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EUGENIA RODRÍGUEZ

El bolsillo se vació antes de fin de mes y quedó corto para comprar alimentos y medicamentos esenciales, no alcanzó para el mes de alquiler, se trabajó casi exclusivamente para pagar el bondi al trabajo, el financiamiento con tarjeta de crédito fue -muchas veces- la única forma de poner comida en la mesa, mientras el despido sin causa y la no registración afectaron cientos de puestos de trabajo: la realidad de las familias argentinas en 2024 estuvo atravesada por un mayor deterioro de las condiciones de vida que, en números, implicó caídas de dos dígitos en el consumo masivo sumado a la alarmante realidad social de quienes ya no tienen de dónde rascar la olla.

A su vez, el balance económico del año que termina se combina con la incertidumbre y el cansancio, y son pocas las expectativas de mejora para 2025. Sobre ello, datos privados anticipan que, de cara a los próximos meses, la preocupación principal tiene que ver con la reducción de los propios ingresos lo que, sumado al derrotero de la inflación, abarcan a más de la mitad de las familias. Verse obligados a ajustar aún más el nivel de vida y la posibilidad de perder el trabajo también marcan el termómetro de lo que viene.  

Todo ello tiene sustento si se considera que, en este primer año de gobierno de Javier Milei, el 33% de los jóvenes, el 27% de los adultos y el 18% de los adultos mayores, estuvieron desocupados por lo menos una vez en el último año. La cantidad de desempleados creció en 268 mil personas y sobre todo aumentó (1 de cada 4) la cantidad de quienes tienen empleo pero buscan ocuparse más por la necesidad de reforzar los ingresos del hogar. Así, el 25% lleva buscando entre seis meses y un año en una coyuntura donde los salarios del sector privado cayeron 1,5% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, y los del sector público descendieron incluso 16,1%. El Salario Mínimo, Vital y Móvil ($279.718 desde diciembre por definición unilateral del gobierno) fue el gran perdedor: cayó 28% siendo "la mayor contracción desde las hiperinflaciones de fines de los '80”, según CIFRA-CTA.

Balance 2024: bolsillos flacos y más privaciones 

El impacto de la devaluación de 118% de inicios de la gestión actual, con ingresos que vienen en caída libre desde al menos la última década, sumado a la pérdida de fuentes laborales y el ajuste estatal a lo largo de todo el 2024 generaron que, para la mayoría de las familias argentinas, sea prácticamente imposible llegar a cubrir el costo de vida básico. El resultado: un mayor peso de los gastos fijos (alquileres, expensas, servicios públicos) sobre las economías domésticas con cambios en los hábitos de consumo a través de compras más chicas, búsqueda de precios, uso de diferentes medios de pago, planificación por descuentos y cambio a segundas y terceras marcas, junto con un mayor endeudamiento para la subsistencia cotidiana.

Un aspecto clave tiene que ver con el acceso a los alimentos. “La situación de inseguridad alimentaria experimentó un incremento sostenido entre los hogares de estratos bajos, con un fuerte incremento en 2024 entre los de estratos muy bajos”, analizaron desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina. En lo concreto, el presidente Milei avanzó con su proyecto de desregulación económica que incluyó la eliminación de mecanismos que buscaban garantizar un marco mínimo de protección -Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, observatorio de precios- en tanto que los precios de los alimentos aumentaron por encima de los ingresos pautados por el gobierno: a mitad de año un salario mínimo alcanzaba para comprar 118 porciones menos de guiso que siete meses atrás, según un informe del CELS. 

A eso se sumó la reducción de la asistencia a comedores y merenderos comunitarios, en una coyuntura donde -según UNICEF- un millón de niños y niñas se van a dormir sin comer en nuestro país, y el 65% de las familias se vio obligada a hacer recortes en su alimentación en estos meses. “Miles de cocineras, cuidadoras, trabajadoras comunitarias, a pesar de tener el ingreso congelado en 78.000 pesos, revuelven la olla todos los días en comedores del país, pese a que los alimentos del gobierno nunca llegaron a los centros comunitarios”, alertó el comunicado de fin de año de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)

Mientras el índice general de precios (IPC-INDEC) evidenció en los últimos meses del año una desaceleración de la inflación vinculada a la fuerte contracción en el consumo de esos bienes esenciales, el gasto en vivienda y servicios (electricidad, agua, gas) lideró las subas con impacto de los recortes de subsidios y el alza tarifaria. Al respecto, lo destinado al pago de tarifas creció considerablemente en las familias argentinas, superando el 400% de suba solo en el primer año de gestión de La Libertad Avanza (LLA): en diciembre un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gastó $143.819 pesos para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar, esto es 402% más que en diciembre 2023.

Los datos relevados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA) muestran que lo que más se incrementó fue el gasto de transporte (+601%) respecto fines del año pasado, seguido por gas (+531%), agua (+331%) y energía eléctrica (+268%). En esta coyuntura, la canasta de servicios públicos duplicó su peso en los salarios registrados pasando del 6% en diciembre del año pasado al 12% este mes. Esto tiene sus efectos concretos en los hogares argentinos ya que el 27% indicó que no pudo pagar alguno de los servicios en el año. A contramano, el gobierno nacional ya anticipó que el 2025 llegará con nuevos aumentos en las boletas de luz (1,6%) y gas (1,8%) desde enero, en tanto que estaría previsto un nuevo recorte en la cobertura de subsidios vigente, ajustando aún más el número de beneficiarios. 

El mayor peso de dichos gastos golpeó con más fuerza a los hogares inquilinos. En apenas siete años la cantidad de familias que dependen de un alquiler para tener un techo donde vivir subió de forma sostenida configurando un panorama en el cual, al menos, 10 millones de personas alquilan en el país. Pese a ello, mediante el DNU 70/23 la gestión libertaria derogó la Ley Nacional de Alquileres, desregulando por completo el acceso a una vivienda. El resultado, tal como relevó este medio a lo largo del año, fue la firma de contratos por plazos de seis meses a un año, la actualización trimestral de precios y definidos con los más diversos criterios (IPC, el precio del combustible, entre otros), la dolarización de los pagos, y mayores cargas en gastos extraordinarios para el inquilino. 

Esto generó un empeoramiento de las condiciones de vida: el 62% de esos hogares tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, el 40% destina más de la mitad de su salario a pagar el alquiler, el 60% está atrasado con el pago de servicios básicos, a la vez que el 70% se endeudó para poder pagar el alquiler y uno de cada tres hogares inquilinos (36%) vive en condiciones de hacinamiento. Se suma que, según la encuesta realizada por ACIJ y otros espacios, el 10% de las personas inquilinas desocupadas están en riesgo inmediato de ser desalojadas. 

En la misma línea del ajuste familiar en consumos de la canasta básica, las y los trabajadores argentinos se vieron obligados también este año a recortar gastos en atención médica y medicamentos. En detalle, un tercio de las familias tuvo que recortar dichos, incrementándose más de tres puntos los hogares que realizaron recortes en atención médica u odontológica. De igual manera, el 29% no pudo acceder a la compra de todos los medicamentos necesarios ya que “se observa en todos los estratos un incremento importante en las dificultades para acceder a medicamentos por motivos económicos, también más acentuado entre los hogares de nivel socioeconómico bajo y muy bajo”, detalló el informe "Subsistencia económica de los hogares y la población" (ODSA-UCA). Los hogares sin cobertura social o de jubilados registran una mayor suba en este indicador debido a la política oficial de ajuste en la cobertura de medicamentos para los adultos mayores.

Mientras las familias gastan menos en comida y salud, hacen malabares para cubrir el bondi al trabajo y conseguir un techo donde vivir, la autorregulación el mercado muestra -como otra cara del mismo programa económico- una problemática creciente: el sobreendeudamiento familiar y la imposibilidad de hacer frente a esa deuda, con el agravante de intereses usureros frente a la vulnerabilidad social y la necesidad de llegar a fin de mes, recesión económica mediante.

De esa manera, el 62% de los hogares inquilinos está endeudado para pagar alimentos y el alquiler. Se suma que, de acuerdo con la Encuesta Nacional Inquilina, el endeudamiento para pagar tarjetas de crédito (principal fuente de deuda familiar) aparece en el 54% de los casos, a la vez que el 31% no tiene sólo un acreedor, sino que posee deudas con dos, tres o más entidades al mismo tiempo, combinando deudas con tarjeta de crédito, plataformas y modalidades informales. Un aspecto no menor: el 58% no conoce la tasa de interés que paga por las deudas que contrajo. Así las cosas, el negocio financiero -sobre todo vía plataformas digitales desreguladas- genera alarma sobre las consecuencias del acceso a crédito “fácil” pero caro, un esquema directamente funcional al incremento de la pobreza y la indigencia en la sociedad. 

¿Cómo finalizan el año? La pregunta realizada por una consultora de empleo en un relevamiento al cierre de 2024 grafica el estado de situación actual: casi un 90% de los trabajadores tiene síntomas de estrés y entre las principales causas se encuentran no conseguir empleo, la situación económica del país y las dificultades salariales (suman más del 70% de las respuestas).

Proyecciones 2025, con sabor a poco

El gobierno nacional apuesta a sostener en 2025 un programa económico atado al equilibrio fiscal, pero a costa de una economía real con caídas significativas, con un consumo golpeado (cayó 20% en noviembre, similar a octubre 20,4% y septiembre 22,3%, y con once meses en rojo, según Scentia) y deterioro del poder adquisitivo de los ingresos, pérdida de puestos de trabajo y parálisis productiva en sectores clave (se destruyeron más de 11.000 firmas). 

En este escenario, funcional al objetivo del oficialismo de sostener la desaceleración inflacionaria vía apreciación cambiaria y apertura, el gobierno anticipó además que continuará con una serie de reformas -impositiva, laboral, previsional- mientras que volverá a prorrogar por segunda vez el Presupuesto de 2023, sosteniendo el manejo discrecional de las partidas. 

Por su parte, la preocupación central de las familias sigue siendo cómo llegar a fin de mes. Las y los trabajadores lejos están de ver una mejora en su situación económica en el corto plazo, por el contrario, hay una percepción en general pesimista, especialmente porque si bien se evalúa “una recuperación gradual de ingresos formales” al mismo tiempo su impacto se centra en “niveles socioeconómicos altos”, según anticipó una encuesta de la consultora de consumo Shop App.  

De cara a los próximos meses la preocupación principal personal/familiar es la reducción de los propios ingresos (31%) lo que sumado a la suba de la inflación llegan a casi el 60% de las respuestas. Se agrega tener que ajustar el nivel de vida y la posibilidad de perder trabajo y/o de no conseguir empleo. Lo anterior coincide con lo que demandan las y los trabajadores para 2025 que, informó Adecco, está atado en más de la mitad de los casos a la estabilidad económica del país, para pensar en una posible mejora salarial y tener menor incertidumbre sobre el propio empleo.