Por: Carlos Burgueño.

Burford Capital quiere negociar. Lo más rápido posible. Puede ser ahora. Y cerrar un acuerdo con la Argentina. Incluso, asegura, perdiendo dinero y sin cobrar la totalidad de los US$ 16 mil millones que la jueza Loretta Preska calculó que el país le debe al fondo inglés, el demandante que ganó el juicio en el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012. El fondo le envió señales al gobierno de Javier Milei que aceptaría un título público a pagar en un plazo largo, con algún período de gracia, y por un monto eventualmente inferior a ese dinero que la jueza falló que le corresponde. Por otro lado, y si se abren las negociaciones con el país, Burford Capital está dispuesto a suspender las acciones judiciales hoy en segunda instancia de la Justicia de los Estados Unidos, pedirle a Preska que nombre un intermediador oficial y sentarse a discutir las condiciones de un acuerdo con la Argentina. Afirman cerca de Burford, que de esta manera, el país se ahorraría muchos millones de dólares (quizá miles) y que al final de la historia que parece marcada, no habrá que cumplir con el compromiso de una liquidación de aproximadamente US$ 18.500 millones; contabilizando el capital inicial de la demanda desfavorable para la Argentina y los intereses, punitorios, gastos y multas por haber extendido el juicio en la Justicia norteamericana.

El gobierno de Javier Milei tiene otros planes. Saben en la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, las dependencias donde se sigue el tema (la procuración del Tesoro de Rodolfo Barra se corrió legalmente de la cuestión), que aceptar la invitación a negociar de Burford es imposible por dos motivos. El primero, y fundamental, porque no hay plata. Argentina no tiene dinero para discutir un pago de esa magnitud, ni siquiera con un plan de liquidaciones extendida en el tiempo. Tal como confirmó Luis “Toto” Caputo este viernes, la prioridad de Economía es mostrarle al mercado que están garantizados los pagos de unos US$ 5.100 millones que hay que liquidar en enero 2025 por los vencimientos de los bonos globales y Bonares reestructurados en octubre del 2020. El ministro de Economía anunció que ese dinero estará disponible con una operación de REPO o similar. Pero reconoció las  dificultades del país para conseguir fondos frescos. Y la imposibilidad de recurrir al mercado de deuda. Siguiendo la suma de acreencias, y si es difícil conseguir US$ 5.100 millones para no caer en default, mucho más utópica es la posibilidad de conseguir US$ 16 mil millones más intereses. Más teniendo en cuenta que la posibilidad de recurrir a una operación de colocación de títulos públicos con algún banco internacional, está cerrada. Y, si existiera abierta, sería para cerrar los US$ 19.800 millones que se necesitan para el 2025.

El segundo motivo por el cual aún no está en la agenda del Gobierno negociar con Burford Capital, es que a la Argentina aún le quedan instancias judiciales para recurrir. Incluso sabiendo que las posibilidades de victoria son casi nulas. La causa por la manera en que se renacionalizó YPF durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía, está hoy en debate en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde se espera que haya sentencia final en el primer semestre del 2025. Si Argentina obtuviera, como se espera, un fallo desfavorable en esta instancia, podría aún recurrir a la Corte Suprema de EE.UU., un ámbito donde en general, no se modifican fallos de primer juzgado y cortes de apelaciones. Lo saben los abogados que asesoran al país. Pero saben que la estrategia les hace ganar tiempo, y pensar en una resolución del caso recién para fines del año próximo o, incluso, para el 2026.

Hay dos motivos también para especular en la Casa Rosada con no negociar con Burford Capital. Las normas de buenas costumbres internas exigen a cualquier funcionario público argentino agotar todas las instancias judiciales sin acelerar los tiempos. La máxima en este sentido es que siempre que haya alguna posibilidad de éxito, aunque sea mínima, debe ser aprovechada. De otra manera, el funcionario que no ejecute esta instancia, puede recibir demandas por mal desempeño en sus funciones. Con lo cual, para cumplir con los procedimientos en estas lides judiciales debe agotar la Argentina las instancias que le otorga el sistema republicano norteamericano. Esto es, recurrir a la Corte y esperar una resolución, sabiendo que seguramente será negativa.

Hay otra razón para extender el plazo de resolución. Y es política. El tiempo entre el fallo de la Cámara, seguramente negativo, y la alternativa de recurrir a la Corte, se dará entre  marzo y septiembre del próximo año. Días y meses en que Argentina entrará en campaña electoral de medio término, donde Javier Milei se jugará su destino político y económico. Y donde seguramente Axel Kicillof será un contendiente desde la oposición. Un fallo negativo para el país que haya generado una deuda de más de US$ 16 mil millones, con la responsabilidad directa del gobernador bonaerense e, indirectamente, Cristina Kirchner, será para el oficialismo un bocado apetecible en medio de una campaña. Con más razón entonces la idea de postergar cualquier acuerdo para este año es buena. Aún a instancias de perder dinero.

Mientras tanto el tiempo pasa y corre como un reloj de arena. Algo lento, pero implacable en su ritmo. En estos días Preska deberá decidir si acepta o no que las acciones del 51% de YPF en poder del Estado puedan ser embargadas como garantía futura de pago. Burford Capital ya reclamó la medida y ahora todo depende de la jueza. Si esto sucediera, y como el demandante quiere mantener buenas relaciones con su deudor, informará que no ejecutará esas acciones y que permitirá que la petrolera continúe con su operatoria. Y que aguardará al final del juicio para decidir qué hacer con esa acreencia. Toda esta sofisticada ingeniería financiera, fue elaborada por un “lobo” de Wall Street, de sangre argentina y contratado especialmente por Burford para diseñar una salida aceptable y pagable para el gobierno nacional. Se trata de Gerardo “Gerry” Mato, un ex-HSBC especialista en deudas de países emergentes y operaciones de riesgo, que ya firmó contrato con Burford para sondear un acuerdo extrajudicial. Se sabe que Mato tienen muchos contactos en la City porteña, con los que ya habría tomado contacto. Además de haber llamado a algunos analistas políticos locales para conocer las posibilidades reales de negociación que habría con el Gobierno. Esto, además de un panorama general sobre la oposición.

Burford había comprado el 70% de la causa y actualmente sostiene bajo su propiedad el 30%, habiendo incluido en la sociedad litigante a algunos anónimos inversores privados (unos diez fondos de inversión), el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual su precio iba en incremento otorgándole a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de los casos que va litigando), ganancias extraordinarias.

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por el propio Burford, quien desistió de reclamarle a Petersen. La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.