El gobierno encara otra ronda de gestiones amistosas para intentar contener los precios desbocados, en especial los de los alimentos, que en marzo volvieron a escalar por encima de la inflación general. Se espera para este martes una nueva mesa de diálogo entre empresarios, sindicalistas y autoridades del gobierno. Es la continuidad del encuentro que inició hace quince días en el sindicato de la Sanidad -con la presencia del presidente, Alberto Fernández- y continuó el jueves pasado en el salón Scalabrini Ortiz del ministerio de Economía, con Martín Guzmán como anfitrión. La cumbre repetirá locación ministerial -lo que indica que las negociaciones continúan-, pero hubo sondeos para mudarla a la Casa Rosada, lo que debiera implicar un anuncio sobre el “acuerdo de precios y salarios” que persigue el cónclave. En la previa, voces oficiales afirmaron que el marco sería propicio para anunciar el otorgamiento de un bono para trabajadores públicos y privados, que orillaría los 6.000 pesos, en línea con el plus previsto para jubilados y beneficiarios de planes sociales.

La concesión de un bono que inyecte poder de compra a los salarios maltrechos provocó un duro debate interno en el Frente de Todos. Es público y notorio que el kirchnerismo lo empuja como parte de un shock distributivo que sostenga la frágil reactivación económica desde el pie. Cerca del presidente, en cambio, lo consideran explosivo. El ministro de trabajo Claudio Moroni se tiró sobre la granada en público con el argumento -falaz- de que las paritarias abiertas empardan y hasta le ganan a la inflación. En privado, Guzmán lo rechazó con la misma excusa que usó para vetar la continuidad del IFE: sostiene que el ingreso adicional sería captado por supermercados y formadores de precios, quienes a su vez destinarán esos pesos a comprar dólares, presionando sobre el tipo de cambio.

Los representantes de la CGT -con la ausencia de Pablo Moyano- reprobaron el bono porque, en caso de ser “no remunerativo”, no tributaría al aporte sindical. Los empresarios, por su parte, piden que el bono se tome a cuenta de futuros aumentos, para mantener a raya la deprimida plantilla salarial con las “paritarias abiertas” de las que se ufanó Moroni. Un vórtice de miserias que empuja a la pobreza a millones de asalariados.

A contramano de los salarios -que se actualizan poco o nada, según el sector- están los precios, que acumulan un 18% de subas en el primer trimestre de 2022. “Milagros uno no hace” resumió días pasados el secretario de Comercio, Roberto Feletti, en una declaración con más sustancia que esa imprudente definición sacada de contexto. "El pueblo argentino tiene que tener en cuenta que nosotros no podemos convalidar un efecto riqueza -profundizó el funcionario-. Que alguien porque acopió trigo, ese producto, de pronto, se duplica o se sube un 70% en dólares y ese efecto riqueza se traslada al pan y lo paga la población. No es plausible en una sociedad armónica. Eso tiene que ser tenido en cuenta y neutralizarse ese efecto riqueza", concluyó Feletti, quien hace tiempo exhibe su disgusto por la ausencia de políticas macroeconómicas que faciliten su tarea de controlar los precios.

Un modo eficaz de “neutralizar el efecto riqueza que se traslada al pan”, como aludió Feletti, es desmantelar la cartelización que rige en la cadena de alimentos. Un dictamen reciente de la Comisión de Defensa de la Competencia da cuenta de cómo opera, por caso, el oligopolio molinero.

El cártel de la harina

Las actuaciones se iniciaron por la denuncia de la ONG Industrias Medianas Y Pequeñas Unidas Locales Sociedad Argentina (Impulsar), por presunta violación de la Ley de Defensa de la Competencia. Las denunciadas fueron la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de Industriales Molineros (CIM), la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra) y la firma Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A, la prinicpal molinera del país.

La CNDC investigó -y acreditó- la existencia de un cartel en el mercado de harina de trigo mediante un acuerdo colusivo diseñado, implementado y monitoreado por la FAIM, la CIM, la APYMIMRA y la firma Cañuelas para fijar precios mínimos e intercambiar información sensible en el mercado de molienda de trigo y comercialización de harina de trigo, con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras.

El acuerdo se denominó “Acuerdo General de Defensa de la Libre Competencia en el Sector Molinero”, pero a contramano del título -sostiene la CNDC-, el objetivo fue fijar un precio mínimo de venta e impedir la competencia en la comercialización de harina de trigo. La génesis del acuerdo ocurrió en la “Fiesta de la Harina”, una celebración en la cual las tres entidades molineras -FAIM, CIM y APYMIMRA- esbozaron “la idea” de su implementación. El pacto tuvo vigencia desde octubre de 2014 hasta, al menos, abril de 2017, según reconstruyó la CNDC.  “La vigencia del acuerdo restringió la competencia de los molinos de trigo de todo el país, así como perjudicó directamente a los y las consumidores”, sostuvo la Comisión en el dictamen. Y concluyó: “La fijación –directa o indirecta– de precios mínimos de modo concertado entre dos o más competidores constituye una práctica restrictiva de la competencia que produce un perjuicio al interés económico general y al bienestar de las y los consumidores”.

El dictamen, fechado el pasado 18 de marzo, fija una multa de $445.106.597 para las organizaciones y firmas involucradas. La multa, histórica por su monto nominal y la envergadura de los involucrados, fue elevada a la firma del secretario Feletti. Una amplia y pertinente difusión de la sanción al "cártel de la harina" ayudaría a rediseñar los límites de un diálogo que la población percibe improductivo. Al menos, para las mayorías populares.