La armoniosa relación que supieron cultivar el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, está en medio de un cortocircuito. La razón: la demanda del gobierno de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal a la cabeza, ante la Corte Suprema, que podría quitar fondos coparticipables a las otras 23 provincias. El conflicto "amerita que el Presidente de la Nación haga una convocatoria a los gobernadores", reclamó el entrerriano. 

Bordet viene de organizar una cumbre de 12 mandatarios provinciales justicialistas en la que se discutió el litigio que detonó el planteo judicial de Vidal. Más allá de la foto, no hubo grandes definiciones, pero el gobernador entrerriano cambió el tono de sus declaraciones referidas a la Casa Rosada. "Tuvimos una reunión dos días después de asumir, en diciembre de 2015, y nunca más", le facturó a Macri, en declaraciones a Ámbito Financiero. 

"Hay otros hechos que disparan nuestros reclamos. Nos hemos puesto de acuerdo en no ceder nuestros derechos. No vamos a permitir que nos toquen un peso y estamos incluso reclamando más fondos coparticipables", advirtió Bordet. Según afirmó, el tema no interesa sólo a los caciques del PJ. "Hemos hablado con gobernadores de Cambiemos o de partidos provinciales que comparten esta preocupación", indicó. 

Respecto de la demanda puntual sobre el Fondo del Conurbano Bonaerense, entendió el mandatario entrerriano que "uno puede escuchar a la gobernadora -y al Presidente también- diciendo que Buenos Aires recibe en derechos coparticipables menos de lo que aporta, pero también es cierto que Buenos Aires se lleva la mayor parte de las obras del Presupuesto nacional y la mayor parte de los subsidios en energía, agua y transporte público". 

Por último, se refirió a la estrategia que acordaron impulsar los gobernadores, y que él viene trabajando con la senadora nacional del FpV, Sigrid Kunath, con la que buscan resolver el conflicto en el Congreso y sacarlo del escritorio de los jueces de la Corte. "Esto tiene que encontrar una canalización desde lo político, porque acá se hizo el planteo directo a la Corte y en tiempo récord nos corrieron traslado", se quejó Bordet. 

La demanda 

La queja ante la Corte de María Eugenia Vidal se funda en que una reforma a la ley de Impuesto a las Ganancias de fines de la década del ‘90 impuso un tope de $650 millones a la masa coparticipable por ese tributo que debe llegarle a Buenos Aires para la financiación del Fondo del Conurbano Bonaerense. 

La misma ley había otorgado a Buenos Aires la asignación de un 10 por ciento del total recaudado por la Nación a través de ese impuesto. La modificación posterior impuso el tope y determinó que la diferencia entre los $650 millones –aún vigentes- y aquel 10 por ciento sería coparticipado a las demás provincias. El perjuicio a los bonaerenses, fundamenta el planteo de Vidal, equivaldría a “un presupuesto entero, de alrededor de $460.000 millones". 

En caso de que la Corte valide el reclamo bonaerense, Vidal pasaría a recibir por año el 10 por ciento de lo recaudado por Ganancias, unos 50 mil millones de pesos, que dejarían de llegar a los otros 23 distritos. La postura del gobierno nacional es dejar en manos de los jueces la solución. Y pedir a los gobernadores que la “acaten”. Ante el pataleo de los mandatarios, el macrismo contesta que, en materia de coparticipación, ya empezó a reducir el 15 por ciento retenido desde los Pactos fiscales menemistas.