El exsecretario de Obras Públicas del municipio santarroseño, Daniel Ucciardello, y el inspector de obra, Adolfo Bruno, pasaron por el trámite de la indagatoria este martes por la mañana en el Juzgado Federal de Santa Rosa, en la causa por presunta defraudación a la administración pública en la obra de cloaca del Butaló realizada durante 2014. Ambos prefirieron no declarar y mantenerse en silencio.

El lunes había sido el turno del exintendente Luis Larrañaga, que también prefirió no abrir la boca. También declaró ese día el exdirector de la DAGSA, Nicolás Echevarría. El miércoles será indagado el dueño de la constructora, Omar Jubete.

Las indagatorias las toma por videoconferencia la jueza federal subrogante, María Gabriela Marrón, quien lo llamó a indagatoria por las irregularidades de la obra de cloacas del barrio Butaló llevada a cabo en el año 2014.

Para hoy, la jueza citó al exsecretario de Obras Públicas Daniel Ucciardello (actual funcionario provincial) y al inspector Adolfo Bruno. Mañana irán al Juzgado el empresario Omar Jubete y el ingeniero de la constructora, Mario Giandón.

La jueza Marrón admitió a la Municipalidad de Santa Rosa como querellante en la causa.

Aunque no hay una calificación del delito que habrían cometido los acusados, en principio podría haber una defraudación a la administración pública. Se les atribuye haber intervenido -según sus cargos y funciones- en distintas etapas de la obra de cloacas del barrio Butaló, dándola por concluida, recibiéndola y pagándola (o cobrándola, en el caso de la empresa) a pesar de que eso no debió ocurrir por las deficiencias que presentaba. La irregularidad más notable es la falta de conexión a los domicilios.

En el pedido de las indagatorias se afirma que las obras no se completaron. El monto original de la obra fue de 2.233.725,80 pesos, de los cuales Nación solamente transfirió en la gestión anterior 223.372 pesos. La obra terminó costando 4.300.000 pesos y fue pagada por la gestión de Larrañaga a la empresa Jubete en su totalidad en 2014 y ahora se detectó que se cobraron cosas que no se hicieron. A valores actuales de la obra, más los daños causados, el monto estimado ronda los 20 millones de pesos.

El exintendente fue -según la prueba que aportó la Municipalidad- quien gestionó los fondos ante el ENOHSA con la presentación de los correspondientes certificados de obra.