La Fiscalía de La Paz imputó a tres mineros, entre ellos el líder de las cooperativas del sector, Carlos Mamani, por el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, dijo que un grupo de fiscales imputó a Mamani, Carlos Castro y Julián Pinto, "quienes fueron plenamente identificados como actores materiales e intelectuales del asesinato” del funcionario.

Mamani, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Minera (Fencomin), fue imputado "en grado de autoría" por asesinato, robo agravado, organización criminal, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y por tener explosivos, según un comunicado difundido por la agencia EFE.

El asesinato se castiga en Bolivia con una pena de 30 años. Castro y Pinto están acusados de los mismos delitos pero en grado de complicidad.

La imputación señala que Illanes fue asesinado el jueves tras haber sido secuestrado por mineros cuando se dirigió al bloqueo de rutas en la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz, junto a su escolta y un chofer, en busca de mediar en el conflicto.

Según la Fiscalía, los tres imputados, junto a un centenar de mineros, "secuestraron al viceministro para llevarlo a la comunidad de Belén en el cerro Pucara, donde con alevosía, ensañamiento y premeditación le quitaron la vida a golpes".

La autopsia practicada a Illanes reveló lesiones en los centros nerviosos superiores, una lesión vascular y nerviosa, hemorragia subdural, edema cerebral, traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo facial, torácico, genital y de extremidades.

La comisión de fiscales del caso tomó declaraciones, reunió actas de allanamiento, requisas y otros elementos de convicción que apuntan a los imputados como los presuntos autores de los delitos imputados, según el comunicado de la Fiscalía de La Paz.

En enfrentamientos con la Policía, además, murieron los mineros Severino Ichota, Fermín Mamani y Rubén Aparaya Pillco, por disparos de armas de fuego, aunque el Gobierno insistió en que los agentes no tenían permiso para portar armas letales en los desbloqueos.

Con sus protestas, los mineros de Fencomin exigían la anulación de una ley que permite la formación de sindicatos en las cooperativas, lo que consideran perjudicial para esas entidades.