El juez federal Claudio Bonadio, que investiga a la Presidenta y su círculo más cercano por presunto lavado de dinero, se adentra cada vez más en la intimidad de los negocios familiares: ahora pidió que le mandaran desde el Sur copia certificada del expediente de la sucesión de Néstor Kirchner.

La solicitud fue girada a Santa Cruz a fines de la semana pasada. La causa de Bonadio, uno de los jueces más enfrentados con el Gobierno, partió de irregularidades de la firma Hotesur, de la que Cristina Kirchner es accionista, y apunta a supuestas maniobras de lavado en sus negocios hoteleros.

La lista de los investigados incluye a la Presidenta; sus hijos, Máximo y Florencia; su sobrina Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner); el empresario patagónico Lázaro Báez y su hijo Martín; el socio de Máximo Kirchner en el negocio inmobiliario Osvaldo Sanfelice, y Adrián Berni, ejecutivo de Báez.

Bonadio ya pidió las declaraciones juradas de todos ellos, que aparecen vinculados a las empresas sospechadas, y allanó las oficinas de Hotesur. Ahora, quiere saber qué información tiene el expediente de la sucesión de Néstor Kirchner. Difícilmente aparezcan bienes o negocios no informados en los registros o declaraciones juradas, pero Bonadio podría dar con detalles de las operaciones de la familia no informados en los documentos que tiene hasta el momento.

El kirchnerismo acumula muchos procesos judiciales en su contra, pero este caso preocupa especialmente a la Casa Rosada. Apunta contra el epicentro del poder, no tiene que ver con decisiones políticas sino con negocios particulares y está en manos de un juez peligroso para el Gobierno. La semana pasada funcionarios oficialistas temían que Bonadio reabriera el año, después de un mes de feria, con un llamado a indagatoria de Máximo Kirchner. Eso no pasó y, según fuentes del juzgado, no están dadas las condiciones en la causa para una medida semejante.

Por el momento, Bonadio está juntando documentación. En el juzgado afirman que el análisis de los registros contables va a llevar un tiempo más y que sólo después se evaluarán posibles citaciones.

Por lo pronto ya se hicieron de una copia de la documentación que reunió el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart en otra causa que, en paralelo, investiga también a Hotesur. López Biscayart analiza si se evadieron impuestos mientras Báez se encargó de la administración de hoteles de la familia Kirchner.

En cuanto a la causa de Bonadio, a partir de anomalías registrales en Hotesur (tales como la falta de presentación de balances), el juez empezó a avanzar siguiendo la hipótesis de supuesto lavado realizado a través de esta firma y de Valle Mitre SA. Hotesur es la sociedad con que la familia Kirchner controla el hotel Alto Calafate y el resto de sus hoteles en la Patagonia. Valle Mitre es la empresa de Báez que durante años gerenció los hoteles de la Presidenta y la que le pagó millones de pesos por cientos de habitaciones que jamás usó.

EN GUERRA

Durante muchos años, Bonadio y el kirchnerismo habían convivido sin conflictos, pero en los últimos tiempos este juez se convirtió en una pesadilla para el Gobierno. Procesó al vicepresidente Amado Boudou por los papeles de un auto y citó a indagatoria a Alfredo Scoccimarro (vocero presidencial) y Juan Manuel Abal Medina (ex jefe de Gabinete) por un spot publicitario contra Mauricio Macri. Estaba a punto de procesarlos cuando la Cámara Federal lo sacó de la causa. Además, ordenó la captura de Ricardo Jaime, procesó a Guillermo Moreno y allanó la Unidad de Información Financiera. A todo esto se suma ahora el caso Hotesur.

El año pasado el kirchnerismo intentó destituirlo, pero no consiguió los votos en el Consejo de la Magistratura para abrirle un juicio político. Sí logró, con la mayoría que tiene en la Comisión de Disciplina y Acusación, aplicarle una multa.

Además, lo denunció penalmente. El senador kirchnerista Marcelo Fuentes lo acusó de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. La base de esa denuncia coincidió con lo que había adelantado la Presidenta vía Twitter: que mientras la acusaba a ella, Bonadio tenía participación accionaria en una empresa que adeudaba balances.

El primer paso de todo expediente es enviárselo al fiscal para que decida si hay elementos para abrir una causa. El fiscal al que le tocó el caso, Eduardo Taiano, dilató esa decisión con un pedido de "medidas previas", que todavía están en trámite. Pero Taiano ya no es más el fiscal de la causa. Estaba subrogando esa fiscalía y fue reemplazado por uno de los nuevos suplentes que nombró la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Además, en medio de todos estos cruces, la semana pasada Bonadio denunció una amenaza de muerte que se investigará, también, en el convulsionado fuero federal.

CRUCE DE ACUSACIONES

Claudio Bonadio lleva más de 20 años como juez. Al principio no tuvo mayores conflictos con el kirchnerismo, pero ahora quedó identificado como el enemigo judicial número uno En los últimos dos años firmó múltiples allanamientos, indagatorias y procesamientos contra el Gobierno. Ahora, investiga a la Presidenta y su familia El kirchnerismo lo denunció ante el Consejo de la Magistratura y reactivó viejas denuncias contra él que durante años habían quedado en el olvido. También lo denunció penalmente, en una causa que aún no tiene impulso fiscal La semana pasada, el juez denunció una amenaza.