Burford, el fondo que demanda a la Argentina por la manera en que se reestatizó YPF en 2012, se pintó la cara para la batalla el viernes pasado ante Loretta Preska. En el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se dirime el juicio más importante que tiene el país en el exterior, Burford se presentó con un escrito de 44 páginas, destinado a justificar y reclamarle a la jueza que mantenga la causa en los Estados Unidos y rechace el pedido de los abogados que representan al país para que el caso se mude a Buenos Aires. Esta había sido la estrategia del Gobierno de Mauricio Macri durante los últimos cuatro años, junto con el intento de descalificar ética y moralmente a Burford como demandante.

Ahora, el fondo contraatacó el viernes, afirmando que toda la causa debe desarrollarse donde nació la obligación de cumplir con los accionistas que no fueron compensados (el 45% de los tenedores) y donde cotizan las acciones de la petrolera (Wall Street), además de embestir durísimamente contra el Gobierno de Macri (al que describe como administrador de años “de inutilidad”, con la misma saña que contra la gestión de Cristina de Kirchner). En el medio del escrito, también pone la mira en las posibles decisiones que tome Alberto Fernández, descartando que defenderá la posición de la expresidenta. En el escrito, Burford habla también de investigaciones penales y criminales que le estarían haciendo al fondo en la Argentina, y llega al extremo de asegurar que los propietarios y accionistas del fondo, incluyendo sus familiares, no pueden visitar la Argentina por miedo a su seguridad.

Preska le había aceptado a la Argentina en septiembre pasado la posibilidad de suspender la causa hasta que pasen las elecciones presidenciales en el país, y se defina un próximo Gobierno. Habilitó además al demandante a poder presentar su escrito de defensa durante la primera semana de diciembre, lo que Burford cumplió en tiempo y forma. Ahora la Argentina tendrá hasta el 6 de enero para referir al tribunal y contestar las acusaciones del fondo; o, como se espera, pedir unan postergación para reagrupar fuerzas y diseñar una nueva estrategia defensiva, ante el cambio de Gobierno.

Esta actitud se cae de maduro al saberse que una de las defensas que esgrimían hasta ahora los abogados argentinos contratados por el Gobierno de Mauricio Macri era la obligación de suspender la causa en Nueva York hasta que en Buenos Aires avance una investigación sobre supuestos hechos de corrupción durante el Gobierno de Cristina de Kirchner vinculados a la privatización de parte de las acciones de la petrolera. Se supone que, obviamente, este capítulo será modificado cuando se elabore el nuevo esquema de trabajo ante los tribunales de Nueva York, en la procuración del Tesoro que manejará Carlos Zannini. (...)