La diversificación de bloques en el Concejo Deliberante de Salta capital se está volviendo un problema para el Poder Ejecutivo que encabeza Miguel Isa. Hace una semana, en una ajustada votación que desempató Socorro Villamayor (Frente Salteño), quedó abortada la iniciativa del gobierno municipal de crear una Dirección General de Valuación Catastral Municipal que permita modificar el criterio para el pago de tasas inmobiliarias. Según el autor del proyecto, Fernando Echazú, el propósito consistía en reemplazar el sistema de zonificación, por otro más equitativo, que tome en cuenta el valor real del inmueble. “Una casa en Tres Cerritos que vale 2 millones de pesos, paga lo mismo que otra en el mismo barrio que vale 700 mil pesos”. Echazú fundamentó su proyecto en que “se cumplan los principios establecidos en el artículo 58 de la Carta Municipal, de legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, progresividad, simplicidad y no confiscatoriedad”.

El trámite parlamentario había sido seguido de cerca por el secretario de Hacienda Carlos Abeleira y otros funcionarios, que descartaron la posibilidad de una rebaja drástica de impuestos que proponía el partido Obrero. Socorro Villamayor afirmó que no era más que “un nuevo impuestazo”. La concejal lo comparó con el proyecto de revalúo que el intendente Isa quiso dejar en manos de la empresa Magna, en 2008, que fue declarada inconstitucional por la Corte salteña, y se opuso a la idea de efectuar un rastreo aéreo para detectar mejoras en los edificios de la ciudad. “La reforma del Código Tributario Municipal dejaría de aplicar los valores fiscales establecidos por Inmuebles, que son bajos, aún así la presión tributaria que se ejerce sobre los vecinos de Salta es una de las más altas del país”, enfatizó.

La auditoría

El otro conflicto se produjo con la auditoría que se propone sobre la administración de los fondos para becas y subsidios durante los dos años en que Tomás “Turi” Rodríguez fue presidente del cuerpo. El origen de la controversia radica en que esa parte del presupuesto, cuyo monto se estima en alrededor del 12 millones de pesos, nunca tuvo rendición de cuentas. Aunque el Ejecutivo comunal considera que esa discrecionalidad está contemplada en la misma ordenanza de origen, lo cierto es que esos fondos parecen haberse constituido en un “agujero negro”. El presidente del Concejo, Ricardo Villada, emitió la Resolución de Presidencia 76/14, en la que solicitó al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y a la UNSa asesoramiento profesional para una “auditoría de procedimientos ... a fin de lograr una conveniente implementación del sistema de administración financiera”. En el recinto, los opositoras y en especial, el PO, se entusiasmaron y sancionaron la resolución 172/14 creando, directamente, una auditoría externa. La Carta Municipal y la Constitución provincial consideran que esa tarea solo corresponde al Tribunal de Cuentas Municipal. Los concejales ya querían designar los contadores que estarían a cargo de esa tarea. El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Organismos de Contralor de todo el país hizo llegar una resolución, firmada por representantes d casi todas las provincias, calificando a la resolución 172/14 como un hecho de “gravedad institucional” y pidiendo su revisión. Al mismo tiempo, el Consejo Profesional salteño, respondió que la auditoría pedida corresponde al Tribunal de Cuentas.

“Villada dispuso una auditoría de los procesos contables y administrativos que se siguen en el CD para tener un conocimiento cabal de cómo ha recibido la administración financiera, patrimonial y contable. Lo que se ha aprobado es violatorio de la ley y no cumple con los requisitos esenciales de todo proceso de auditoría”, opinó Echazú. En un comunicado, el PO afirmó que “un Tribunal de Cuentas "ciego' se opone a la auditoria del Partido Obrero”.

“Como siempre, con tanto entusiasmo, el PO va a conseguir que nadie investigue cómo usó esos fondos el Turi”, se lamentó un concejal de gran protagonismo en este debate”