La Cámara del Crimen rechazó el pedido del Gobierno porteño para actuar como querellante en la causa en la que se que investiga la represión en el Hospital Borda el 26 de abril, dado que podría pasar a ser imputado. Según reconocieron, la pesquisa se encuentra en “estado embrionario”, y recordaron que además de policías también resultaron heridos pacientes y médicos.

El titular de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, Francisco D`Albora, había pedido que el gobierno porteño fuese "tenido por parte querellante" en la causa que investiga los actos de represión ocurridos durante el desalojo de un predio del Hospital Borda. La Cámara del Crimen rechazó este pedido, explicando que en caso de que el gobierno de la ciudad resultara imputado, estaría asumiendo dos roles opuestos e incompatibles: "imputados y acusadores".

Los camaristas Carlos González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas recordaron que durante el violento desalojo del Taller Protegido 19, protagonizado por la Policía Metropolitana el 26 de abril, no sólo habían resultado heridos miembros de la fuerza sino también pacientes y personal del hospital entre otros.

La versión de la administración macrista señala que un grupo de personas reaccionó físicamente contra los uniformados, quienes sufrieron "distintos tipos de lesiones”. También mencionan que en el hecho se habrían dañado elementos de protección que portaban los efectivos de la policía porteña y los cercos perimetrales de la obra.

Los camaristas respondieron: “Con motivo del accionar policial también habrían resultado heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio de mención, así como periodistas, legisladores y agentes gremiales".

El 26 de abril la Policía Metropolitana desalojó el Taller Protegido 19, dentro del predio del Hospital Borda, para demolerlo y construir en su lugar un Centro Cívico. En el violento proceso resultaron heridas 32 personas, diez de ellas periodistas y dos policías, y decenas de manifestantes golpeados.