Por Gabriel Morini

Hay pocas oportunidades mejores para ejemplificar la disociación de agendas que impera entre la política y el mundo judicial que la que transcurrirá en el trecho que resta para que culmine el año. Hay una excesiva expectativa respecto a resoluciones que quedan pendientes desde los tribunales que no siempre es acompañada por lo que en realidad se está trabajando puertas adentro.

La maquinaria judicial no está pensando exactamente en las necesidades de la política, sino más bien en resolver sus propias dificultades operativas cuando debe, para poner un caso, desembarazarse de causas que estén al borde de la prescripción o similar. ¿Eso significa que ya no habría margen para un fallo de la Corte Suprema respecto a la demanda por la Coparticipación? No necesariamente. Restan todavía detalles imprescindibles ante un litigio en el que sí se mira el calendario electoral: por su naturaleza, es una decisión que puede dar un fuerte empujón a una campaña. Los usos y costumbres marcan que el máximo tribunal trata de no incidir con sus fallos en los años electorales. El objetivo es apurarse en el sprint final del año, pero no hay una certeza de que se logre. El acuerdo esta semana será el jueves. Quedarán dos más antes de llegar a la feria.

Más difuso es el entuerto en el que está el Consejo de la Magistratura. Su no funcionamiento en lo que queda del año puede ser considerado un costo hundido que no requiere correr para regularizar la situación de quienes sean los representantes por el Senado y ahora por Diputados. Cierto es que ingresó un per saltum de Luis Juez para que la Corte se aboque al tema, como adelantó Ámbito, pero que por ahora no ingresa en el temario de agenda para el acuerdo de esta semana.

El apuro es externo. Dentro del propio Consejo surgió una línea intermedia que conversa una solución “salomónica”: que no se integre ni Martín Doñate por el kirchnerismo ni Roxana Reyes por la UCR. Esto implicaría forzar al máximo los reglamentos para que el Consejo funcione igual pero con dos integrantes menos. Difícil es que no haya un pataleo cruzado donde ambos sectores judicializaron. En el cuarto piso del Palacio insisten en que por respeto institucional deben normalizar el Consejo con alguna clase de resolución.

El problema es que en este tipo de causas siempre hay un perdedor. La semana pasada se regularizó todo el lote de contratos que permanece en vilo cada fin de año, hubo “corridas” –como se le llama a los ascensos encadenados- y, puertas adentro, sostienen que administrativamente está todo funcionando como siempre. Distinto es el clima interno por los aumentos adeudados por partidas que el Poder Ejecutivo no está remitiendo, a tono con el enfrentamiento público del oficialismo con el Poder Judicial. Ese asunto está caliente y queda descartada la consulta que se efectuó acerca de si la Corte podría salir al rescate utilizando el Fondo Anticíclico que posee.

Esos fondos no están asignados al Consejo y su stock se agotaría. El malestar es extensivo también al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que están con la mano extendida esperando que se cumpla con el aumento prometido. Las miradas se dirigen al jefe de Gabinete Juan Manzur.

Luego de que Leopoldo Bruglia –uno de los camaristas erigido como enemigo público del kirchnerismo- fuera electo presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py, será el turno de que Casación renueve sus autoridades. Mariano Borinsky será el nuevo presidente del máximo Tribunal Penal y sucederá a Alejandro Slokar como cabeza de Casación. Dato: no abandonará su estratégica posición en la Sala IV, con lo que intervendrá en todos los casos asignados a ese tribunal. Eso incluye lo que pueda llegar de la reciente condena por Vialidad, radicada en la sala en la que Borinsky comparte decisiones con Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Casación sigue a todo vapor trabajando para antes de fin de año emitir resolución en al menos una de las dos causas que también involucran a Cristina de Kirchner: Memorándum con Irán y Hotesur. Los dos los tiene la Sala I que integran Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

En paralelo, el nivel de tensión con la Corte Suprema escaló tras el pedido de reunión que formuló el interbloque del Frente de Todos para tener una audiencia con Horacio Rosatti. Tenía un triple motivo. El repudio a la condena del Tribunal Oral Federal N°2 por Vialidad, la situación de parate del Consejo de la Magistratura sin claridad sobre quién debe asumir por la segunda minoría y el escándalo desatado por los “Huemules”, el grupo de jueces federales y funcionarios judiciales porteños que viajaron a la casa del magnate Joe Lewis en Lago Escondido. Pero el nivel de pirotécnica verbal vía Twitter subió de tono con el correr de los días apuntando de lleno a la Corte. Ese encuentro no parece posible. No existen agendas en común entre el Legislativo y el Judicial, entre el Ejecutivo y el Judicial y los que han consensuado entre el Ejecutivo y el Legislativo han fracasado por uno u otro motivo, que a veces nada tuvo que ver con el Judicial.

Es otro ejemplo de la brecha que existe en la discusión pública: si para la política es un escándalo la forma en que ese grupo participó de un acto impropio en el que aceptaron una invitación de empresarios para pasar un fin de semana de ocio (lo que podría ser considerado una dádiva), para el mundo judicial prima la lectura de que, por sobre esta cuestión, debe investigarse el hackeo del teléfono del ministro de Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro lo que constituye un acto de espionaje ilegal por la difusión de las conversaciones que habría mantenido ese grupo. Entre los más escépticos, se señala que la causa que investiga a los Huemules tendrá algún recorrido que llegue a inquietar pero se aplacará sin consecuencias reales para los involucrados y se perderá en laberintos judiciales como en tantos otros precedentes. “Son fallas de la Matrix”, deslizó con cinismo un experimentado magistrado.