La propia Alicia Blanco Villegas -madre del expresidente Mauricio Macri- admitió ante la AFIP, el 18 de agosto pasado, que su hijo Gianfranco Macri había declarado como propio un fideicomiso en el exterior que había sido blanqueado en 2016, gracias a la Ley 27.260 de amnistía fiscal que su hermano había impulsado. Pero en esa misma nota remitida de manera espontánea ante el inicio de una fiscalización sobre su persona, afirmó que ahora ella poseía la “administración y control de los activos del Trust en la actualidad”, lo que confirma la maniobra, revelada por Ámbito respecto al intento de exteriorizar cuentas bancarias en un paraíso fiscal que totalizarían los u$s25 millones, procedimiento que estaba expresamente vedado por la ley para la madre del Presidente.

Solo que Blanco Villegas omitió un detalle adicional: las autoridades de Liechtenstein advirtieron que “se informó a Quiñel Trust que debido a una disposición especial de la ley tributaria argentina, Blanco Villegas no declaró sus activos sino que los hizo uno de los segundos beneficiarios”. Es decir, Gianfranco. Y aclararon que existía una alerta porque la mujer “es madre de un exfuncionario público que ha ejercido cargos desde el 2005 hasta diciembre de 2019”. Lo que en la jerga se conoce como una PEP, Persona Políticamente Expuesta. Todo eso fue informado al fisco argentino.

Los documentos

Liechtenstein también envió a la Argentina copias del fideicomiso original constituido el 29/11/2000; el mandato de misma fecha donde la administración quedaba en manos del Credit Suisse AG; el reglamento de beneficiarios que tenían los fondos y los estatutos del 4/3/2011. Este último documento es de los más relevantes: allí queda establecido en esa fecha que “la primera beneficiaria” de Quiñel Trust -controlante de las acciones de Reata Pacific y con dos cuentas bancarias- es Blanco Villegas. A esa fecha, Mauricio Macri buscaba su reelección como jefe de Gobierno.

Es decir, que la situación de Blanco Villegas, al momento de concretarse el blanqueo, tampoco podría haber encuadrado en las flexibilizaciones que el propio Macri intentó agregar por decreto para incorporar familiares de funcionarios. Si bien la ley excluía taxativamente “a los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados”, el 29 de noviembre de 2016, el Presidente -en una muy cuestionada decisión, incluso dentro de su propio espacio- habilitó a familiares cercanos pero con la condición de que los bienes que pudieran acreditar “se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad” al ingreso a los cargos públicos de sus parientes.

Allí radica una clave: Blanco Villegas aparece como beneficiaria principal en 2011, seis años después del ingreso de Macri a la función pública; a lo que se agrega que no existe declaración de origen de los fondos y rentas acumulados en las cuentas de Reata Pacific ni las fechas de incorporación al patrimonio.

Así, la única opción para exteriorizarlo en 2016, fue la ventana que se abría para Gianfranco. Dos argumentos pudieron haber impulsado la maniobra: la amenaza que implicaba el acuerdo con la OCDE para intercambiar información tributaria que iba a exponer a quienes no ingresaran al blanqueo; y la “oportunidad” que brindaba el marco regulatorio para que -a futuro y siguiendo el reglamento del fideicomiso- una vez exteriorizado, no hubiese obstáculo para un reclamo sucesorio de sus hijos (el expresidente y sus hermanos) y nietos que establecía una división del 70% y 30% del dinero existente en las cuentas de Quiñel.

Enterada de que existía una fiscalización sobre ella, la madre de Macri envió una nota dirigida a la AFIP. Allí sostuvo que “como es de vuestro conocimiento Gianfranco Macri, en su calidad de beneficiario de un fideicomiso en el exterior tributaba el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales respecto de las rentas y los activos que integraban dicho fideicomiso en el exterior”.

Afirmó que la AFIP había sido informada “oportunamente” y que no hubo “objeciones ni observaciones” del fisco. Se refiere a que Gianfranco adhirió el 23/12/2016 y lo incluyó en sus declaraciones de impuestos de 2017, requisito para acceder al blanqueo. Pero parte de esto es lo que se cuestiona. No existió desde el 2017 en adelante por parte de la AFIP de Alberto Abad y Leandro Cuccioli una constatación de que las titularidades de lo que exteriorizaban fueran reales.

Con naturalidad, la madre de Macri agregó: “Dado que el sr. Gianfranco Macri ha perdido la condición de residente argentino en el ejercicio fiscal 2020 y que poseo la administración y control de los activos del Trust en la actualidad he incorporado en mi declaración jurada del Impuesto a las Ganancias… las rentas netas de fuente extranjera generadas por los activos que integran el fideicomiso”, admitió Blanco Villegas. Sostuvo que en su declaración para el año pasado “se puede advertir que se ha incorporado” a su patrimonio “dado que se produjo únicamente un cambio en el contribuyente que declara los bienes a fines impositivos en Argentina”.

Esa simplificación encendió las alarmas en el fisco y disparó la consulta a Gianfranco el 7 de septiembre para que explique por qué declaró como propio para el blanqueo algo que su madre decía que ahora le pertenecía. Había coincidencia en los activos: Pershing Quiñel Trust Reata Pacific Ltd, Credit Suisse Quiñel Trust Reata Pacific (dinero y depósitos de dinero); y Quiñel Trust y Reata Pacific (títulos acciones, cuotas o participaciones).

El punto 1.1 del “Reglamento de Beneficiarios” establecía textual que: “Durante toda su vida, la sra. Alicia Beatriz Blanco Villegas será la única e ilimitada beneficiaria del capital y de las rentas del Trust”. El siguiente punto, fijaba quienes serían “segundos beneficiarios” y las condiciones para acreditar ese estatus: sus hijos y nietos en los porcentajes definidos pasaban a integrar esta categoría “tras el fallecimiento o incapacidad definitiva constatada de la primera beneficiaria”.

Blanco Villegas se expone ahora no solo a la caída del blanqueo, sino al cálculo retroactivo de lo presuntamente evadido al fisco desde el 2000 en adelante, pero también a una denuncia penal por evasión y por eventual lavado de activos.