Mientras estuvo a cargo del ministerio de Seguridad Patricia Bullrich recibió 11 veces a Carlos Alberto Tonelli Banfi, miembro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que estaba a cargo de la Dirección de Eventos Especiales. Es el responsable del espionaje masivo a 403 periodistas y un centenar de académicos, empresarios y miembros de ONGs que participaron en las cumbres de la OMC y el G-20 que se realizaron durante el gobierno de Mauricio Macri. En total, este espía que es investigado en la Justicia ingresó en 57 oportunidades a la cartera que dirigía Bullrich.

“Siempre con posturas contra el Gobierno”. “Se opone fuertemente al kirchnerismo”. “Hay una (foto) con Estela de Carlotto”. “Se destaca que en FB la única pagina de políticos a la que le dio ‘Me Gusta’ es a la de Laura Alonso”. “Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenidos feminista”. “En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos”. Estas frases figuran en algunas de las fichas de 403 periodistas que fueron espiados de manera ilegal durante el Gobierno de  Macri desde los sótanos de la AFI, tal como informó El Destape en su momento. El responsable era Tonelli Banfi, y Bullrich lo recibió 11 veces. 

Tonelli Banfi, excuñado de Gabriela Michetti, ingresó en total 57 veces a la cartera que condujo la actual presidenta del PRO. Solo una entrada figura en el Registro Público de Audiencias. Está comprometido en la causa en que se investiga el espionaje masivo a trabajadores de prensa, académicos y activistas. Desde su área se confeccionaron las fichas ilegales de los participantes por lo que la fiscal Paloma Ochoa y querellantes pidieron su indagatoria en esa causa que tramita en Comodoro Py. Las visitas revelan la conexión que hubo entre el área de Tonelli Banfi y Bullrich.

Tal como surge de la causa, a las víctimas del espionaje no solo les revisaron las redes sociales y bucearon en Google sobre sus antecedentes sino que en las fichas se incluyeron referencias a sus ideas políticas y vínculos así como información irrelevante pero que no debe ser objeto de inteligencia como qué tipo de publicaciones hacían. En muchos casos se destaca si eran más o menos cercanos al gobierno de Macri o al kirchnerismo. El espionaje fue masivo y para todos, tanto de medios y periodistas alineados con Macri como de críticos.

Todo esto viola la Ley de Inteligencia Nacional, cuyo artículo 4 inciso 2 establece que está prohibido “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Es lo que se le imputa a Tonelli Banfi, por eso, el 26 de marzo pasado la fiscal Ocha pidió su indagatoria junto a la de los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; y a la del exdirector de Contrainteligencia, Martín Coste. A la luz de los encuentros, se abre una incógnita: ¿Le reportaba también a Bullrich?

El modus operandi era el siguiente. Las fichas de las víctimas de espionaje ilegal las confeccionaba la Dirección de Eventos Especiales (a cargo del excuñado de Michetti) y el visto bueno final lo daba la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia. La AFI chequeó las acreditaciones de periodistas a eventos como el G20 o una reunión de la OMC en base a unos lineamientos del Ministerio de Seguridad que comandaba Bullrich. Estas tareas de inteligencia no fueron ordenadas por ningún juez sino que, según denunció la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, fueron ordenadas por Arribas y Majdalani con la connivencia de Bullrich y con la autoridad de Macri.

El 21 de mayo pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales  (CELS) hizo una presentación ante el juzgado federal N° 11 –subrogado este año por el juez Julián Ercolini- para reforzar el pedido de la fiscal Ochoa. El CELS patrocina a un grupo de víctimas y al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

De acuerdo al escrito del CELS, al que tuvo acceso este medio, “se probó” que “personal de la AFI produjo, reunió, analizó y almacenó información de inteligencia relativa a las opiniones políticas, y a la pertenencia y/o adhesión a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, entre otras”. En total, se hallaron 403 fichas de trabajadores de prensa, 28 de académicos y 58 sobre activistas, todas ilegales y confeccionadas por la AFI. “Resulta por demás evidente que tales tareas exceden las vinculadas a la seguridad de los eventos en cuestión y a lo que está habilitada legalmente la AFI y otras dependencias que están bajo investigación”, se señaló en la presentación. 

El Equipo de Seguridad a cargo de la 11° Cumbre de la OMC, que se realizó entre 10 y el 13 de diciembre de 2017, y de la del G-20, que se hizo entre el 30 de noviembre y el 1º de diciembre de 2018, estuvo conformado por la AFI y el ministerio a cargo de Bullrich.

La denuncia que originó esta causa la presentó la actual interventora de la AFI. En su presentación, recordó el CELS, Caamaño “fue contundente en destacar que el relevamiento de las informaciones señaladas y la confección de las fichas estuvo a cargo de la Dirección de Eventos Especiales, encabezada por Carlos Tonelli Banfi”. Las fichas luego eran remitidas a la Dirección Operacional del área de Contrainteligencia a cargo de Coste quien “realizaba un visado sobre los documentos y la información”. 

En la denuncia, la interventora Caamaño subrayó que “si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”.

Por ejemplo, a los periodistas acreditados para el G-20 les revisaron las redes sociales, buscaron información en fuentes abiertas y los catalogaron con un sistema de semáforo: verde, amarillo y rojo. Con este método se negó el ingreso de periodistas a esos eventos en base a sus posiciones políticas o vínculos.

Está claro que había una articulación directa entre la AFI y el Ministerio de Seguridad a cargo de la actual presidenta del PRO.

Tonelli Banfi registra 57 ingresos a la cartera de Seguridad. Por la cantidad de ingresos, todo hace suponer que estaban desarrollando la política de seguridad de las cumbres de la OMC y el G-20, justamente el marco en el que se confeccionaron las fichas. La mayoría de las entradas tuvieron por destino la Jefatura de Gabinete. Once fueron a la Unidad Ministro. Solo una visita del espía de la AFI aparece en el Registro Único de Audiencias: la del 17 de julio de 2017. El motivo: “Colaboración de la AFI en el G20”. Si registraron ese encuentro, ¿por qué no el resto? 

A todo esto se suma que la AFI utilizó el evento del G-20 como “coartada jurídica” para hacer el espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sobre todo, a CFK. Fue en una causa que se abrió en los tribunales de Lomas de Zamora, enmarcada en hechos vinculados al evento internacional, donde se escondieron las tareas de inteligencia clandestina sobre Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria. La excusa de la exSIDE fue que podía haber un atentado contra la ex presidenta. En el informe que realizó la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia del Congreso respecto al espionaje en la era macrista, se afirmó: “Con respecto al Instituto Patria, la causa fue impulsada por Diego Dalmau Pereyra junto con Carlos Tonelli, Director de Eventos Especiales. Tal causa, correspondía a la cumbre del G-20”. 

“En aquel entonces –se sostiene en el informe que se dio a conocer recientemente-, Tonelli verificaba el listado de personas que iba a participar de las distintas reuniones importantes realizadas en aquella época, a partir de allí, la causa se crea para cubrir eventos especiales dispuestos en el país desde el año 2017 hasta fines de 2018”. 

El Destape obtuvo el listado de ingresos al Ministerio de Seguridad a través de un pedido de acceso a la información pública. Es distinto que el Registro Único de Audiencias, el registro público donde los funcionarios están obligados a dar cuenta de sus reuniones. Al cotejar ambos surge que las reuniones que Bullrich mantenía con espías, fiscales, jueces u operadores no se anotaban en el registro público. El decreto dice que no anotarlas es una “falta grave”. La razón por la que no se anotaban era porque eran entre Bullrich y los hacedores de la persecución judicial y el espionaje ilegal.

Los 11 encuentros Bullrich-Tonelli Banfi

Primera reunión. El primer contacto entre Bullrich y Tonelli Banfi en el ministerio de Seguridad se dio al segundo ingreso de los 57 que hizo el excuñado de Michetti. La actual presidenta del PRO lo recibió en la Unidad Ministro el 2 de junio de 2017. En junio ingresó en otras 5 ocasiones pero a otros destinos. 

Segunda reunión. Bullrich recibió a Tonelli Banfi por segunda vez el 18 de agosto de 2017. Todo indica que estuvo acompañado por otros dos agentes de la AFI: Diego Dalmau Pereyra –director de Contrainteligencia- y Eduardo Winkler –a cargo de la Dirección de Reunión interior-. Ambos espías están involucrados en la causa de espionaje ilegal que se inició en Lomas de Zamora. El primero fue procesado por diversos casos, entre ellos, uno contra CFK; el segundo, está señalado en el caso puntual que tiene por víctima al dirigente político de La Pampa Espartaco Marín. En aquel tiempo, estaba desaparecido Santiago Maldonado y Bullrich aparecía en el centro de la escena defendiendo a la Gendarmería. 

Tercer encuentro. Bullrich volvió a recibir al director de Eventos Especiales de la AFI el 24 de agosto de 2017. Al día siguiente y el 29 de agosto volvió a Seguridad pero a la Jefatura de Gabinete. Por aquellos días, el Lawfare estaba a pleno. El 26 de junio, Clarín titulaba en portada: “Vandenbroele negocia para declarar como arrepentido y complicaría más a Boudou”.

Cuarta reunión. El 16 de noviembre de 2017 vuelven a reunirse Bullrich y Tonelli Banfi. Menos de un mes después empezaría la Cumbre de la OMC.

Quinta reunión. El siguiente encuentro entre la ministra y quien estuvo a cargo del área que armó las fichas ilegales fue el 9 de diciembre de 2017, a 4 días del inicio de la cumbre de la OMC. La maquinaria de persecución PRO no paraba. El mismo 9 de diciembre, Clarín tituló: “Según un mail secreto, los iraníes redactaron el Pacto que complica a Cristina”. 

Sexta cumbre. Cinco días después, el 14 de diciembre de 2017, Bullrich vuelve a recibir a Tonelli Banfi y a Winkler. Fue el día del intento frustrado del macrismo por aprobar la reforma jubilatoria en el Congreso, que terminó en represión. El día previo había terminado la cumbre de la OMC. El 15 de diciembre, el excuñado de Michetti vuelve a Seguridad pero a la Jefatura de Gabinete.

Séptimo y octavo encuentro. Se dieron el 22 de junio y el 19 de octubre de 2018.

Novena reunión. Ocurrió el 12 de noviembre de 2018. El 14 de noviembre, Clarín llevó a tapa el juicio a Pérez Corradi: “Condena y cárcel por la efedrina”, tituló junto a la foto del narco. Se trata de un caso donde Bullrich tuvo una activa participación.

Décima y undécima reunión. Los últimos dos encuentros entre la ministra y el espía se dieron el 19 de febrero de 2019, dos meses después de la cumbre central del G-20, y el 26 de febrero del mismo año. Al tiempo del primer encuentro se postergaba el juicio contra CFK para realizarse en plena campaña, Boudou volvía a prisión y hasta había novedades en el caso Nisman. Lawfare al palo.

Entre el 6 de marzo de 2019 y el 29 de agosto de 2019, Tonellli Banfi volvió al ministerio de Seguridad en otras siete ocasiones. No había cumbres en el horizonte. El último encuentro fue tras la dura derrota del macrismo en las PASO.

POR

FRANCO MIZRAHI

ARI LIJALAD