“No seríamos sinceros si no planteásemos en este momento la necesidad de no perder de vista que la inseguridad crece en Río Negro y que hechos como este también se enmarcan en la inseguridad reinante en nuestras localidades, mal que le pese al Gobierno, que rápidamente busca tirar la pelota fuera, haciéndonos creer que este delito, cuyos autores oficialmente se presumen “profesionales” y “de afuera”, son inalcanzables por su política de prevención y seguridad, obviamente, si la hubiera”.

Lo que sigue es el comunicado textual del bloque de la oposición:

La inseguridad en Río Negro, vino para quedarse. Negarla no la resolverá. En la madrugada del domingo 30 de junio, se produjo un robo de singulares características. Por lo menos dos delincuentes ingresaron en el domicilio particular del Juez de Instrucción de Viedma Carlos Reussi, armados y luego de despertarlo, encerraron al magistrado y su familia en un baño, mientras se apoderaban de dinero y otras pertenencias. Según las autoridades policiales y judiciales actuantes, actuaron con gran profesionalismo y sin dejar mayores rastros.

Si este hecho fuese un robo común, es de por sí condenable, como lo son los cientos de robos que se producen de manera similar, no ya teniendo como victimas a un juez y su familia, tal vez con menos profesionalismo, pero que generan una fuerte sensación de desamparo en la población, cuando sienten en carne propia la creciente violencia, el miedo frente a un arma o a las amenazas de los delincuentes. Si por el contrario no fuese ya un robo común, y sí un mensaje amedrentador a un juez, la condena es más fuerte aún, porque pretende debilitar el accionar de una de las tres patas de la forma de vida republicana, cuya estabilidad y equilibrio permiten vivir en un estado de derecho.

El bloque de la Concertación para el Desarrollo – UCR no puede sino manifestarse en este sentido en solidaridad con la familia Reussi; pero seríamos injustos si no extendiésemos esa solidaridad al ciudadano común, al pequeño comerciante, al taxista o a la familia de agricultores que son víctimas de la inseguridad. No seríamos sinceros si no planteásemos en este momento la necesidad de no perder de vista que la inseguridad crece en Río Negro, y que hechos como este también se enmarcan en la inseguridad reinante en nuestras localidades, mal que le pese al Gobierno, que rápidamente busca tirar la pelota fuera, haciéndonos creer que este delito, cuyos autores oficialmente se presumen “profesionales” y “de afuera”, son inalcanzables por su política de prevención y seguridad, obviamente, si la hubiera.

Robos resonantes hubo muchos en la provincia, pueden dar cuenta de ello el Intendente de Río Colorado, Carlos Pilotti, el Integrante del Tribunal de Cuentas, Juan Huentelaf y hasta el mismo Vicegobernador Carlos Peralta, sumados a los sufridos por otros funcionarios y a los padecidos por cientos de rionegrinos cotidianamente.

El Gobierno debe asumir, que el “es gente de afuera”, o “eran profesionales”, o “es un hecho aislado”, o “no es un simple robo, es un mensaje” no parecen ya reflexiones serias, ni que apunten al meollo de la cuestión.

El gobierno, no puede ser un “relator” o “comentarista” de la realidad ni victimizarse. Debe actuar en proporción a la responsabilidad que detenta y para lo cual el pueblo lo eligió. Para que lo que ya ocurrió, no ocurra nuevamente, deben ocuparse, además de preocuparse de la grave inseguridad ciudadana existente.

La seguridad demanda políticas destinadas a luchar contra la inseguridad. Enfrascarse en un relato que coloca las responsabilidades en otro lado, es una estrategia vieja, desgastada e ineficiente.

Así, el Gobierno ve “sabotajes” en las escuelas que no funcionan por falta de mantenimiento, o cree que los jueces “no se deben apegar a la ley” cuando los menores cometen delitos, aunque después se quiera maquillar dicha expresión, o bien cuando se niegan irregularidades con las dobles percepciones salariales de los funcionarios del Gobierno, quienes de a uno comienzan a desmentir al propio Gobernador al presentar sus renuncias.

No pasa mucho tiempo, hasta que la realidad aniquila el relato; aún no sabemos si efectivamente este hecho de inseguridad afecta a la Justicia, pero de lo que sí estamos seguros es como la afectan otras actitudes que lleva adelante el propio poder político.

Y cómo no mencionar aquí el accionar del gobierno nacional, aplaudido a rabiar por nuestros funcionarios rionegrinos, que actúa por medio de leyes inconstitucionales o de actuaciones de sus organismos como la AFIP a modo de apriete, coacción o ajusticiamiento de quien cumple con su deber y cumple con la Constitución, desviándose del guión del relato oficial.

Por ello, sostenemos que la inseguridad es un gravísimo problema en Río Negro, y negarlo no será solución. Es necesario abordar el tema, que es muy complejo, seriamente escuchando todas las voces, ejecutando correctamente el presupuesto asignado al área, incorporado la tecnología que sea necesaria y demás acciones concurrentes; mientras tanto, observamos impávidos y asombrados, como nuestro Proyecto de Emergencia en materia de Seguridad integral ciudadana, duerme el sueño de los justos en los cajones de funcionarios y legisladores oficialistas mas ocupados por recitar el “relato oficial”, que por enfrentar los problemas y procurar solucionarlos”.