Mariano Beldyk

Los gobernadores de Juntos por el Cambio están dispuestos a votar la nueva ley ómnibus de Javier Milei pese a los nuevos cortocircuitos que afloraron en el vínculo entre Nación y provincias. Y aunque no hay una posición en común entre los mandatarios radicales y del PRO que esta semana tienen cita en Casa Rosada, sí hay coincidencias respecto a ciertos capítulos a revisar en el apartado fiscal. 

Este jueves, cuando acudan a la reunión convocada por el Gobierno pedirán cambios concretos en temas como Ganancias y Blanqueo a la par de ponerse al día con compromisos que no se respetaron. La estrategia es presentarse como un frente único más allá de las grietas que cruzan a la coalición en el plano legislativo.

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En rigor, hasta este martes 2 de abril no existía un work-in-progress de la nueva Ley Bases que circule entre las gobernaciones con el fin de revisar la letra de sus artículos para llegar con una versión depurada al recinto. Según comentaron fuentes provinciales a El Cronista, lo que se toma como punto de partida es el borrador que el Gobierno filtró mientras el Senado debatía la vigencia del DNU 70/ 2023 y las declaraciones periodísticas posteriores de los funcionarios.

Tampoco hay una fecha concreta para llevar al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo proyecto, aunque se habla de la segunda quince de abril. De ser así, el reloj ya empezaría a correr a partir de mañana, luego del fin de semana XXL, y la reunión del jueves en la Rosada sería el puntapié para empezar a construir los entendimientos necesarios que se traduzcan en votos que faltaron en la votación en particular de febrero pasado.

"Van a escuchar la propuesta", deslizaron a El Cronista desde el círculo de un gobernador norteño, en referencia al grado de predisposició con el que desembarcarán en la sede de Gobierno. Aseveran que, si bien no hay una postura única entre los diez mandatarios que aceptaron la invitación del Ejecutivo, "se encuentran en diálogo permanente" entre ellos. 

De momento, lo que funciona con la Casa Rosada son dos mesas de contacto que se formaron con el objetivo de concretar, esta vez, el objetivo de aprobar la Ley Bases. La mesa política es la que encabezan el ministro del Interior, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el asesor presidencial Santiago Caputo. Los interlocutores son los propios gobernadores o sus ministros de Gobierno. 

En paralelo, los ministros de Economía provinciales ya participaron de un encuentro en Economía con funcionarios de Luis Caputo, a cargo de este otro canal. Operan en forma simultánea para acercar posiciones en una serie de puntos sobre los cuales los jefes provinciales tendrán la última palabra. Tampoco en ese canal más técnico había novedades hasta hoy martes 2 al mediodía.

A priori, si bien todos los gobernadores de Juntos celebran el retiro de algunos temas ásperos como las retenciones -y el biodiesel en algunas provincias- persisten las diferencias en torno a la reforma de Ganancias, en general, y otros temas como el blanqueo o situaciones particulares donde emergen intereses propios de cada mandatario y su territorio.

Hay un punto central que sigue generando fricciones por estas horas y frente al cual no hay tampoco postura unánime aún dentro del subconjunto de gobernadores de Juntos por el Cambio: la restauración de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Incluso quienes coinciden con el Gobierno nacional en volver atrás con la eliminación dispuesta por el ministro de Economía Sergio Massa en 2023, no están en línea con el plan de Javier Milei.

Para el Gobierno, el futuro de la Ley de Bases así como la continuidad del mega DNU forman parte de un mismo acuerdo junto con la situación fiscal de los 24 distritos. De hecho, ven toda la negociación como un conjunto de acuerdos rumbo al Pacto de Mayo. No obstante, a diferencia de la primera batalla por la mega norma durante el verano cuando el espíritu de los libertarios era "a todo o nada", en esta oportunidad aceptan, en principio, analizar los capítulos y sus ítems por separado.

Según explicitó ayer el propio Francos en una entrevista en Radio Rivadavia, el proyecto de borrador de Ganancias que baraja el Gobierno contempla fijar un nuevo piso para el pago de Ganancias en $1,2 millones. El titular de Interior aseguró que se modificarán las escalas vigentes desde noviembre de 2023 y que la meta es que los nuevos segmentos paguen de manera proporcional a su ingreso. 

Así y todo, se calcula que podrían incorporarse un conjunto de trabajadores y trabajadoras superior a las 800 mil personas que se beneficiaron el año pasado con su eximición. Tampoco hoy el piso de $1,2 millones equivale al mismo monto de hace cinco meses. En marzo de 2024, la canasta básica que termina la pobreza en la Argentina -y sin contar el costo de los alquileres- se ubica en $690.901,57 acorde al INDEC. 

"Empieza a partir de la suma de $1,2 millones para arriba, pero siempre en el entendimiento de que los números más bajos de la escala hagan un porcentaje mucho menor. Hay algunos que hablan del 35% y esto no es así porque es un impuesto que establece una progresión", remarcó Francos. Y añadió que "si no se elimina" el pago del primer trimestre con la nueva ley "tiene que pagarse a fin de año", de forma retroactiva. 

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El número de la canasta básica no es azaroso; todo lo contrario, forma parte de la ecuación que estudian los gobernadores y la razón principal por la que la oferta del Gobierno no encuentra respaldo entre las provincias que barajan un piso de más del doble que la propuesta oficialista para la cuarta categoría de Ganancias. Apuntan a un ingreso que se aproxime a los $3 millones.  Y que el universo de trabajadores y trabajadoras afectados por su tributación no exceda el 3% del total de la población. 

No faltan quienes aún rechazan por completo la idea y prefieren la opción de evaluar una compensación a través de la coparticipación de otros impuestos, como el PAIS. En líneas generales, son los jefes provinciales del sur y el centro del país los que más resisten la nueva versión de Ganancias del oficialismo. Y esta postura, de hecho, excede a los mandatarios de Juntos por el Cambio, debido a los salarios promedios que se abonan en sus territorios.

Luego asoman otras situaciones en algunas provincias que orbitan entre las pujas bilaterales o cuestiones que hacen al impacto diferenciado de determinadas reformas sobre provincias específicas. Por caso, la discusión sobre el blanqueo genera distorsiones en Santa Fe que no se reproducen en otras provincias, en relación a la pelea en particular que dan contra el narcotráfico. Lo que reclama el gobernador Maximiliano Pullaro, por caso, no es bajarlo del acuerdo fiscal pero sí dotarlo de una mayor exigencia de transparencia para los fondos.

A la vez, con la Ciudad de Buenos Aires persiste una deuda del Gobierno nacional para regularizar el pago del 2,95% de Coparticipación federal que dispuso la Corte Suprema, cautelar mediante, así como el giro de fondos pendientes desde la administración de Alberto Fernández que Milei tampoco subsanó. 

Si bien Jorge Macri busca preservar los puentes con la Rosada, el tiro por elevación en las últimas horas contra Patricia Bullrich en su crítica a la superpoblación de presos en comisarias y alcaidías porteñas por delitos de índole nacional que el sistema federal no aloja adquiere otro tenor bajo el prisma de esta deuda y el compromiso no honrado hasta el momento que excede el enojo por la doble fuga ocurrida ayer en la Ciudad.

Y el gobernador de Santa Cruz, por caso, Claudia Vidal, también tensó la soga al amenazar con bajarse del Pacto de mayo si no atendían sus demandas  y que cese "el ajuste que le aplica Nación" a la provincia "en materia de educación y de salud".  La provincia sureña enfrenta el despido de casi 2 mil obreros de la construcción en la UTE Represas Patagónicas, la suspensión de 5 mil puestos petroleros, camioneros y obreros por parte de YPF -con la advertencia de los gremios de escalar el conflicto- tras el cierre de áreas bajo su órbita y la demora en el pago de sueldos por parte de la intervención del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), firma que el gobierno de Milei insiste en privatizar.

La pelea por los fondos previsionales con las provincias

Durante el último fin de semana, no solo las declaraciones de Milei a CNN en Español respecto a entender como un "error" el haber intentado dialogar con los gobernadores volvieron a caldear los ánimos en las provincias. También el avance de CAMMESA sobre las garantías de gobernaciones y municipalidades por las deudas energéticas pendientes por las cooperativas y firmas locales de distribución alimentaron el disgusto. Pero  fue la decisión del Gobierno, en la previa, de eliminar varios artículos del Presupuesto 2023 que actualizaban los giros de fondos de las ANSES a aquellas provincias que no transfirieron sus cajas previsionales las que causaron el mayor malestar.

Si bien todos los consultados lo entienden como la institucionalización de una decisión que ya que había efectivizado en la práctica antes, el gesto no pasó desapercibido. Todo lo contrario. En particular porque las provincias involucradas de Juntos ya se habían alineado con el pedido de Nación de someterse a una auditoría y armonizar la situación de las cajas, destacaron funcionarios provinciales a este medio. 

Seis de las 13 provincias afectadas por esta medida están en manos de gobernadores de Juntos por el Cambio. Y cinco de ellas -salvo Corrientes-, comandadas por mandatarios nuevos, que hasta suscriben en mayor o menor medida, con acciones propias, al ajuste puertas adentro de sus propias administraciones para ordenar las cuentas fiscales locales. 

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"Lo de las cajas no se entiende. Creo que el gobierno nunca quiso cubrir las deudas de las cajas. Aludiendo que el problema es de otras administraciones. Creo que van a intentar acordarlo hacia adelante", comentaron a El Cronista desde una de las gobernaciones dialoguistas.  

De ahí que el gesto irritara más que la consecuencia de la acción. Por eso los gobernadores de Juntos, al menos, decidieron no mezclar la negociación previsional, de momento, con el resto del acuerdo fiscal, la Ley Bases y el Pacto de Mayo. 

Eso no quita que, de no hallar un entendimiento que regularice la situación, acudan a la vía judicial en conjunto con el resto de las 13 provincias afectadas por la medida como hicieron en otras oportunidades. Aunque esto implique nuevas cautelares que abran batallas judiciales hasta la Corte.