Tras años plagados de hechos gravísimos, para el ministerio que conduce Alejandro Cornejo D’Andrea, los problemas adquirieron dimensiones explosivas: casos de narco-policías, innumerables denuncias por torturas, vinculación de efectivos con crímenes, venta de drogas o privilegios carcelarios y una violenta interna empujaron a que se tomen medidas al respecto.

Desde 2013, cuando desembarcó en el ministerio reemplazando a Eduardo Sylvester, el licenciado en Administración de Empresas, fue parte de cambios que abrevaron en una reforma reaccionaria de la contravencional, una estrategia para el microtráfico, además de un equipamiento tecnológico que implicó un negocio millonario con Telmex (54 millones de dólares), y una campaña para legitimar a la institución policial, la cual buscó que la opinión publica dejara de reflejar a una policía brutal y muestre a una institución amable y divertida, tal como quedó plasmado de manera bizarra con el polipato (un disfraz de pato que a su vez estaba vestido de policía para entretener a los niños).

A pesar de estos intentos por lavarle la cara a la fuerza, los problemas lejos estuvieron de disminuir y más bien se fueron propagando, lo cual conformó un complicado panorama, diferente al que tenía Cornejo, años atrás, cuando era el exitoso gerente de una empresa española. Una explicación de la profundidad de la crisis tendría que tener en cuenta lo que viene a continuación.

La tajada mayor

Hacia fines del año pasado se ratificó a Marcelo Lami en la jefatura policial. La decisión no fue caprichosa ni descabellada; más bien, fue la muestra cabal de que Lami es el único que, en cierto modo, puede “regular” el funcionamiento de una caja recaudatoria clave como la que obtiene del comercio de drogas. Es por esto que otorgarle nuevamente ese lugar no sólo significó un premio para él sino que también implica tener un hombre empapado en el tema, cuyo pasado reciente estuvo en el vértice de Drogas Peligrosas -donde logró alcanzar relaciones de suma importancia- y que ya demostró su capacidad para manejar una fuerza con tipos de una calaña que asustan pero que cumplen, a su manera, con el funcionamiento que actualmente necesita.

En la basta constelación de problemas, quizás el norte provincial sea el más significativo, ya que hablamos de jurisdicciones de frontera donde más crudamente se siente la violencia; donde algunas veces se desbordó todo, como ocurrió por ejemplo con el triple crimen de Acambuco en 2012. Teniendo en cuenta esto es que ya se llevaron a cabo reuniones entre el director general de Investigaciones, Lucio Tolaba y Sergio Suárez, el director de la Unidad Regional 2 (la que interviene en el norte) para establecer un celoso control de la zona. Una tarea para nada sencilla, puesto que para garantizar la “paz social” deben garantizar la clásica labor de amedrentar y, si la situación lo amerita, reprimir las eventuales protestas.

En general, con las 700 incorporaciones a la fuerza de este año, quedan bajo el mando de Lami más de 13 mil efectivos que aproximadamente llevan a cabo más de 1.500 intervenciones por día en toda la provincia.

La interna

Los violentos cimbronazos en la vida interna policial son inocultables. Es conocida la intensidad de estos choques, tal como quedó de manifiesto el año pasado, cuando al fiscal Vilar Rey no le tembló el pulso para pedir la prisión de un hombre ligado a Lami: el jefe de Robos y Hurtos de la Brigada de Investigaciones o cuando, en otra oportunidad, difundió la altísima cantidad de denuncias por apremios ilegales que estaban registrados en la fiscalía de Asuntos Policiales.

La relativa autonomía de la Brigada de Investigaciones y la división Drogas Peligrosas venían trayendo enormes quilombos. Anteriormente ya se había tomado la decisión de separarlos de tareas relacionadas a criminalística (pasando la potestad al CIF) y ahora se anunció que pasarán a cumplir su labor centralizados en las comisarías. Si bien Cornejo declaró que estos cambios permitirán que haya “detectives e investigadores” en cada comisaria, nada dijo sobre la razón de fondo del movimiento. Ocurre que la autonomía que había conseguido la Brigada era muy amplia y se tornaba incontrolable: miles de casos referidos a robos (de todo tipo), investigaciones sobre venta de alcohol, búsqueda de personas, trabajos de inteligencia, prostitución y drogas, todo pasaba por ahí.

No hay que olvidar un frente que, también, puede producir fuertes turbulencias en el inframundo policiaco: la conocida pugna que tiene la fundación Azul, una institución liderada por el policía retirado Rodolfo Serrano, quien es cercano al romerismo y busca sindicalizar a un sector de las fuerzas. Esta facción impulsó la última huelga policial y junto con los juicios que comprometen a efectivos, como el que inicia en marzo y tiene a los policías torturadores de Güemes como protagonistas, son frentes con un posible desenlace explosivo.

Un aspecto adicional tiene que ver con una reveladora instancia particular reciente, en la que ante los ojos de todos quedó en evidencia la existencia de servicios de inteligencia paralelos a la D2. Fue la derivación que trajo el caso del playero donde salió a luz una banda que operaba en el sur provincial y estaba compuesta por efectivos de la Unidad Regional 5  que fueron vinculados con la muerte del muchacho de El Galpón. Finalmente se pudo conocer que no tenían relación alguna con el crimen y su vinculación venía por una interna: buscaban aleccionarlos por no haber pasado la cometa correspondiente. Para armar esta operación fueron necesarias maniobras clandestinas que, según indican fuentes off the record, tenían por atrás al exjefe, Mario Paz, quien a la vez buscaba embarrarle la gestión a Lami.

Todavía es imposible saber al detalle cómo están organizados los servicios, pero es sabido que la policía no puede operar sin grupos que realicen tareas de inteligencia; la D2, el insondable organismo de servicios oficiales salteño junto a grupos paralelos, como quedó demostrado, no deben perderse de vista por dos sencillos motivos: se trata de aparatos con recursos para realizar grabaciones de llamadas telefónicas, sobornos, utilizar informantes y tienen vínculos fluidos con el poder político.

Microtráfico, el dato y la redonda

Con el objetivo de mostrarse como un gobierno activo en el “combate al narcotráfico”, se decidió que, desde principios de 2014, el estado provincial interviniese en causas vinculadas con el microtráfico, o dicho en otras palabras: se puso en práctica la estrategia de perseguir la venta al menudeo. Los resultados en estos dos años son concluyentes: la policía incautó apenas 20 kg de cocaína. El resto de las confiscaciones fueron más de 300 kilos de marihuana.

De todas maneras no es todo lo sorprendente. Resulta alarmante que se hayan abierto alrededor de 5.200 causas, un dato que habla por sí mismo respecto al enfoque de la política oficial: armar causas a perejiles, que en su mayoría son adictos, o venden de manera minorista y consumen sin gastar dinero pero que ni por asomo están en movidas importantes de tal o cual sustancia.

El aumento de detenciones -desde la implementación de la ley de desfederalización de causas contra el narcotráfico- profundizó la crisis del sistema carcelario. Con una superpoblación abismal, entre el periodo 2014 y 2015, Salta llegó al primer lugar en el NOA en cuanto al número de presos provinciales alojados; casi 2.500 reos, superando holgadamente a Tucumán y Jujuy.

A la capacidad de las cárceles, se debe agregar las continuas muertes dudosas (al menos 4 el año pasado), grescas, suicidios y la aparición en escena de un tipo peligroso para el poder como Marcelo Torrico. El hombre culpable del brutal crimen de los hermanos Leguina, contó que adentro del penal de villa Las Rosas funciona una “mafia” interna conformada por guardiacárceles y presos que gerencian la venta de privilegios tales como celulares, celdas vip, drogas, alcohol, armas o visitas exclusivas. Además, advirtió que su testimonio puede comprometer a varios “peces gordos” del poder.

La apremiante crisis del sistema carcelario se engloba, a su vez, con la crisis de fondo que envuelve a todas las fuerzas de seguridad. La cuestión es compleja y no pasa por aumentar presupuesto, ya que en 2016 manejarán la nada pequeña suma de $ 3 mil millones, ni por llenar la cárcel de perejiles, ni excarcelar a procesados o meter mayor presencia policial en las calles.