"Desestabilizadores y antidemocráticos", les dijo a los maestros el intendente Néstor Di Pierro, ausente desde hace días en el conflicto y reaparecido en este día presuntamente clave.
Con todo ese ruido sonando, el Ejecutivo se ha replegado en Fontana 50, a pesar de que sus enfervorizados sostenedores han puesto sobre el escenario una cuestión tan delicada como su capacidad propia para sostener la gobernabilidad del sistema institucional.
El problema que enfrentan los operadores del FPV es que ni la justicia electoral se ha mostrado inquieta ante la situación, un dato que le quita mucho sustento a la preocupación extrema que caldea los ánimos del kirchnerismo comodorense, que no ha hallado una sola solución factible para un conflicto que ya lleva cuarenta días largos y que si bien puede mostrar rasgos intransigentes en los maestros, también revela la notoria incapacidad de los funcionarios para resolver el problema, cuestión que también trata de ocultar la santa indignación exhibida por estas horas.
Di Pierro, por ejemplo, sólo se ha ocupado a fondo hasta ahora en manotear fondos de la renta petrolera para su gestión municipal, pero nunca pensó incluir ni a la educación ni a la salud pública en ese esquema renovado. Igual conducta siguió el Sindicato de Petroleros Privados, que también de la renegociación petrolera obtuvo beneficios para sus afiliados.
Ninguno de los protagonistas, se reitera, expresó en esas negociaciones por más y más recursos, preocupación alguna por derivar parte de esos fondos para el funcionamiento del Hospital Regional, por ejemplo.
Hoy, con la elección encima y desvelados por mejorar la perfomance de las PASO, el intento de aprovechar políticamente el posible cansancio social frente a la paralización del sistema educativo es más que evidente.
Sólo cuando se abran las urnas el domingo se verá si la estrategia arrojó los resultados que se buscan. Y si no, la culpa de la derrota la tendrán los maestros.
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