No obstante, y para reforzar el vallado legal, el lunes pasado, la abogada, Andrea Astudillo Rizzi, integrante del staff de sus defensores, presentó dos recursos destinados a desplazar a la fiscal penal que lo acusó y a declarar la nulidad de la nueva imputación realizada en su contra

Aunque recién ayer se conoció oficialmente la apertura de una nueva causa penal en contra de Romero por el delito de enriquecimiento ilícito, lo cierto es que la imputación se hizo el viernes 5 de diciembre a partir de un decreto de audiencia de imputación realizado por la fiscal penal, Mónica Poma, de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos.

En un extenso escrito, del cual Romero fue notificado el mismo 5 de diciembre, la fiscal presentó un pormenorizado detalle de los bienes que Romero adquirió o incrementó de manera sospechosa durante su gestión como gobernador, entre los años 1995 y 2007.

En virtud de ello, la fiscalía entendió que existen elementos suficientes para presumir que Romero se enriqueció de manera ilícita a costa del estado provincial, por lo que abrió de oficio una investigación penal para establecer la posible comisión delictiva del senador nacional.

De esta manera, las causas penales por corrupción abiertas contra el ex gobernador ascendieron a nueve, en las cuales a Romero se le adjudican numerosos delitos, entre ellos los de “peculado, incumplimiento de deberes de funcionario público, fraude, estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, uso de información reservada, asociación ilícita” y ahora “enriquecimiento ilícito”.

Planteos

Ante esta nueva investigación, la defensa de Romero confía que sus planteos para que la Justicia no avance sobre la apertura de datos bancarios vinculados a la ruta del dinero en los negociados sospechados sirvan también para frenar cualquier avance por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos.

Sin embargo, fuentes judiciales revelaron que la presente causa por enriquecimiento ilícito es más preocupante, puesto que el delito en cuestión tiene una particularidad muy especial.

Resulta que cuando un funcionario es imputado por este delito, la carga probatoria se invierte y es el acusado quien debe presentar ante la Justicia las pruebas documentales de que su enriquecimiento no guarda relación con su paso por la función pública.

Por esta razón, la estrategia defensiva se completó con una recusación y planteo de nulidad. Así, Romero espera que no haya movimientos en el expediente hasta el próximo año, tiempo suficiente para ensayar otros planteos dilatorios.

No obstante, ante esta nueva imputación Romero enfrenta un serio problema, pues su nombre, el de sus familiares y otros personajes estrechamente vinculados a su entorno, aparecen en la formación de sociedades transitorias, operaciones inmobiliarias y comerciales que le permitieron al ex gobernador incrementar su patrimonio.

El apuro del ex gobernador por frenar esta causa se debe, en gran manera, al hecho de que la investigación se lleva adelante bajo las previsiones del nuevo Código Procesal Penal, el cual no sólo deja en manos de la fiscalía la dirección de las pesquisas sino que el proceso tampoco admite los recurrentes planteos dilatorios, de los que el senador nacional suele valerse para dilatar la tarea de la justicia penal.