En los próximos días, se tratará en la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación, el proyecto de ley que solicita que se imprima una sanción específica para quienes se apropian, ocultan o manipulan tarjetas de débito ajenas.
La intención de la presentación es que se “penalice la retención indebida de tarjetas débito de cuentas de jubilados, empleados y beneficiarios de planes sociales, con supuestos fines de garantías”. Entre los fundamentos del proyecto se manifiesta “la preocupación por la situación de indefensión de una gran parte de la sociedad que se ve desamparada frente a los negociadores de la usura, sin ningún tipo de protección legal. Esta situación hace que sea necesario y urgente reglamentar un castigo penal a quienes practiquen este tipo de actividades ilícitas”.
En el documento presentado para el análisis en el Congreso de la Nación, se advierte “que lo más grave del caso es la falta de conciencia social, ya que quienes sufren estos abusos son las personas más vulnerables y con mayores necesidades, que si bien saben que el uso de los plásticos es personal e intransferible, en ocasiones acceden a este negocio indebido. El abuso de confianza frente a un estado de necesidad económica es un delito de defraudación particular que debe ser sancionado”, detalla el proyecto.
El proyecto del diputado Yazbek apunta a la “modificación del artículo 173 del Código Penal, que se refiere al delito contra la propiedad, con la intención de que se tipifiquen con exactitud los delitos de estas características”.
El proceso habitual
La práctica de retener las tarjetas de débito por parte de prestamistas es habitual. La situación se da en aquellos casos en los que se proporciona dinero y la falta de condiciones legales para hacer firmar un documento o simplemente por la facilidad de la retención del plástico. Se efectúa esto como garantía de devolución del monto otorgado; el proceso continúa con la extracción del dinero otorgado, más los intereses acordados de la cuenta del propietario de la tarjeta. Una vez finalizado el procedimiento el prestamista, devuelve la tarjeta a su legítimo dueño.
A pesar de que las personas conocen de la imposibilidad de la transferencia de los plásticos y las claves de seguridad correspondientes, acceden a este tipo de negociaciones a cambio de préstamos de dinero en efectivo por parte de personas que solicitan a modo de “garantía” retener las tarjetas hasta tanto se efectúe el depósito en las cuentas y se realice la extracción del monto de dinero otorgado.
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