Tras los pasos de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, el Senado provincial se encamina a convertir en ley, la semana entrante, la adhesión de Salta al blanqueo nacional. El dictamen de la comisión de Hacienda anticipa una aprobación sin cambios del proyecto que obtuvo media sanción en Diputados el pasado 23 de agosto.

En la Cámara Baja, los bloques opositores presentaron duros planteos, pero la mayoría oficialista respaldó sin miramientos la iniciativa que el Gobierno provincial giró a la Legislatura. A diferencia de otras jurisdicciones, el texto de adhesión establecerá en Salta un impuesto del 10% adicional a los gravámenes especiales del 5 al 15% previstos en la ley de blanqueo que sancionó el Congreso a fines de junio.

En su rechazo al Régimen de Sinceramiento Fiscal habilitado por la ley 27.260, la bancada de diputados del Partido Obrero que encabeza Claudio del Plá manifestó que se premia a evasores, mientras el peso de los impuestos cae sobre los trabajadores y las clases medias.

El bloque Salta nos Une, por su parte, cuestionó los alcances legales de la adhesión y sostuvo que la iniciativa del Grand Bourg se montó sobre la ley nacional para crear un impuesto que encarecerá la exteriorización de capitales, acciones y otros bienes en la provincia.

La bancada que preside Carlos Zapata y que tuvo como miembro informante a Guillermo Martinelli en la sesión del 23 de agosto también objetó las condiciones que el proyecto en tratamiento prevé para evitar el pago de las alícuotas estipuladas en la ley 27.260. Según la norma nacional, quienes declaren tenencias en el marco de la amnistía que se abrió el pasado 1 de agosto y se cerrará el 31 de marzo de 2017 pueden entrar al blanqueo con costo cero a través de colocaciones en fondos de inversión o mediante la adquisición de dos bonos argentinos en dólares: uno a tres años, sin pago de interés e intransferible y el otro a siete años, que paga un interés del 1% anual y puede negociarse al cuarto año.

Uno de los artículos incorporados al proyecto de adhesión, sin embargo, establece que para no pagar las cargas impositivas en Salta las tenencias exteriorizadas en el marco del blanqueo deberán invertirse en proyectos de inversión productiva, inmobiliarios o energéticos que favorezcan el desarrollo de la economía local y que generen nuevos puestos de trabajo. La ley de adhesión de la Provincia impone esa condición sin tiempo, mientras que la norma de blanqueo nacional permite disponer de los fondos en tres (con el bono sin interés) o cuatro años (con el llamado bono mágico).

Según otro artículo incluido en el proyecto que el Senado salteño convertiría en ley el próximo jueves, el Gobierno provincial distribuirá el 15% de lo que recaude con el impuesto adicional entre los municipios. Esa cláusula también fue cuestionada en Diputados, ya que la ley 27.260 establece que los recursos generados con el sinceramiento fiscal se destinarán a pagar la deuda que el Estado nacional mantiene con 2,5 millones de jubilados, mientras que en la norma de adhesión se perfilan otros destinos para los fondos que se recauden con el gravamen complementario.