Los ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, presentaron un proyecto de ley de la "no mentira", que pretende modificar los artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal de la Nación y del nuevo Código Procesal Penal Federal para penar a cualquier persona que omita total o parcialmente "la verdad" en un proceso judicial. La iniciativa generó fuertes críticas en el círculo del derecho, y, entre ellos, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó a PERFIL porqué se trataría de un "retroceso".

"Este es un proyecto que seguramente va a dar debate. Nuestra Constitución dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. La interpretación que se ha hecho y esto es lo que pasa hoy en las indagatorias de nuestro país, es que las personas pueden mentir", manifestó la ministra Bullrich, y agregó: "nosotros lo que defendemos es una idea de que la verdad tiene que tener premio y la mentira no puede ser parte de un proceso judicial".

Por su parte, Garavano señaló que "es una iniciativa que va a generar discusiones que van a ser muy valiosas. Es importante en términos de valores y va de la mano de los procesos orales, porque al estar cara a cara con el juez y con la otra parte, es difícil mentir. Este proyecto impulsa un cambio cultural para resolver los conflictos en serio". Ante esto, Andrés Gil Domínguez argumentó en diálogo con este medio que el proyecto de ley "viola el articulo 8.g de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que plantea que toda persona tiene el derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable". 

Además, el letrado consideró que con ese proyecto "eliminás el derecho de las personas a defenderse y destruis el concepto de defensa y de proceso judicial". "El proceso judicial está para establecer la verdad, y vos te defendés. Dos partes distintas dirimen una cuestión y un sujeto imparcial tiene que establecer la verdad", agregó, aunque aclaró que de todas formas es una "verdad relativa, apelable", mientras citó a Foucault en "La Verdad y las formas jurídicas" donde dice que el entramado de la verdad no es unívoco y mucho menos cuando se proyecta en la normatividad. 

En esa línea, el abogado advirtió que se involucrarían a actores como abogados defensores y peritos que pueden quedar expuestos a penas de "uno a cuatro años". "Si vos instruis un proceso y mentís te puede sancionar el Colegio Público, no es que podes hacer lo que quieras, para defenderte podés tener la vision de la verdad distinta. A un abogado le quitarían la matricula.  

En ese sentido, Gil Domínguez se sumó su colega Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados, quien dijo que si la ley mentira es cierta "se trata de otra locura jurídica impresentable, inconstitucional, nula e inaplicable del Gobierno Nacional, que pretende solo asegurar a su núcleo duro de votantes con engendros".

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En el evento donde el gobierno presentó el proyecto, estuvieron presentes los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, de Cooperación con los Poderes Constitucionales, Pablo Noceti y los diputados nacionales Gabriela Burgos (Pte. Comisión Penal), Silvia Lospennato, Juan Manuel López, Carmen Polledo, Álvaro Gonzáles, Luis Petri, Pablo Tonelli, Jorge Enríquez, Lucas Incicco, Fernando Iglesias, Pablo Torello, Alejandra Alcira Caballero y la senadora nacional Silvia Elías de Pérez.

"Cabe aclarar que como núcleo de la propuesta de reforma, se propone la tipificación, en el artículo 275 del Código Penal, de las conductas de abogados, testigos, intérpretes y peritos que aportan antecedentes falsos que obstaculizan el esclarecimiento de un hecho o la determinación de sus responsables, impidiendo con ello llegar a la verdad real, que es el cometido principal de la función judicial”, manifestaron en un comunicado oficial.