El exintendente santarroseño Luis Larrañaga también tiene un pedido de indagatoria por parte de la fiscala federal subrogante, Adriana Zapico, por las irregularidades de la obra de cloacas del barrio Butaló.

Zapico pidió la indagatoria de Daniel Ucciardello (actual director general de Obras Públicas de la Provincia y exsecretario de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano), el asesor provincial Nicolás Echavarría (exdirector de Agua y Saneamiento municipal), el empresario Omar Jubete y el inspector de obra Adolfo Bruno (inspector de la obra) y de Mario Giandón (el ingeniero de la empresa).

Pero ahora se conoce que también Larrañaga fue incluido en el pedido de indagatoria elevado a la jueza subrogante, Gabriela Marrón.

Ahora, la Fiscalía Federal está a cargo de Leonel Gómez Barbella. Será quien impulsará la acción en la causa penal, pero la indagatoria la debe fijar la jueza subrogante, Gabriela Marrón, a cargo del Juzgado hasta el 31 de mayo.

En el pedido de las indagatorias se afirma que las obras no se completaron.

El monto original de la obra fue de $ 2.233.725,80, de los cuales Nación solamente transfirió en la gestión anterior $ 223.372. La obra terminó costando $ 4.300.000 y fue pagada por la gestión municipal de Larrañaga a la empresa Jubete en su totalidad en 2014 y ahora se detectó que se cobraron cosas que no se hicieron. A valores actuales de la obra, más los daños causados, el monto estimado ronda los 20 millones de pesos.

El exintendente Luis Larrañaga fue -según la prueba que aportó la Municipalidad- quien gestionó los fondos ante el ENOHSA con las siguientes notas: avance de Financiamiento N° 1 de fecha 13/08/2015; avance de Financiamiento N° 2 de fecha 18/09/2015; avance de Financiamiento N° 3 de fecha 14/10/2015.

Y con fecha 12/08/2016 se remitieron los certificados de obra N° 4, 5, 6 y 7, todos con grado de avance 0%. Se envió también el certificado de obra N° 8, correspondiente a trabajos adicionales por un monto de pesos setecientos veinte siete mil quinientos sesenta ($ 727.560).

“La falta de cumplimiento por parte de la empresa contratista no pudo ser desconocido ni por las autoridades municipales intervinientes ni por el Inspector de Obra, como así tampoco pudieron desconocer el reclamo por escrito efectuado por una vecina en el mes de septiembre de 2015, previo a la confección del acta definitiva y a la devolución de la garantía”, dice el pedido de indagatoria.

“Mala praxis”

Señala que “a los fines de que evalúe el funcionamiento de la red cloacal del barrio, el actual jefe del Poder Ejecutivo Municipal contrató al ingeniero Néstor Giorgi, exfuncionario de Obras Sanitarias de Nación, quien adelantó a los medios locales que hubo ‘mala praxis’ de la empresa que tuvo a cargo la obra”.

Además, destaca que “del informe de auditoría n° 004/2017 del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), surge del informe ejecutivo referente a la ejecución de los trabajos que “la obra no fue ejecutada en su totalidad, por lo cual se certificaron y pagaron trabajos no realizados” y que “la falta de complementación de la obra, en conjunto con su irregular puesta en servicio sería el origen de anomalías tales como: 1) trastornos en el funcionamiento de instalaciones domiciliarias internas, que fueron desvinculadas de red existente para su posterior reconexión; 2) deterioro de aceras y calzadas consistentes en hundimientos que resultan de cesiones del terreno por presencia indebida de fluidos provenientes de pérdidas de la red y/o compactación defectuosa; 3) acumulación de aguas servidas que ascienden a la superficie asfáltica desde el terreno colmatado mediante las fisuras ocurridas tras los hundimientos; 4) BR con carga estática y cañerías remanentes de A°C°, materialmente colapsadas”.

“La auditoría -cita la fiscala subrogante- que el Ente Ejecutor ha presentado documentación haciendo referencia a la ejecución total de los trabajos efectuados, en discrepancia con lo visualizado en la inspección de la obra realizada por esta Unidad de Auditoría Interna, lo que demuestra es que el ENOHSA ha transferido sumas dinerarias que exceden los trabajos efectivamente ejecutados, no pudiendo, por las razones expuestas anteriormente, establecer la proporcionalidad de los trabajos no ejecutados sobre la totalidad de los mismos”.

El escrito del pedido de indagatoria sostiene que “de la inspección ocular llevada a cabo, como así también de entrevistas mantenidas con vecinos del barrio Butaló, se llegó a la conclusión que “los tramos comprendidos en el proyecto no fueron ejecutados en su totalidad, restando sectores con cañerías colapsadas de A°C°. La cantidad de conexiones domiciliarias ejecutadas respecto de las presupuestadas, de acuerdo a lo informado por el ing. Arce, se estima en torno al 20% del total, manteniéndose un número significativo de conexiones a red A°C°, y pudiendo existir gran cantidad de descargas sin vinculación a red o pozo, es decir, sin derivación con remate en el terreno, constituyendo el origen de hundimientos de calzada y dando sentido a la colmatación del suelo observada en las excavaciones. Lo antedicho contrasta con las mediciones incorporadas en el Certificado de Obra N° 8, donde constan avances físicos por rubros en casi un 100%”.

Para finalizar, explica que “otro elemento determinante que da cuenta que la obra no se realizó en su totalidad es el nuevo convenio firmado entre el gobernador Carlos Verna y el intendente Leandro Altolaguirre de fecha 24 de noviembre de 2017, con el objeto de asistir financieramente al municipio para la ejecución de las obras “Renovación y Rehabilitación del sistema de agua potable, desagües cloacales, posición de aguas de lluvia y freáticas de los barrios Butaló I, II, III, Vial y Jardín”.