En San Salvador de Jujuy en tanto, hubo temor de vecinos de Higuerillas, Alto La Viña, Bajo La Viña y Campo Verde, por las llamas desatadas en un sector de los cerros y que pertencen a una finca, cuya gran humareda se divisaba a varios kilómetros durante toda la jornada de ayer. Luego se supo, que se trató de la quema de rastrojos por parte del propietario de la finca, la que se realizó sin autorización de los organismos oficiales y en contraposición a la temporada de incendios.

En las primeras horas de la tarde de ayer, se trasladaron hacia la zona de Yuto y Caimancito, brigadistas del Plan Provincial Manejo del Fuego con el fin de reforzar el trabajo que vienen realizando desde el pasado viernes, sus pares en el foco ígneo surgido en la zona del Ramal, a la vera de la Ruta Nacional 34 en proximidades del acceso a la localidad de Yuto, tratándose un nuevo frente desatado en relación al anterior que provocó grandes pérdidas de selva natural.

Finalizada las lluvias de los últimos días, las altas temperaturas reinantes hicieron propicia la aparición de las llamas en ese sector y que ya alcanza unas 500 hectáreas de monte natural, según refirió Sebastián Calderón del Plan Provincial del Manejo del Fuego.

En el lugar ya está trabajando un avión hidrante junto a un grupo de brigadistas, y ayer se sumaron otros cinco, bajo la coordinación de Ezequiel Morales, quienes de inmediato se trasladaron al lugar del incendio con el equipamiento necesario, y la inestimable cooperación de la empresa Ledesma y de la petrolera JHP, ambas proveyendo alojamiento y recursos logísticos. ‘Está feo el panorama, el fuego es de grandes dimensiones, hay que caminar mucho para llegar al lugar, hay mucha vegetación, muchos troncos, pero tenemos que llegar hasta ahí si queremos frenarlo, porque de controlarlo creo que nos llevará mucho tiempo’, afirmaba Morales en diálogo telefónico con Pregón.

Mientras que en la zona del Parque Nacional Calilegua hay otro foco de alrededor de unas 45 hectáreas en la cual se hallan tratando de sofocar brigadistas del ICE pertenecientes al Parque, desde el viernes pasado. También se trata de montes nativos, y que presumiblemente se originaron por imprudencia de personas desconocidas, que insisten con la quema de basurales o arrojan colillas de cigarrillos en el sector.

EN LA CAPITAL

En tanto que muchos capitalinos se sorprendieron ayer al ver desde horas de la mañána una gran humareda que provenía desde los cerros lindantes con Alto La Viña, lo cual trajo preocupación a pobladores de ese sector, Bajo La Viña, Higuerillas y Campos Verdes.

Efectuada la denuncia telefónica de emergencia del caso, una cuadrilla del Plan Provincial Manejo del Fuego se trasladó hacia el sitio en cuestión, dándose con que se trataba de un incendio en el perímetro de una finca privada, cuyos dueños negaron el acceso a los brigadistas aduciendo que se trataba de la quema de rastrojos y desmontes y que supuestamente era ‘controlada’.

No obstante ello, los brigadistas advirtieron que ‘la quema se estaba realizando sin autorización, por lo que las autoridades deberán adoptar las medidas pertinentes’, refirió Morales. De modo que les hicieron saber que no podían efectuar esa quema si no contaban con autorización previa de organismos provinciales, conforme a normativas de la Ley Nacional de Control de Quema, Nro: 26562.

Esta ley establece en su art. 3ro. ‘Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica’, para lo cual (art. 4to.) ‘las autoridades competentes de cada jurisdicción deberán establecer condiciones y requisitos para autorizar la realización de las quemas, que deberán contemplar; al menos, pará-metros climáticos, estacionales, regionales, de preservación del suelo, flora y fauna, así como requisitos técnicos para prevenir el riesgo de propagación del fuego y resguardar la salud y seguridad públicas’.

Y peveé además, sanciones, las cuales van desde apercibimiento, multa equivalente a un valor que irá desde 50 hasta 10.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional, y suspensión o revocación de otras autorizaciones de quema.