Desde el Gobierno ultiman los detalles finales para poder enviar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para su tratamiento en el Congreso a partir del inicio de las sesiones ordinarias en marzo. En caso de que sea aprobado por el cuerpo de legisladores, será el acuerdo Stand-by número 23 que Argentina habrá firmado con el organismo internacional de crédito.

Los orígenes de las relaciones entre el FMI y Argentina se rastrean hasta 1956, cuándo el régimen de Pedro Eugenio Aramburu firmó los acuerdos de Bretton Woods. Estos tratados, creados en 1944, moldearon las políticas económicas del bloque occidental durante la primera parte de la Guerra Fría y también fueron los responsables de la creación del Fondo y el Banco Mundial.

De acuerdo al economista e historiador Julían Zicari, el ingreso en 1956 al FMI por las autoridades militares fue “por recomendación de Raúl Prebisch, que en ese momento era el director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el cual era muy cercano a las visiones liberales hegemónicas de alineamiento con Estados Unidos”.

Sin embargo, el primer préstamo no se solicitaría hasta dos años después, durante la presidencia Arturo Frondizi. La principal cláusula propuesta hablaba de una reducción del 15% de los empleos públicos, además de un freno a la obra pública y de la privatización de empresas estatales.

“El Gobierno de Argentina ha solicitado un convenio stand-by por un periodo de doce meses y hasta un nivel de USD 75 millones sobre el actual nivel de las tenencias del Fondo para apoyar un amplio programa de estabilización, incluyendo una reforma del sistema cambiario”, le escribió el ministro de Economía de aquel entonces, Emilio Donato del Carril, al Director del FMI, Per Jacobsson.

La primera etapa de los acuerdos con el FMI

A partir de entonces, Argentina inició un largo historial de préstamos con el organismo de crédito. Entre 1956 y 2006, los sucesivos gobiernos suscribieron a un total de 21 acuerdos de condicionalidad fuerte: 18 de derechos de giro, 2 de facilidades extendidas (1992 y 1998) y 1 de servicio de complementación de reservas, en 2001.

Argentina también celebró otros acuerdos, aunque de condicionalidad menor: 7 compensatorios por fluctuaciones de exportaciones en las décadas de 1970 y 1980, estos últimos siempre simultáneos a los acuerdos de derechos de giro, y 1 correspondiente al servicio financiero del petróleo, en 1975.

Los siguientes tres préstamos de condicionalidades fuertes al organismo multilateral también ocurrieron durante la administración del dirigente desarrollista: los primeros dos bajo la gestión económica de Álvaro Alsogaray entre 1959 y 1960, y el último de parte de Roberto Alemann. En los tres casos, los montos solicitados fueron de USD 100 millones.

Depuesto Frondizi en 1962, ese mismo año Alsogaray volvió al Palacio de Hacienda para solicitar otro préstamo, pero esta vez bajo el régimen de José María Guido, nuevamente por USD 100 millones. Durante lo que restaba de los años sesenta, el ministro de la cartera de Economía durante el Onganiato, Adalbert Krieger Vasena, solicitó dos más.

Ya en los setenta, Isabel Perón firmó el primer acuerdo con el FMI bajo un gobierno peronista. Fue a finales de 1975 y lo hizo el entonces secretario de Coordinación Económica y más tarde canciller de Menem, Guido Di Tella, por un total de USD 76.06 millones.

Durante la última dictadura militar, en el periodo correspondiente a Jorge Videla se realizaron dos acuerdos de la mano de Alfredo Martínez de Hoz. Uno en agosto de 1976 y otro en septiembre de 1977. En enero de 1983, con Reynaldo Bignone en la Junta, el ministro Jorge Wehbe firmó el último acuerdo en dictadura.El empeoramiento de la situación

Con el retorno de la democracia, los vaivenes económicos durante el gobierno de Raúl Alfonsín se reflejaron en los diversos acuerdos a los que debió llegar de la mano de todos sus ministros de economía. Firmaron acuerdos Stand By Bernardo Grispun en 1984 y Juan Sourrouille en 1987, sumado a dos de Facilidades extendidas en 1985 y 1988.

Llegado el menemismo, los préstamos aumentaron todavía más. Hubo acuerdos Stand By con los ministros de Economía Néstor Rapanelli, en 1989 y Domingo Cavallo, en 1991 y 1996, además del de Facilidades Extendidas de 1992. El último fue en 1998 de la mano Roque Fernández.

En diálogo con BAE Negocios, el economista e investigador del Conicet Alfredo Curuchet recordó que en los noventa, producto de las reformas estructurales ortodoxas y la Convertibilidad, el país “era lo que se llamaba el ‘poster child’ del FMI, Argentina era vendida en el mundo por el mismo FMI, y por los economistas internacionales, como un ejemplo a seguir por el resto de los países”.

Durante el efímero gobierno de la Alianza, el ministro de Economía de aquel entonces, José Luis Machinea, solicitó en marzo del 2000 el único acuerdo del período. Sin embargo, previo al mega préstamo realizado por Mauricio Macri, el empréstito de aquel entonces había sido el más grande hasta el momento.

De hecho, para enero se solicitó al Fondo un Servicio de Complementación de Reservas. De esta manera, el país recibiría para enero de 2001 un crédito complementario de 40.000 millones de dólares para “blindar” su economía de los efectos financieros.

La multimillonaria asistencia también contaba con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina) y de un grupo de bancos comerciales que operaba en el país.

Sin embargo, a principios de marzo comenzaron a circular evidencias de que Argentina no lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, con lo cual peligraban los futuros desembolsos. La fuga de capitales se disparó. Machinea renunció el 5 de marzo y fue reemplazado por Ricardo López Murphy, quien también renunció 15 días después.

Con Cavallo nuevamente en Economía, en agosto se firmó un acuerdo de Aumento Stand-by. Sin embargo, para diciembre la situación era catastrófica y el Fondo suspende los desembolsos. El estallido social provocado por el Corralito y la represión terminaron con el gobierno de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001.

En enero de 2003, Eduardo Duhalde suscribió el último acuerdo Santd By, meses antes de entregar el gobierno. En 2006, Néstor Kirchner decidió abonar en un solo pago los USD 10.000 millones que el país debía.El regreso al Fondo y lo que vendrá

Tras doce años de no recurrir a un préstamo del FMI, durante la administración de Mauricio Macri se solicitó el mayor crédito que haya entregado jamás ese organismo a un país en sus 77 años de historia: USD 57 mil millones le concedió a mediados de 2018, aunque finalmente se desembolsaron poco más de USD 44 mil millones.

“El FMI está gracias a la mala política macroeconómica de Macri. Argentina ha quedado entre la espada y la pared ya no es una situación fácil, macroeconómicamente hablando, no acordar con el Fondo”, consideró Curuchet sobre la renegociación de la deuda que lleva a cabo el gobierno de Alberto Fernández.

A fines de enero, se confirmó que el Gobierno logró un preacuerdo con el organismo que ahora dirige Georgina Kristaleva. En caso de ser ratificado por el Congreso de la Nación y el Directivo del FMI, será el acuerdo stand-by número 23 de la historia argentina.

Sin embargo, pese a que aún no se conoce la “letra chica”, tan solo algunos borradores, desde el Gobierno se aseguró que no se incluyeron reformes estructurales ni ningún tipo de ajuste. Una novedad en este tipo de negociaciones.

“La principal diferencia parecería ser que no se están pidiendo grandes ajustes ni reformas estructurales, sino simplemente mantenerle ‘la correa corta’ al Gobierno para condicionarlo. Todos los vencimientos de pago que tiene que hacer el gobierno están calzados con los nuevos desembolsos con la idea de que si el gobierno no hace lo que el FMI quiere no hay desembolsos”, explicó a BAE Negocios Zicari, autor del libro “Crisis económicas: De Mitre a Macri”.

Consultado sobre la cuestión, para Curuchet “ya hubo todo un proceso de liberalización y privatización, con lo cual todas esas reformas estructurales ya se dieron”. En este sentido, sostuvo que “no hay muchas más reformas que realizar, porque ya han sido realizadas en el pasado, además de que han mostrado ser muy negativas”.

De hecho, todas las crisis de deuda soberana que ocurrieron a partir de la segunda mitad del siglo XX ocurrieron en vigencia de programas del FMI: en 1962, 1983, 1993 y 2001; como así también numerosas crisis cambiarias, períodos de alta inflación y de sobreendeudamiento, como fueron los periodos de 1958-1962, 1976-83 y 1991-2001.

“Creo que hay un mayor consenso, por lo menos de parte de los economistas, de la política y la sociedad en general, de que esas reformas estructurales que siempre plantea FMI lejos de llevar al desarrollo nos perpetúan en el subdesarrollo”, concluyó el investigador del Conicet.