Por Sonia Santoro

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad encontró grandes deficiencias en la aplicación del programa que asiste a las víctimas de trata de personas en la Ciudad de Buenos Aires. En 2020 recortaron el presupuesto en un 94 por ciento en relación con el año anterior. Destinaron 330 mil pesos a la asistencia a las víctimas de trata, cuando la Legislatura había votado 7 millones para ese fin. Según el informe, el programa no cuenta con trabajadoras/es sociales y la asistencia profesional depende de la articulación con otras áreas de gobierno. No existen acciones que promuevan la inclusión laboral y social de las víctimas con el fin de potenciar su autonomía. Y no hay articulación con la inspección de locales comerciales que permita la detección de situaciones de trata de personas, entre otras deficiencias. º

El informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires sobre el relevamiento al Programa Detección, Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas (Ley 2781), fue realizado por el auditor general de la Ciudad por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz. Analiza el año 2020 de la gestión y fue publicado recientemente, en consonancia con el día de lucha contra la trata de personas.

Problemas de presupuesto

"Los problemas empiezan en el presupuesto y llegan a todos lados, cuando uno lee la Ley de presupuesto se encuentra que las actividades que prevé la Ley 2781 para detección, protección y asistencia a víctimas de trata no están presentes en el descriptivo presupuestario, es decir no están contempladas en la asignación de recursos. Le dan a la Dirección General de la Mujer la responsabilidad de ejecutar el programa, pero los fondos se los asignan a la Unidad Ejecutora que administra la Ministra de Desarrollo y Hábitat, María Migliore, en vez de la propia directora por lo que de esa manera se encuentra sin recursos para cumplir con sus funciones", explicó Teszkiewicz.

Además, el presupuesto bajó un 94 por ciento con respecto al año anterior. “Lo que se imputó al programa durante 2020 fueron 330 mil pesos. Pero la Legislatura sancionó 7 millones 58 mil pesos. El Ejecutivo, a través de las reasignaciones presupuestarias, lo redujo a 416 mil pesos y en efecto gastó 335.476", explicó el auditor. Entonces, cuando se les pregunta qué porcentaje del presupuesto utilizaron, responden el 80 por ciento. Pero es el 80 por ciento de 416 mil pesos”.

Reducir y reasignar

“Además es difícil saber a qué otras áreas de gobierno derivaron. Normalmente, cuando el Ejecutivo hace reasignaciones presupuestarias, pone de donde sale el dinero y a dónde va. Con la ley de emergencia por Covid, una de las prácticas fue sacar resoluciones de partidas donde sacaban dinero sin decir adónde iba: iban a una bolsa. No sabemos con exactitud adónde fueron a parar. Y no tuvimos explicación”, reclamó.

La reducción presupuestaria sigue hasta el día de hoy. Según un análisis elaborado por el legislador porteño Matías Barroetaveña, en el 2021, el presupuesto asignado fue de 712.544 pesos, un 90 por ciento menos que en 2020 y en 2022, 420 mil pesos, es decir un 58 por ciento menos que en 2021. “Es llamativo que los montos por intervención se reduzcan tanto de año a año, cuando la formulación del programa es idéntica, alcanzado para el 2022 la irrisoria cifra de 210 pesos por cada intervención, cuando en 2020 llegó a $25.208”, planteó el legislador.

Desde la Comisión Especial de Trata de la Legislatura porteña, su presidenta, la legisladora Claudia Neira, informó que para 2020 y 2021 la cantidad de intervenciones esperadas era de 280. Para 2022 esas intervenciones aumentaron a 2.000, sin un consiguiente aumento presupuestario. “Si la política de atención no va a verse plasmada en términos presupuestarios, por lo menos debería verse en hechos concretos como acceso al subsidio habitacional, asistencia jurídica, asistencia psicológica, asistencia médica, etc. Y sin ningún tipo de barrera ni imposición burocrática que ralentice los tiempos”, dijo Neira.

Las asistencias

En 2020 el programa asistió a 120 personas, un número promedio en relación a los cinco años previos: se atendieron 77 en 2015, 84 en 2016, 130 en 2017, 158 en 2018 y 138 en 2019.

La mayoría de las víctimas atendidas fueron mujeres, aunque hay un porcentaje importante de varones (37,5 por ciento), especialmente en víctimas con fines de explotación laboral, dice el informe de la Auditoría. Dado este escenario, la Auditoría encontró que Dirección General de la Mujer, ocupada de ejecutar el programa, no se ajusta a las características de la población atendida. “Esta situación impacta particularmente en materia de dispositivos de alojamiento disponibles, así como en el acceso a las actividades y talleres (particularmente orientados a la atención de la problemática de la violencia de género)”, advierte el informe. 

En este sentido, un trabajo elaborado por Bárbara Bonelli, defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, recomienda crear un refugio para sobrevivientes varones porque hoy “luego de salir de su situación de explotación, no tienen dónde refugiarse y muchas veces vuelven a recaer en las manos de tratantes y explotadores laborales que tienen a su cargo talleres clandestinos”.

Se trata de derivar

Por otro lado, según el informe de la Auditoría, durante el 2020 el programa no contó con trabajadoras/as sociales, profesión fundamental para la tarea de asistencia social que se requiere. “No hay trabajadoras sociales y no hay un cuerpo profesional puesto a disposición de las víctimas. No hay personal propio, no hay una abogada, psicóloga… todo es "articulación". Para el patrocinio jurídico tienen que articular con la Procuración, para asistencia psicológica derivan al Ministerio de Salud, para alojamiento derivan a los paradores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat o al programa habitacional en el que les dan un subsidio en dinero para que alquilen una pieza en un hotel, que normalmente no alcanza pero que la persona tiene que resolverlo", describe Bonelli. 

Y agrega: "Estamos frente a personas que acaban de ser rescatadas de reducción a la servidumbre, vos no podés decirles ‘andá a conseguir un lugar a donde vivir’. A veces no tienen los recursos económicos ni simbólicos para poder reconstruirse. La atención debe ser integral, uno debe acompañar ese proceso, con atención psicológica, lugares donde alojarse, programas de reinserción educativa y laboral. De todo eso, no hay nada”.

Todo lo que falta

Entre otras “debilidades” del programa, la Auditoría encontró problemas en los siguientes aspectos:

*Dispositivos de alojamiento: “Las mujeres víctimas de trata laboral, varones con o sin hijos y familias son alojada/os en dispositivos dependientes de la DGDAI (hogares y paradores) que no son específicos para la población y, por ende, no se ajustan a la normativa vigente, como así tampoco a los lineamientos y directrices establecidas en la materia a nivel internacional”.

Estos espacios, además, son transitorios, “lo que dificulta la intervención sostenida y a largo plazo sobre esta población”.

*Inclusión laboral: “No se han informado acciones sistemáticas tendientes a la formación laboral y la empleabilidad, la incorporación al trabajo formal y la generación de recursos genuinos, tal como promueve la normativa vigente y los estándares internacionales”.

*Estadísticas: “Las estadísticas elaboradas no resultan confiables, en particular, en lo relativo a las prestaciones brindadas por el programa en materia jurídica y psicológica, además de registrar errores de cálculo” .

El programa, incluso, “carece de estadísticas que permitan dar cuenta de grupos particularmente vulnerables como la población transgénero”.

*Campañas: El programa no realiza campañas destinadas a desalentar la demanda que propicia la explotación conducente a la trata de personas.

Finalmente, dice, falta una enfoque integral del problema de la trata. 

Sin control

“La ciudad viene obturando la posibilidad de hacer una atención integral a las víctimas y una persecución integral del delito. La Agencia Gubernamanetal de Control no tiene articulación con los programas de trata para prevenir y ubicar los lugares de detección temprana. Sería ideal que los inspectores pudieran identificar y detectar situaciones de riesgo de explotación sexual y laboral. Todo eso no está por un veto”, dijo el auditor en referencia a la ley de atención integral de la trata impulsada por la diputada macrista María Eugenia Rodríguez Araya, aprobada el 3 de diciembre de 2009 y vetada un mes más tarde por el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri. 

Desde entonces no se volvió a lograr consenso para una ley de ese tipo ni otras que apunten a dar soluciones concretas para las personas que son rescatadas de redes de trata. 

“Desde la presidencia de la Comisión Especial de Trata de Personas venimos impulsando y solicitando el tratamiento de distintos proyectos de ley que faciliten el acceso a las víctimas de trata a los distintos dispositivos sociales y de atención a las víctimas”, dijo Neira. Entre ellos se encuentra un proyecto de la Defensoría del Pueblo, que ya perdió estado parlamentario, que apuntaba a dar asistencia económica inmediata y específica a las víctimas, así como otro presentado por el mismo organismo (“Obligaciones del Estado en Vivienda y Empleo para víctimas de violencia doméstica explotación sexual y trata”), que fue reiteradamente rechazado por la mayoría oficialista en la Legislatura.