El miércoles, el sitio oficial www.fiscales.gob.ar informó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaba el Juzgado Federal de Orán a cargo de Reynoso y otros domicilios de esa ciudad. La orden había partido del juez federal de Salta Julio Bavio, quien además dispuso recibir declaración indagatoria del magistrado, el colaborador del tribunal, cinco abogados del fuero y a un particular. “Todos serán detenidos, menos el juez, quien tiene fueros”, informó sin demoras el sitio web.

Allí se detalló que las medidas fueron impulsadas por el fiscal federal Eduardo Villalba y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias; que los mismos pedían investigar a todos, con Reynoso a la cabeza, por haber construido un “aparato de poder con la finalidad de obtener beneficios patrimoniales indebidos a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones judiciales favorables a los intereses de los imputados cuyas causas tramitan en dicho tribunal”.

Traducido: cobrar coimas a imputados por narcotráfico para otorgarles excarcelaciones o faltas de mérito que derivaban en la liberación de los detenidos. Según los fiscales, “Reynoso ordenaba cómo proceder, distribuía las funciones a los miembros de la organización criminal y suscribía las resoluciones judiciales ilícitas, a cambio de dádivas y/o dinero”.

La vergüenza de haber sido

Hace apenas un mes el juez Reynoso fue uno de los disertantes en el Coloquio de IDEA, la reunión anual más importante del empresariado y la política del país. Su charla fue, según informó el diario La Nación, “una de las más explosivas de IDEA” y formó parte de un panel integrado por Guillermo Marconi, coordinador del Observatorio de Prevención del Narcotráfico, y María Eugenia Vidal, entonces candidata a gobernadora de Buenos Aires.

El Curriculum del Juez publicado por IDEA no difería mucho de otros que pueden encontrarse en medios especializados: nació en 1958 en San Ramón de la Nueva Orán; posee los títulos universitarios de Procurador, Abogado y Profesor de Letras; anteriormente se desempeñó como Secretario de Juzgado, Secretario de Cámara Criminal, Defensor Oficial Penal, Juez Correccional y de Menores; es autor de varios libros literarios y jurídicos, entre ellos: “Versos de Amor”, “Miserias del Heredero”, “Querella Criminal – Teoría y Práctica” y “El Buscador Ciego”. Tal vez este último título sea una buena forma de describirlo: Reynoso es, en el mejor de los casos, eso: un buscador ciego.

En ese Coloquio, enfatizaba el diario La Nación, “Reynoso había admitido la saturación de su juzgado: no sólo tuvo en los 10 últimos años 30 mil causas de todo tipo, mitad civiles y mitad penales, sino que el promedio de detenidos es de 150, y a veces con picos de hasta 305, cuando la lógica indica que con más de 10 se está en problemas”, describió el matutino porteño y explicitó que para concluir el magistrado se preguntó “¿Cómo puedo ponerle foco a la lucha contra el narcotráfico?”.

El argumento del magistrado dejó estupefactos a todos. Justamente ese argumento fue siempre el escudo protector de su señoría. Su espada fue la capacidad de vincularse con el poder. Con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso, el mes pasado, la creación de una “comisión de lucha contra el narcotráfico” y, por supuesto, designó a Reynoso como miembro. Además del respaldo de sus pares, el juez oranense siempre tuvo apoyo político y hasta llegó a ser mencionado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cadena nacional. “Tenemos jueces como Reynoso, de Orán, cuyo juzgado es clave en el norte argentino y solamente tiene 22 empleados. En lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, quienes tienen la máxima responsabilidad en el Poder Judicial deberían dotar de mayor cantidad de empleados, recursos y elementos para que puedan hacerlo eficazmente” dijo la mandataria en abril para cuestionar a Lorenzetti y resaltar el trabajo del salteño.

Reynoso es juez federal desde hace más 10 años y transcurrió los mandatos de Juan Carlos Romero y de Juan Manuel Urtubey en la provincia y de Néstor y Cristina Kirchner en el país sin sobresaltos y nunca fue objetado en su tarea. Los medios periodísticos provinciales y nacionales también lo blindaron. Una enorme cantidad de noticias, siempre benevolentes y en las que llegó a pontificar que sólo “un ojo entrenado y una mente no corrupta pueden revertir esta situación”, lo tienen por protagonista en los sitios en Clarín, La Nación, Perfil, e Infobae por ejemplo.

En su tierra natal mantiene estrechos lazos con el poder político, empresarial y religioso. En Orán todos confirman las muy buenas relaciones entre el magistrado y el intendente Marcelo Lara y a través de éste con el gobierno provincial, con el obispo Gustavo Oscar Zanchetta y su antecesor Marcelo Daniel Colombo, y con los ejecutivos de la Compañía norteamericana Searbord Corporation a cargo del Ingenio El Tabacal de cuyo lado se ubico en los reiterados conflictos entre la firma y el combativo gremios de los azucareros de esa localidad.

El dolor de ya no ser

Reynoso avisó en una entrevista radial del día jueves que se someterá a la justicia y que, en principio, el próximo miércoles prestará declaración en la causa que motivó los allanamientos y detenciones de esta semana. Dejó entrever, además, que renunciará a su cargo pero antes denunciará a Bavio, el juez actuante en su contra. Aunque ya remitió documentación el presidente de la Corte Suprema de Justicia y a la Procuradora General de la nación Alejandra Girls Carbo para defenderse, sabe que las denuncias realizadas por el abogado David Leiva y por la expareja de un imputado por narcotráfico ante los fiscales Eduardo Villalba y Diego Iglesias y el juez federal Leonardo Bavio son lapidarias.

“Presentamos una denuncia porque tenemos conocimiento y muchos indicios que en la Justicia Federal de Orán se requiere dinero a cambio de actividades judiciales que benefician con la excarcelación o la falta de mérito a personas vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y las divisas ingresadas ilegalmente”, dijo Leiva al diario Página/12 a fines de octubre. En efecto, en esos días la expareja de un imputado por narcotráfico por Reynoso, denunció que ella misma participó del pago de sobornos y reconoció que “siempre que él (su ex pareja) caía preso por drogas y lo llevaban a Orán, estaba confiado porque arreglaba por plata (…) le pagaba al juez para salir”.

“Reynoso ordenaba cómo proceder, distribuía las funciones a los miembros de la organización criminal y suscribía las resoluciones judiciales ilícitas, a cambio de dádivas y/o dinero (…) los letrados M.E.E., R.A.V., A.E.G., R.A.G. y L.M.S., gestionaban e intermediaban en el dictado de las resoluciones y el cobro de los sobornos, utilizando como excusa el ejercicio de su actividad profesional” publicó la web de los fiscales al sintetizar la gravedad de la acusación que, además, atribuye a Reynoso “el carácter de jefe” de la organización delictiva.

La puñalada

La más cruda demostración de la brutal presencia del narcotráfico en Salta y sus vínculos con la política y la justicia es el asesinato de Liliana Ledesma en septiembre de 2006. La mujer, pequeña productora rural del paraje Madrejones en Salvador Mazza, denunció que su marido Gili Villa Gómez fue ejecutado de 11 balazos por una deuda en “un negocio de drogas” y acusó como responsable al entonces diputado José Ernesto Aparicio.

Pese a su denuncia y sin que se hayan establecido medidas de protección, el 21 de septiembre de 2006 Liliana Ledesma fue emboscada y masacrada de 7 puñaladas, una de ellas le cortaba la boca de arriba hacia abajo en un indubitable mensaje mafioso. Por el asesinato fueron detenidos los hermanos Delfín Reynaldo y Raúl “Ula” Castedo, la hermana del diputado María Gabriela Aparicio, y el propio legislador. Fuentes consultadas por Cuarto Poder en el ámbito judicial y político ratificaron que Aparicio fue dejado rápidamente en libertad por el juez a cargo del expediente: Raúl Reynoso.

Gallo ciego

Mucho más cerca en el tiempo, otra polémica determinación ubicó al juez federal en el centro de la escena política y judicial: dejó en libertad a 36 narcotraficantes, uno de los cuales había sido detenido con 400 kilos de cocaína.

“El juez Reynoso de la ciudad de Orán dispuso la libertad de 36 narcotraficantes por falta de espacio en el sistema penitenciario de esa provincia, entre los que se encuentra el ex presidente del Concejo Deliberante de Joaquín V. González, Luís Cifre, a quien en 2011 se le incautaron 400 kilogramos de cocaína en un depósito de carbón vegetal, procedimiento que realizó Gendarmería en aquel momento”, detalló el sitio web www.argentinadigital.info en marzo del año pasado.

Y describió que “Orán es el lugar de la República Argentina donde ingresa el mayor caudal de cocaína que se consume en el país, utilizando la ruta 38 para su traslado y distribución en nuestro territorio”. “Más de 1.500 pistas de aterrizaje clandestinas intocables en el norte de nuestro país, más de 750 pasos clandestinos con Bolivia, más de 60 pasos ilegales con Paraguay, los puertos argentinos utilizados para la exportación de drogas hacia Europa, el ingreso irrestricto de los grandes jefes del narcotráfico del mundo, seis cárteles operando a lo largo de toda la Nación y jueces que dejan libre a narcotraficantes son el coctel perfecto para conseguir una narcorepública”, enfatiza.

Mala junta

Acusadora y ahora también acusada, desde hace años la justicia federal está sospechada de connivencia con el narcotráfico. Su representante en Orán no es ajeno a esa sospecha y fue mencionado ya en “Narcopoder en Salta”, obra póstuma del periodista Sergio Poma.

El libro cuenta que Reynoso y sus pares Abel Cornejo y Miguel Medina “tuvieron participación en el caso de los agentes federales salteños que volcaron en un tramo de la ruta 34 que pasa por Jujuy y que, por esa razón, la causa se radicó en el Juzgado Federal de esa provincia conducido por el Dr. Mariano Wenceslao Cardozo” y denuncia que “la actuación de los Jueces Salteños fue extraña y contradictoria”.

“El Domingo 8 de mayo de 2005, promediando la mañana, una camioneta Ford Courrier en la que viajaban cuatro efectivos de la delegación Salta de la Policía Federal volcó en la ruta 34, cerca del cruce de Las Cañadas. Otros automovilistas que transitaban la ruta vieron azorados como un ‘ladrillo’ que había quedado en medio del asfalto despedía un polvillo blanco que flotaba tenuemente en el viento, se trataba de uno de los 116 paquetes de cocaína que contenían 119 kilos de la droga” menciona el libro y agrega que “Reynoso, asegura que la droga encontrada en el accidente es producto de un procedimiento realizado por esos efectivos de la Federal en Salvador Mazza, localidad salteña fronteriza con Bolivia”.

Pero, siempre de acuerdo a la obra periodística, Cornejo declaró que no existió ningún operativo y que “Si no volcaban, nadie se enteraba, evidentemente es un procedimiento totalmente anómalo”. En idéntico sentido se expresó Cardozo, el juez de Jujuy, y puntualizó que “personal de la Policía Federal no llevó a cabo ningún procedimiento. Que sólo fueron hacia Salvador Mazza para buscar droga y trasladarla al interior del país”.

“En más de tres décadas la Justicia Federal no logró ninguna investigación que pudiera contribuir a cortar, aunque sea mínimamente, el terrible colador de estupefacientes que es la frontera con Bolivia. Los dos cargamentos más grandes se descubrieron por ambos accidentes: el primero cuando un avión Piper Azteca, que llevaba en su bodega soldada un cargamento de 220 kg. de cocaína, se estrelló contra el Cerro Morro, al oeste de San Antonio de los Cobres; el segundo, 18 años después, con el caso de ‘los federales’. Esta causa mostró como ninguna otra que la Argentina está a merced del narcotráfico” escribió Poma y recordó que “mientras el periodismo indagaba y buscaba elementos que explicaran la situación, el Juez Raúl Reynoso de Orán empezó a sentirse acorralado. Los magistrados de Salta y Jujuy, Cornejo y Cardozo lo habían dejado expuesto, y otro tanto habían hecho los fiscales federales de ambas provincias. Por su parte, Toranzos había manifestado en el diario El Tribuno con crudeza: ‘Reynoso no ordenó ningún procedimiento antidrogas, sino que además fue presionado por oficiales de la Policía Federal para que falte a la verdad’. Entonces, el magistrado de Orán explotó e hizo declaraciones gravísimas en el semanario Intrusos de la Ciudad de Orán, ‘…años atrás se perdieron 14 kg. de cocaína de los juzgados de Cornejo y Cardozo…’”.

Aquella publicación de 2008 reeditada en 2013 puso el ojo en Reynoso y, además, en las subterráneas internas en la justicia federal que ahora vuelven a salir a la superficie: Reynoso y Bavio, por caso, no consiguieron avales suficientes para sus pliegos y no pudieron acceder a la Cámara Federal de Apelaciones y al Juzgado Federal de manera formal y definitiva y no en carácter de subrogante como hasta ahora, respectivamente. No pocos porfían que la embestida contra el cuestionado magistrado del norte responde a viejas diferencias en los tribunales. Otros, además, sugieren una pelea que va más allá de la justicia y que anida en el corazón de la política provincial y nacional.