En un plenario realizado en la sede histórica de la CGT, en avenida Vélez Sársfield 137, las dos centrales obreras resolvieron reunirse con los legisladores que impulsaron la iniciativa para tratar de convencerlos 
de que de que desistan de esa propuesta.

Si el oficialismo insiste con el debate, las dos CGT se movilizarán a la Legislatura para impedir que se apruebe ese proyecto, según informó Rubén Urbano, titular de la UOM.

El plenario fue encabezado por José Pihen y Gabriel Suárez, secretarios adjuntos de la CGT Regional Córdoba y de la CGT opositora Rodríguez Peña, respectivamente.

No hubo críticas al gobernador José Manuel de la Sota, pero sí al proyecto y sus impulsores, espadas del mandatario en la Unicameral.

Pihen negó el ingreso al plenario a Irina Santesteban (judiciales) quien iba a respaldar el rechazo al proyecto.

Ayer, De la Sota aludió al proyecto presentado en la Le­gislatura por el presidente provisorio, Oscar González y el jefe del bloque oficialista, Sergio Busso.

“Tiene la virtud de abrir las puertas al gran debate, del derecho de los ciudadanos a recibir los servicios. Creo que en todos los países está en discusión este tema”, sostuvo y remarcó que la idea es de los legisladores y no del Ejecutivo.

Tras un acto en La Calera, De la Sota adelantó que desconocía el contenido del proyecto. “En estas cosas siempre hay que arribar a consensos, nunca hay que hacer imposiciones”, señaló. Subrayó que “los derechos no son absolutos. Todos tenemos limites, esto no significa que se esté atentando contra la organización sindical. Yo soy peronista, para mí los sindicatos son muy importantes”, dijo.

Recordó lo sucedido con el autoacuartelamiento policial y remarcó que “ha quedado claro a todos los cordobeses que la Policía no puede hacer huelga”. Añadió que “los servidores públicos no pueden hacer huelga porque sí” y señaló que “cada país va tomando en cuenta la necesidad”. Ejemplificó que “en Alemania hay dos clases de empleo público. Los que tienen estabilidad absoluta, no tienen derecho a hacer huelga. Y los que pueden protestar son los que no tienen garantizado el empleo de por vida”, dijo.

Dio como ejemplo el tema de las huelgas en los hospitales y advirtió que “se pone en riesgo la vida humana”, advirtió.

El eje central del proyecto es que en los servicios esenciales, como salud, educación, transporte, energía y justicia, los gremios deban anticipar la realización de la protesta y acordar con el Ministerio de Trabajo las características y el cumplimiento de las guardias mínimas.

La UCR lo lleva al Congreso

El diputado nacional radical Diego Mestre presentó en el Congreso un proyecto de “garantía para los indefensos” para regular las huelgas en servicios públicos. “Los terceros también tienen derechos cuando hay un conflicto laboral”, dijo en declaraciones a Mitre Córdoba.

En tanto, el legislador provincial Rodrigo de Loredo (UCR), indicó que “como está planteado el proyecto” del oficialismo “es inconstitucional”, por lo cual lo rechazarían.

El oficialismo tendría seis votos menos

Complicado. Los legisladores de Unión por Córdoba que pertenecen al PJ Capital (Dante Heredia, Nadia Fernández, Sandra Trigo, Adhelma Ponte, Juan Cid y José Pihen) anunciaron ayer que no apoyarán el proyecto de ley que impulsan sus compañeros de bloque Oscar González y Sergio Busso, y que respalda el propio gobernador De la Sota. En una eventual votación, que todavía no tiene fecha, sin el apoyo de estos seis parlamentarios, el oficialismo llegaría a los 35 ­votos, con lo cual necesitaría que algún legislador de los bloques minoritarios respaldara el proyecto para evitar un empate que obligaría a votar a la vicegobernadora Alicia Pregno. “Apoyamos la decisión de la CGT Córdoba: el derecho de huelga ya está regulado”, dijeron.