La Defensoría del Pueblo de Salta presentó este lunes un amparo ante el juez de Garantías N° 2 de la provincia, Miguel Medina, con el fin de que el PAMI “brinde información de acceso público sobre el protocolo implementado con sus afiliados ante la sospecha o confirmación de cursar la enfermedad” de la covid-19. También pide que el organismo nacional "adecue la operatoria de contratación de proveedores, especialmente clínicas y sanatorios, de manera que sus afiliados cuenten con una atención sanitaria acorde a la urgencia. Y presente el plan de coordinación y acción al Comité Operativo de Emergencia (COE) de la provincia, para casos de urgencia”.

El titular de la Defensoría, Federico Núñez Burgos, explicó a Salta/12 que la presentación surgió del diagnóstico sobre cómo las obras sociales habían retaceado sus prestaciones durante la pandemia. En ese marco más general, sostuvo, se vio que los afiliados al PAMI, en su mayoría jubilados, tienen una “gran cantidad de demandas de atenciones médicas y el PAMI no responde”.

“Solo cuenta con la contratación de tres sanatorios en Salta Capital para una masa de 60 mil afiliados aproximadamente”, afirmó al indicar que “no son más de 200 camas” las destinadas a la obra social en los convenios que tiene con el Sanatorio Modelo, el Hospital Militar y la Clínica Cruz Azul. Aunque el defensor sostuvo que se solicitó diálogo con las autoridades del PAMI en Salta, encabezado por la abogada Verónica Molina, dijo que no hubo posibilidad de encontrarlo. Otra imposibilidad de encontrar explicaciones suficientes, dijo, fue que la Superintendencia de Salud no monitorea al PAMI, por lo que para encontrar una respuesta se decidió recurrir a la Justicia. Sala/12 intentó consultar cuáles son las dificultades que afronta el PAMI, pero hasta ayer la titular del PAMI no las había dado.

Núñez Burgos indicó que con quienes sí se logró un proceso de diálogo fue con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta (ACLISASA), que como asociación no es prestadora del PAMI pero está dispuesta a llevar un “proceso de diálogo con el organismo” nacional para hacer las prestaciones que correspondan.

En diálogo con Radio Nacional Salta, el presidente de ACLISASA, Mariano Abdo, indicó que la obra social nacional tiene contratadas clínicas para la atención normal de sus afiliados pero “cuando existe pandemia se ve desbordada en esas tres clínicas que no pueden dar respuestas a todos los pacientes, más cuando es la población más vulnerable”, dijo el referente de las entidades sanitarias. Ante ello, sostuvo que es preciso elaborar un plan de contingencia para dar cobertura a todos los pacientes. Cuando se le consultó sobre qué implicaría este plan, respondió que “una de las posibilidades es que diera convenio a otras clínicas”.

“No son solo tres clínicas”

“No son solo tres clínicas las que prestan el servicio en Salta Capital, sino que también hay otras tres instituciones que están dentro de la Asociación de Clínicas del Interior de Salta (ASCIDSAL), que es prestadora del PAMI”, aclaró el presidente de la asociación del interior provincial, Luis Sorayre. 

Indicó que además de las tres mencionadas, también prestan servicios en Salta Capital las clínicas Virgen de Urkupiña, Sanar (ex San Rafael) y de La Merced. En medios locales se difundió una denuncia por la falta de atención de un afiliado al PAMI durante el fin de semana que antes de encontrar cama para ser atendido estuvo yendo de un lugar a otro. 

Sorayre aseguró que “eso de que no se da cobertura no es así”. Pero reconoció que el “sistema se resintió un poco por el tratamiento que se debe dar a un paciente sospechoso de covid. Allí empieza el cuello de botella porque debe estar aislado hasta determinar si es o no positivo”. Los resultados de las PCR muchas veces demoran o incluso ya no se realizan en algunos lugares del interior de la provincia “por falta de insumos para hacerlas o porque el personal del laboratorio está infectado”, sostuvo.

Hospitales públicos, también prestadores

El gerente del Hospital Público Arturo Oñativia, Marcelo Nallar, solicitó hace días que quienes tengan obra social se atiendan en el sector privado, dado que muchos de los pacientes que fueron a parar en los hospitales públicos contaban con el beneficio. Si bien la observación puso el ojo en la mayoría de las obras sociales, Sorayre recordó que los hospitales públicos son desde 2017 prestadores del PAMI por un convenio que firmó el entonces ministro de Salud, Roque Mascarello, cuando la hoy ministra de Salud de la provincia, Josefina Medrano, era titular del PAMI en Salta.

Según Nallar, el PAMI debe al Oñativia $80 millones por las prestaciones. Fuentes del gobierno anterior, por el contrario, afirmaron que las deudas fueron saldadas con la firma del convenio en 2017 y se pagó regularmente la cápita contratada a los hospitales públicos que también, con este pago, se convierten en prestadores. La disparidad de versiones impide entender qué pasó entonces con el pago capitado al gobierno de la provincia, y si estos fondos son derivados a los hospitales o son centralizados en el gobierno provincial o, como dijo Nallar, realmente nunca se pagaron.

Sorayre sostuvo que cuando se firmó el convenio desde la ASCIDSAL “nos opusimos totalmente porque entendíamos que había una competencia desleal porque se debían pagar costos (desde las instituciones sanitarias)”, que las instituciones públicas no afrontan del todo porque hay una infraestructura estatal. Además, recordó que se debita la prestación del afiliado que corresponde a una clínica o sanatorio y fue atendido en el sector público. Cuestionó que alguien indique que quien tiene obra social (como PAMI),vaya al sector privado cuando “los hospitales de autogestión también cobran por esas prestaciones”.

La falta de infraestructura sanitaria en medio de la pandemia visibiliza otra cuestión: el sistema de Hospitales de Autogestión que en Salta se instauró en 1995 con el gobierno del ahora senador nacional Juan Carlos Romero. En aquel momento gremios como APSADES rechazaron el sistema porque entendían que desde los hospitales públicos se priorizaría la atención a quienes tenían obras sociales en desmedro de quienes no tenían ningún sistema prepago. 

Se señalaba entonces que los hospitales serían impulsados a obtener recursos y hacer las obras necesarias para mantenimiento de infraestructura. Esto, a su vez, implicaría un desentendimiento de parte del Estado con un menor presupuesto para equipar la salud pública. Quince años después, el resultado pareciera ser deudas millonarias de las obras sociales a los hospitales, que tampoco fueron lo suficientemente equipados por el Estado, o centralización de fondos que eran de la Salud y que en definitiva, tampoco parecen haber sido derivados a ese sector.