La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) presentó una acción de nulidad en la Justicia Federal de Catamarca para solicitar que se deje sin efecto el convenio por el cual en 2008 había renunciado a la mitad de las utilidades que recibía de YMAD.

El titular de Asuntos Jurídicos del Rectorado, Augusto González Navarro, explicó que además se interpuso una medida cautelar y que la presentación tiene unas 400 fojas debido a que había que relatar y adjuntar muchas pruebas. “La cautelar es para que en tanto se resuelva la acción de nulidad, las utilidades de YMAD se repartan como se lo hacía antes del acta de 2008”, indicó. Esto quiere decir que el resto de las universidades públicas del país deberían dejar de recibir el reparto del 20% que se dispuso. Sin embargo, las autoridades de la UNT señalaron en varias oportunidades que la empresa (en la que Catamarca y la UNT son socias) hace tiempo que dejó de recibir utilidades de la explotación de Bajo La Alumbrera.

Lo que se pretende es deshacer lo que el ex rector, Juan Cerisola, había resuelto en enero de 2008 y que había sido convalidado por el anterior directorio de la empresa interestatal. El acta en cuestión puso fin a la mitad del dinero que la UNT había comenzado a recibir en 2006 en concepto de las ganancias que derivaban de la explotación minera de La Alumbrera. Unos años antes, la UNT, Catamarca y las empresas que explotaban la mina habían conformado una unión transitoria de empresas (UTE). A través de esta vía la UNT recibía un porcentaje de lo que dejaba la explotación. Además, YMAD usufructuaba la mina de Farallón Negro, pero la extracción siempre fue deficitaria.

El polémico reparto

“El año pasado los miembros del Consejo Superior de la UNT calificaron de ilegítimo el convenio de enero 2008 y encomendaron a la UNT que iniciara los reclamos”, explicó González Navarro. La presentación se realizó en Catamarca porque allí está radicada la sede de YMAD. Según el asesor jurídico del Rectorado, no se conocía el acta de 2008 hasta el año pasado, cuando el tema saltó en el consejo superior. “Nunca tuve conocimiento ni participación”, aclaró.

La ley que dio origen a la empresa YMAD (ley 14.771) data de 1959. El artículo 18 de esa norma establecía que el 40% de las utilidades debía ser “destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados”.

En esa época la Ciudad Universitaria había comenzado a construirse en San Javier, e incluía el proyecto de un funicular que conectaría el pedemonte con la parte superior de esa sierra.

En 2006 la UNT comenzó a “ver” dinero, luego de su acuerdo con Minera Alumbrera. Para esa época, las autoridades consideraron que el proyecto de la ciudad no se ajustaba las necesidades de una universidad que había crecido mucho. Por eso, reemplazaron el plan por un listado de obras en distintas facultades. Según un informe de miembros del Consejo Superior, “la universidad justificó por qué no construiría el viejo proyecto, pero no elaboró uno nuevo”.

Dos años después de haber comenzado a recibir el dinero de la explotación minera (de 2006 a 2009 fueron unos $353 millones), el entonces rector dio por terminada esa fase de obras. Concluyó que el objetivo para el cual se había recibido ese porcentaje estaba cumplido.

Al dar por finalizada la ciudad universitaria, entonces la ley preveía que las utilidades se reducían a la mitad: del 40% al 20%. Ese 20% restante debía comenzar a distribuirse en el resto de las universidades del sistema público. Según González Navarro no hay plazos para que el juez resuelva el planteo.

El funcionamiento de YMAD ha generado varias causas judiciales. La más conocida para el mundo universitario es la que tiene procesados al ex rector, Cerisola, y a ex funcionarios. Entre ellos a Luis Sacca (ex diputado de la UCR), quien todavía ostenta un cargo de director en la universidad. Se investiga el uso de los fondos que llegaron a la UNT entre 2006 y 2009 para las obras de la Ciudad Universitaria. Además, en noviembre se sumó una nueva denuncia, esta vez realizada por el directorio de YMAD (renovó una parte de las autoridades en 2016).