La presidente del Bloque Peronista en la Legislatura porteña, María Rosa Muiños, presentó un proyecto de ley para que todos los organismos públicos de la Ciudad realicen el pago de “haberes, salarios u honorarios, a su personal, cualquiera sea su jerarquía y/o mecanismo de contratación, a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires”.

Esto comprendería tanto al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y todos los órganos descentralizados, autónomos, autárquicos, incluyendo Sociedades del Estado y de las Comunas.

Menciona la legisladora que “el pasado 12 de agosto el Banco Central de la República Argentina emite la Comunicación A 6042, mediante la cual establece, entre otras cuestiones, la posibilidad de que cada trabajador/a pueda solicitar que sus remuneraciones sean acreditadas en el banco de su preferencia”.

Consecuencia directa pareciera ser el objetivo del presente proyecto de ley que busca que “los organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran obligados a implementar el pago de salarios y honorarios al personal a través del Banco Ciudad, en tanto -por tratarse de un banco público- lo contrario implicaría poner en riesgo el ejercicio de sus funciones fundamentales”.

En los mismos fundamentos se menciona que en el artículo 55° de la Constitución de la Ciudad se establece al banco de la Ciudad como “banco oficial de la Ciudad, su agente financiero e instrumento de política crediticia”.

Sumado a que la Ley 1779 -Carta Orgánica del Banco de la Ciudad- fija que esta entidad “actúa como recaudador de los impuestos, tasas, contribuciones y demás acreencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo cobro se encuentre a cargo de éste, actuando asimismo como agente pagador de títulos, haberes, deudas con proveedores y demás obligaciones del mismo, con arreglo a los convenios que en cada caso formalicen entre ambos”.

Un banco Ciudad que tiene como “misión principal” la promoción del “crecimiento del empleo, la equidad distributiva y la calidad de vida, privilegiando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el crédito social”, según afirma la diputada Muiños.

Es en defensa de esto que entiende que “los fondos provenientes del pago de remuneraciones resultan imprescindibles para que el Banco Ciudad tenga la capacidad de acompañar el desarrollo del AMBA”.

Agrega que “debe tenerse en cuenta, en este sentido, que la Comunicación A 6042 emitida por el BCRA que genera un beneficio para los trabajadores, no puede ser aplicada en este ámbito sin poner en riesgo el fondeo necesario para que el Banco Ciudad pueda cumplir sus funciones constitucionales y, en definitiva, puede resultar en un grave perjuicio para los/as vecinos/as de la ciudad de Buenos Aires”.

Muiños remarca que no se debe olvidar que se trata de un banco que “a lo largo de su historia, ha brindado un importante servicio a los/as vecinos/as de la Ciudad, incluso en tiempos de crisis”, esto en relación a lo ocurrido luego de la “caída del sistema financiero del año 2001”, donde la entidad se mantuvo como el “primer banco en garantizar el acceso al crédito hipotecario y el pago a los jubilados/as”.

Una cuestión que es de fácil constatación si se tiene presente que “en la actualidad el Banco Ciudad cuenta con una sucursal en el Barrio Piletones y proyecta abrir sucursales en diferentes villas de la Ciudad”.

Lo que pone de manifiesto que este accionar institucional “no obedece a un mero criterio de rentabilidad financiera sino al cumplimiento de la función social indelegable que establece su carta orgánica”.

No deja de tomar fuerza argumental dos cuestiones que también establece la diputada Muiños. Por un lado se trata del “principal colocador de créditos hipotecarios en una Ciudad que presenta un claro déficit habitacional”.

Por lo cual -entiende la legisladora- “la presente ley es imprescindible para garantizar el acceso al crédito y a servicios financieros para amplios sectores de la población que no son tenidos en cuenta por la banca privada”.

Y en segundo término “debe tenerse en cuenta que el Senado de la Provincia de Buenos Aires dio recientemente media sanción a un proyecto que establece que todos los organismos públicos deben acreditar los haberes al personal a través del Banco Provincia”.