Por: Néstor Espósito.

La Cámara Federal porteña reabrió, a pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una investigación para determinar el origen de unos afiches pegados de manera anónima en la Ciudad de Buenos Aires cuando se conoció un video en el que funcionarios bonaerenses, empresarios de la construcción de La Plata y agentes de inteligencia diseñaban una “gestapo sindical” en las oficinas porteñas del Banco Provincia, en 2017.

El 15 de febrero de 2022, algunas calles de Buenos Aires aparecieron tapizadas con un fotomontaje en el que Patricia Bullrich –por entonces iniciando su frustrado camino a la presidencia de la Nación-, el expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el ex ministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas aparecían mimetizados con uniformes nazis. El afiche tenía una leyenda: “La Gestapro, la policía secreta que tiene el PRO”.

Por esa lógica tan peculiar que tiene Comodoro Py, todos los que participaron en aquel conciliábulo que tenía por objetivo manifiesto (y finalmente concretado) meter preso al sindicalista de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, fueron beneficiados con “falta de mérito” a fines de diciembre pasado. El fallo fue apelado y está a estudio de la Cámara Federal, el mismo tribunal que ahora resolvió volver sobre los afiches que repudiaron aquel contubernio, que quedó filmado y fue denunciado a la Justicia por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cristina Camaño, en el gobierno anterior.

El fiscal Guillermo Marijuán y el juez Julián Ercolini consiguieron identificar a quienes pegaron los afiches: dos changarines con escasa instrucción, quienes declararon que fueron contactados en las calles (en cercanías del Obelisco), les entregaron los carteles y les pagaron por adelantado entre dos mil y cinco mil pesos. Y que una tercera persona los llevó en una camioneta y supervisó el trabajo. Los dos dijeron que no tenían idea de lo que estaban pegando. Uno, incluso, ni siquiera sabía qué era ni qué significancia tenía la cruz esvástica de los afiches 

Después aparecieron otros tres imputados, de similares condiciones y características. Todos fueron sobreseídos. La investigación no consiguió dar con los autores intelectuales de los afiches.

El fiscal Marijuán pidió el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones en un dictamen en el que afirmó: “No resulta posible sostener que los imputados hayan desplegado una maniobra dolosa y no restan diligencias por cumplimentar a los fines de desentrañar quiénes idearon y financiaron la producción y/o distribución de los afiches en cuestión”. El juez Ercolini coincidió con ese criterio. Pero Bullrich apeló y encontró una vez más buena receptividad en Comodoro Py. Lo hizo a través de sus abogados Manuel Barros y Mauricio Castro, ambos defensores –entre otras ocupaciones- de gendarmes en la causa por desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia (estos dos últimos no deberían estar allí, según la Corte, pero siguen estando porque el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, no hace nada para que se nombren a sus sucesores) resolvieron que hay que seguir investigando. Quieren saber quiénes mandaron a imprimir los afiches y apuntan a dos nombres que guardan bajo siete llaves. Sus iniciales son A.G. y A. D. Así lo consignaron oficialmente en el fallo. Tiempo intentó infructuosamente conocer esas identidades. Fue imposible.

“Entendemos que esta senda de investigación debe ser profundizada, con el objeto de agotar todas las diligencias posibles a los fines de dar con aquellas personas que han ostentado un rol más relevante que el de quienes han sido legitimados pasivamente hasta el momento (los que pegaron los afiches, ndr) y constituirían, en todo caso, el último eslabón de la maniobra investigada”, dijeron.

En el peor de los escenarios, Bullrich quiere llevar la causa al fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, formateado a imagen y semejanza de un viejo conocido de Tribunales, el expresidente de Boca Juniors y operador judicial del macrismo, Daniel Angelici.

“Aún para el caso de que se estime que los hechos escapan a las previsiones de la (incitación a la violencia colectiva), subsiste aquella figura prevista en el artículo 94 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual impone que el archivo dispuesto sea revocado a efectos de que la investigación prosiga en dichos términos”, consideró la ministra de Javier Milei.

¿Qué dice ese artículo? “Quien fije o haga fijar carteles y/o afiches y/o volantes en la vía pública en lugares no habilitados para tal fin y persiguiendo fines de lucro con la publicidad de los mismos, es sancionado/a con uno  a 15 días de trabajo de utilidad pública o multa de un mil a cinco mil unidades fijas o arresto de uno a cinco días y decomiso de los carteles, afiches o volantes”.

Los quieren condenar, aunque sea metafóricamente.

“Esto que vemos es el discurso del odio, generan violencia, por lo que queremos saber quién financió y quien puso en riesgo así a todos los militantes del PRO, se preguntó la ministra Bullrich al formular la denuncia, en un tórrido febrero de 2022. Bullrich forma parte de un gobierno cuyo presidente llamó al Papa “representante del maligno en la tierra” y denosta a quienes profesan ideas de izquierda con el poco confundible mote de “zurdos de mierda”.

Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens están empecinados en saber quién encargó los afiches.

Y está bien. Lo otro sería cargar contra lúmpenes que aceptaron pegar carteles por una paga miserable porque no tenían ni para comer. ¿Qué delito habrían cometido? ¿La publicación de los afiches no forma parte de la libertad de expresión?

Preguntas al margen, el criterio jurídico de la Cámara Federal es errático, típico de la doble vara con que miden a amigos y enemigos. Con otra cartelería pública, que acusaba a Cristina Fernández de Kirchner de “asesina” y le enrostraba los muertos de la pandemia, tampoco fue posible hallar al inventor de los afiches. En la causa sólo figura como imputada Nilda Lilian Melhem, una vecina del barrio de La Recoleta que declaró que mandó a confeccionar los carteles para manifestar su repudio por la forma en que el gobierno afrontó el Coronavirus, que se llevó la vida de su padre, de 93 años de edad. Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en querellante. Su abogado en esa causa, Gregorio Dalbón, dijo que la investigación está “abierta pero sin ningún movimiento desde hace rato”.

En rigor, el expediente está en la Corte Suprema desde noviembre de 2022 por una “contienda de competencia negativa” entre el juez federal Sebastián Casanello y el de instrucción Manuel De Campos. Como suele ocurrir en estos casos, el máximo tribunal no parece tener apuro y, entretanto, el expediente está en la fiscalía federal a cargo de Alejandra Mángano, con una quietud propia de un cementerio. «