La Argentina ya negocia oficialmente con Uruguay para acceder a una información que el Gobierno considera clave: los datos de los contribuyentes registrado en el país que tienen cuentas en las entidades financieras y bienes inmuebles registrados en el país vecino. Ya está acordado que la Administración Federal de Ingresos Publicos (AFIP) podrá obtener esa información desde el primero de enero de 2017. La novedad es que las negociaciones que entablaron los enviados del organismo que maneja Alberto Abad se encaminan a un acuerdo para que el Gobierno uruguayo les brinde a los inspectores de la AFIP datos de los argentinos con este tipo de inversiones en ese estado, pero hasta cinco años hacia atrás. No sería en todos los casos, sino en algunos donde especialmente se justifique desde Buenos Aires el requerimiento, a partir de las sospechas que se tengan sobre potenciales casos de evasión impositiva de grandes contribuyentes locales. Lo que se quiere evitar es el efecto "estampida" de dólares de argentinos en Uruguay, que ante el comienzo del acuerdo de intercambio de información obligatorio por haber firmado el compromiso ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) huyan de los bancos del país vecino hacia otros puertos "evasión friendly". Si la posibilidad de inspeccionar puede retroceder hasta las posiciones de 2013 hacia delante, prácticamente no habría escapatoria. 

La estrategia de negociar con Uruguay un acuerdo de aún mayor alcance que lo que dicta el tratado con la OCDE acordado con 101 países resulta para el Gobierno clave para el éxito del blanqueo. Se considera que en el sistema financiero del país vecino hay y hubo en tiempos de Uruguay como paraíso fiscal millones de dólares (quizá miles) no declarados ante la AFIP que fácilmente (previo acuerdo) podrían ser detectados. Esto, además de la existencia de bienes inmuebles en todo el territorio del país vecino (incluyendo obviamente Punta del Este), declarados en Uruguay pero no en la Argentina. 

Las negociaciones con los técnicos del país vecino las llevó adelante personalmente Alberto Abad el viernes pasado en Montevideo. Lo acompañó su "mesa chica": Horacio Castagnola, director de la Dirección General Impositiva; Ernesto Donato, subdirector general de Coordinación Técnico Institucional, y Marcelo Costa, subdirector general de Fiscalización. Se habló del alcance del Acuerdo para el Intercambio de Información Tributaria y Método para Evitar la Doble Imposición, Ambas Partes, y la manera en que técnicamente habrá intercambio fluido de información tributaria. Se terminó de cerrar que comenzará el primero de enero de 2017 y que habrá, además, más fluidez de información para casos de potencial lavado de dinero. 

Terminadas las negociaciones con Uruguay, que podrían llevar un mes más, la AFIP comenzará a trabajar sobre un acuerdo aún más importante para el intercambio de información. Será con los Estados Unidos, país que no firmó el pacto con la OCDE, pero discute y negocia directamente con los países interesados en obtener información tributaria de contribuyentes extranacionales radicados dentro de esos estados.

La AFIP quiere tomar contacto rápidamente con el Internal Revenue Service, la temida IRS, el organismo recaudador de EE.UU., donde se sospecha que gran parte de los dólares de evasión de la Argentina están o estuvieron depositados. Lo malo es que los Estados Unidos no están obligados a avanzar en estas negociaciones por no haber firmado el pacto con la OCDE. Lo bueno es que están liberados para acuerdos aún más profundos en cuanto al intercambio de información, pero dependiendo del grado de buenas relaciones que haya entre los países. Es obvio que el Gobierno de Mauricio Macri mantiene un nivel más que óptimo de diálogo como para que Abad pueda avanzar sin mayores dificultades. Parte del éxito del blanqueo también depende del éxito de esta gestión.