Mar del Plata fue recibida por la actual administración municipal con un nivel de caos administrativo demencial: ausencia de gestión, sobrepoblación de personal, falta por años de inversión en asfaltos, infraestructura y servicios básicos como la disposición final de residuos, por citar algunos tópicos. Pero donde la situación de descontrol general tenía una manifestación crucial era en el pasivo financiero de mil millones de pesos, que, sostienen actores políticos, bien podría ser el doble de dicho monto si se computan alquileres y proveedores impagos, y el desquicio de horas extras que se distribuían arbitrariamente por pactos espurios entre el intendente Pulti y la conducción del gremio municipal.

Desde el mismísimo comienzo, el bullying político de la Gobernación conllevaba la idea misma de intervenir la administración y dejar al intendente como una mera figura decorativa. A tanto llegó el mensaje en sordina de dicha intención política, que por las redes, durante todo 2016, se libró una batalla de textos que daban cuenta de un Arroyo que tomaría licencia a partir de marzo de 2017. He sostenido contra viento y marea, y lo sigo haciendo, que al hombre del piloto se lo van a llevar con los pies para adelante de Hipólito Yrigoyen y Luro, no arrodillado ni sacado del fundillo del pantalón o de una oreja.

El asedio del secretario Lacunza y de Federico Salvai —hoy el único interlocutor de María Eugenia Vidal ante el resto del gabinete provincial— fue tan rudo y ordinario, que las reuniones en oficinas de la Gobernación en el BAPRO en CABA, Lacunza, con los pies apoyados sobre una amplia mesa mientras miraba televisión, destrataba una y otra vez a José Cano —por entonces secretario de la hacienda comunal marplatense— y daba lecciones de buena administración pública presionando por medio del banco provincial a través de la imposición de tasas siderales por el uso del descubierto.

Hoy el panorama es otro. Mar del Pata paga salarios el día 1 de cada mes, algo que ya es de rutina; tiene su pasivo ordenado, y apunta a cerrar el presupuesto 2019 con superávit. En la provincia, en tanto, donde nada se ha hecho para cambiar los criterios de administración y las malas prácticas heredadas, se acumulan las ambiciones de los funcionarios de turno, que arman trapicheos varios. La devaluación ha multiplicado la deuda provincial, que, sin los ajustes al día, alcanza los 254 mil millones de pesos —al 1 de enero de este año—. La irresponsable toma de créditos en dólares que Lacunza promovió para financiar el Estado provincial está por cobrarse una cruel cuenta que, para variar, pagaremos todos los bonaerenses.