Por: Agustín Maza.

Para Bruchou & Funes de Rioja, uno de los principales estudios de abogados de la Argentina, el país debe avanzar en profundizar la reforma laboral que se puso en marcha con la sanción de la Ley Bases, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y para la cual fueron consultados por funcionarios del oficialismo.

En diálogo con Infobae, tres miembros del Consejo de Administración de la firma, que asesora a grandes empresas a nivel local e internacional, destacaron los desafíos que impone la agenda tecnológica a la hora de que el mercado de trabajo argentino pueda ponerse en línea con sus competidores a nivel global. Se trata de Hugo Bruzone, uno de los socios administradores, Rodrigo Funes de Rioja e Ignacio Funes de Rioja.

“Discutimos la economía 4.0, la Inteligencia Artificial (IA), la robótica, una cantidad de cosas maravillosas en términos tecnológicos, pero tenemos una normativa laboral pensada para una realidad industrial de hace 50 años”, resumieron.

En ese sentido, Bruchou & Funes de Rioja pusieron en marcha la utilización de una IA llamada Harvey, igual que el protagonista de la popular serie de abogados Suits –Harvey Specter–, que “facilita y acelera” el trabajo de la firma. Para ello también tuvieron la colaboración del equipo de investigación y desarrollo de IA de la Universidad de Buenos Aires.

Socios del estudio Bruchou & Funes de Rioja.

En ese marco, sostuvieron que luego de que se implementen las modificaciones del esquema laboral contenidas en la Ley Bases la Argentina debería avanzar en reformas de “segunda y tercera generación” si quiere ser más competitivo. Tanto para el capítulo contenido en la norma sancionada a finales de junio en el Congreso como para el DNU 70/2023 de Milei, fueron consultados para su confección. Sin embargo, aclaran que asesoraron a diferentes espacios políticos durante los últimos años en la misma materia.

De todos modos, hay una importante sinergia con La Libertad Avanza. El ahora ex socio de Bruchou & Funes de Rioja Eduardo Mallea, experto en derecho aduanero, pasó recientemente a ser titular de la Aduana. En otro caso, Liban Kusa, el otro socio administrador dentro del Consejo Administrador, fue uno de los que colaboró en el primer paquete fiscal del oficialismo que trató el Congreso y se lo mencionó entre los candidatos a comandar la AFIP.

— ¿Participaron en la confección del capítulo laboral del DNU 70 y de la Ley Bases que impulsó Milei?

— I.F.R: Siempre distintos gobiernos o funcionarios nos pidieron opiniones o puntos de vista sobre cuestiones que tienen que ver con la legislación laboral. Sin ir más lejos, durante la campaña electoral tuvimos consultas al respecto de diferentes espacios políticos. No es cierto que redactamos normas ni nada por el estilo, pero sí fuimos consultados por funcionarios de Milei. Primero estaba la reforma laboral incluida en el DNU que tenía algunos temas que fueron frenados por la Justicia. Pero en la Ley Bases que se aprobó hace unas semanas en el Congreso hay un capítulo muy importante que retoma algunos de esos puntos, como la extensión del periodo a prueba por seis meses o la eliminación de las multas. Hay otras cosas que están pendientes de reglamentar como la simplificación para registrar, por caso.

— ¿Cuál es la importancia de esas modificaciones y qué falta para tener un marco laboral adecuado?

— I.F.R: Queda mucho por hacer en la Argentina desde lo laboral. Estas reformas de las que hablamos no se habían logrado en los últimos 20 años, pero siguen siendo de primera generación. El país necesita, después de estas nuevas legislaciones y su implementación, reformas de segunda y, tal vez, hasta de tercera generación, para tener un marco laboral acorde con los tiempos que corren, con las economías con las que hay que competir y también con lo que se demanda en el mercado de trabajo. La discusión hoy pasa por la necesidad de relaciones más modernas, descontracturadas, flexibles. En los noventa se discutía la flexibilidad para el empleador y ahora se discute lo mismo pero enfocado en el trabajador.

— Recién se referían a las multas, ¿su eliminación no implica de alguna manera menor incentivo a la registración de empleados?

— I.F.R: Las mal llamadas multas vinieron de la mano de lo que era la ley de empleo en la década de los noventa. Entonces había modalidades que eran especialmente flexibles, con indemnizaciones reducidas y las penalidades estaban previstas para que si vos hacías uso abusivo de esa situación tuvieras un castigo. Después, todas esas modalidades promovidas desaparecieron y quedaron las multas. La experiencia indica que desde que existieron esas multas, que en realidad son agravantes e indemnizatorios, lo único que creció en la Argentina era la informalidad, el desempleo, pero en absoluto creció ni el empleo privado o registrado, ni nada que se le parezca. Quien registra mal tiene consecuencias en materia de seguridad social, pero ello no tiene que implicar que haya un enriquecimiento. No es que deje de haber penalidad, sigue estando la autoridad de aplicación, siguen estando las inspecciones, el Ministerio de Trabajo, AFIP, Seguridad Social, todo el aparato del Estado para controlar sigue estando.

— ¿Qué implicaría llevar adelante reformas de segunda y tercera generación del mercado laboral?

— I.F.R: En Argentina los excesos en el derecho a la huelga co daños recíprocos entre trabajadores y empleadores. Se encarece el costo argentino y hace menos competitivas a las empresas. Muchos países tienen mecanismos de arbitraje imparcial y creíble, en donde además no se puede paralizar servicios esenciales. No puede ser que se paralice totalmente el transporte de pasajeros o servicios financieros sin ningún límite. Otro punto a modificar son los convenios colectivos. Estamos en la economía 4.0, discutiendo la inteligencia artificial, robótica, una cantidad de cosas maravillosas en términos tecnológicos, con una normativa laboral que está pensada para una realidad industrial de hace 50 años. También hay que avanzar en la inserción del mundo educativo al del trabajo.

Consejo Fundador de Bruchou & Funes de Rioja.

— En el marco de la recesión, ¿reciben muchas consultas de empresas para gestionar reducciones de personal por despidos o suspensiones?

— I.F.R: Tenemos empresas con ajustes de dotación y reestructuraciones, como es lógico en este contexto. Pero también recibimos consultas sobre inversiones y contrataciones desde rubros como el tecnológico o proyectos muy importantes en términos de recursos naturales. Se ve una oportunidad muy grande en energía, con Vaca Muerta, y minería. Estamos organizando reuniones con clientes para explicar los cambios normativos en cada una de las distintas especialidades, vos sabés el estudio tiene una cantidad importante de áreas de práctica, digamos, laborales, impuestos, minería, bancario. El RIGI es un marco normativo que es posible que permita que algunos proyectos se concreten en la Argentina. Así que creemos que es un marco que puede permitir que se desarrolle ese tipo de inversiones en sectores estratégicos en un mediano plazo.

— ¿Cómo avanzó en estos dos años la integración entre lo que era el estudio Bruchou y la firma Funes de Rioja?

— R.F.R: La integración de los estudios Bruchou y Funes de Rioja lleva dos años; venimos súper bien. Somos estudios de especialistas, por eso la fusión tuvo que ver con la complementación de distintas especialidades como laboral, en nuestro caso, banking, tax, compliance, por parte de ellos. Hoy somos 246 personas, crecimos un 20% en este lapso, de los cuales 176 son abogados si se incluye a los socios.

— ¿Cómo ayudó en ese proceso la utilización de la inteligencia artificial?

— R.F.R: En el marco de la integración, hemos implementado recientemente la plataforma Harvey AI que es una herramienta muy interesante. Nuestro equipo de tecnología trabajó más de un año con el laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA. Todos los socios nos capacitamos en IA y a partir de ahí empezamos un trabajo de investigación sobre qué tipo de herramientas podíamos utilizar en base a nuestras necesidades, que son la de nuestros clientes.

— ¿Qué desafíos les impuso adaptarse a esta nueva tecnología?

— R.F.R: El principal escollo para incorporar esta tecnología era la confidencialidad. Hay un gran tema con el uso de inteligencia artificial en los servicios profesionales, y en particular en los legales, que es el acuerdo de confidencialidad. No se puede usar, por ejemplo, el ChatGPT y poner nombres o información que puede ser sensible y es necesario proteger. Harvey está desarrollada especialmente para la actividad legal y garantiza la confidencialidad de las interacciones. Básicamente, trabaja con la información que nosotros le damos, pero por contrato el software no puede llevar nuestra información a una base de datos general ni compartirla con nadie. Es un proceso bastante estricto. Somos la primera firma en aplicarla en la Argentina y la segunda en Latinoamérica.

— ¿Cómo los ayuda Harvey en las actividades diarias del estudio?

— H.B: Lo utilizamos en muchísimas tareas como en análisis y extracción de datos para documentos extensos. Concluimos la fase de estudio pero ya lo tenemos incorporado. Nos facilita y acelera el trabajo, como en el control y verificación de documentos. Lo usamos mucho para las traducciones. La verdad que es muy eficiente por utilizar lenguaje legal en todo, pero particularmente en traducción. Esta es una IA que tiene la particularidad de estar entrenada para pensar como abogado.