro lado delimitarse conductas de funcionarios nacionales y provinciales a efectos de desdoblar la misa, toda vez que la afectación de las rentas nacionales resulta inescindible de la maniobras delictivas en su conjunto”, dijo.

La concejala Claudia Giorgis (FrePam) realizó la denuncia pública de las irregularidades detectadas a partir de los problemas que sufrían los vecinos. La denuncia inicial se hizo en la Justicia ordinaria. La presentó el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola a partir de las erevelacines de Giorgis y los vecinos.

El monto original de la obra era de $2.233.725,80, de los cuales Nación solamente transfirió en la gestión anterior $223.372. La obra terminó costando $4.300.000 y fue pagada por la gestión municipal de Larrañaga a la empresa Jubete en su totalidad en el 2014 y ahora se detectó que se cobraron cosas que no se hicieron. Llevar a cabo hoy la obra, más los daños causados, cuesta unos 20 millones de pesos.

El juez de Control Nicolás Casagrande declaró -después de tener la causa nueve meses- la incompetencia de la Justicia ordinaria provincial para investigar las irregularidades cometidas en la obra de cloacas del Barrio Butaló. Dijo que la competencia es de la Justicia Federal porque los fondos eran del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento).

El fiscal Máximo Paulucci, en su pedido de incompetencia, también señaló que estaban delimitados los delitos y que había sospechosos. “Surge de lo actuado y sustanciado incluso por el querellante, municipio de Santa Rosa, con abundantes informes y documentales que la empresa Jubete a cargo de la obra aludida no ejecutó o ejecutó parcialmente la obra pública, habiendo percibido la totalidad del pago estipulado, manipulando para ello las certificaciones de avance de obra, todo lo cual no habría sido posible si los responsables de los controles hubieran desarrollado las tareas a las que estaban obligados por su función”.

Además le fiscal provincial señaló: “El perjuicio económico resulta notorio, no solo de advertir ello, sino de las obras adicionales que esta acción provocó y seguramente provocará atento los daños ocasionados en los bienes (inmuebles particulares, incluso pudiendo afectar la salud de los habitantes”.

Con estos elementos, la Justicia Federal caratuló la causa que avanzó con aportes de la municipalidad santarroseña. Ahora la fiscal Zapico pidió la indagatoria que deberá ser resuelta por el juez federal a cargo.