Los productores de biocombustibles alertaron por un atraso de entre 25% y 28% en los precios para la mezcla con naftas y gasoil. Argentina posee 54 plantas de biocombustibles en 10 provincias, con 27 pymes de biodiésel y dos no integradas. Hoy la mayoría están paralizadas porque no cubren los costos de producción. La prórroga del régimen de promoción es un aliciente, pero todavía quedan desafíos por delante.

En la búsqueda de un equilibrio, el Gobierno dio un aumento del 10% a partir de octubre. La tonelada de biodiésel, producido a base de aceite de soja, llegó a $48.533, mientras que el litro de bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de maíz trepó a $32,78.

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“Lo más rescatable del aumento es que se terminó con 10 meses de congelamiento. En la práctica, la recomposición no es suficiente para que el sector reanude las actividades. El 10% no alcanza ni para comprar materia prima. Es muy insuficiente”, afirmó Juan Facciano, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER).

En los últimos 10 meses el aceite de soja, que explica el 85% del costo de producción, subió 20% en dólares, tanto por la cotización como por la baja de las retenciones. Cuando se compra en el mercado interno se paga el valor FOB menos los derechos de exportaciones, con lo cual si se baja la alícuota, el producto se encarece en dólares. Pero también hay que agregar que el precio de pizarra del commodities llegó a u$s400 la tonelada, y eso generó un incremento superior, además de la devaluación del peso estimada del 30% en el mismo período.

Entre los productores coinciden que el ajuste del 10% que decidió el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, forma parte de un cronograma progresivo de actualizaciones y no descartan otro aumento antes de fin de año. “Con la recomposición inicial ninguna de las plantas, y se lo dijimos al secretario, ahora esperamos que la segunda sea por un porcentaje que permita volver a trabajar”, agregó Facciano.

Según revelaron las fuentes consultadas por este medio, la semana pasada se dio una charla con Martínez y la nueva subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto. Los productores se pusieron a disposición, conscientes de la situación que vive el país y la emergencia económica por la pandemia. “Queremos ser parte de la solución y no estamos hablando de aplicar lisa y llena la fórmula de precios, con amortización y márgenes, sino que sea un aumento para volver a trabajar”, enfatizó el dirigente agropecuario.

El inconveniente surge con la crisis que atraviesan las petroleras, que durante la pandemia no tuvieron más remedio que evitar la mezcla con combustibles fósiles. Por ley deben incorporar 10% de biodiésel y 12% de bioetanol, pero -a modo de ejemplo- en junio fueron de poco más de 7% y hasta 11%, respectivamente. Se estima que las refinadoras se ahorraron por menor compra de biocombustibles casi $13.000 millones entre agosto y septiembre, aunque tuvieron que importar más gasoil y la demanda en estaciones sigue por el piso.

El director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), Claudio Molina, dijo que la diferencia entre los precios publicados por Energía para biocombustibles y la fórmula llega al 30% o 40%. “Por eso la industria está parada y están en riesgo unos 50.000 empleos entre directos e indirectos”, alertó el directivo.

Molina reveló a este medio que se están analizando alternativas para reactivar la producción. Una propuesta que llegó a la Secretaría es la posibilidad de aplicar un régimen provisorio por seis meses, con suba de precios y baja de los niveles de corte para compensar. “Hay empresas que están desesperadas. Si el precio no cubre los costos, las plantas se paran. En el maíz el 60% o 75% es costo de materia prima, y en el caso de biodiésel llega al 80%. La incidencia es muy grande y está dolarizada”, señaló el titular de AABH, pionera entre las entidades del rubro. Fuentes oficiales confirmaron que se recibió un pedido, pero aclaran que todavía no se tomaron definiciones. Las negociaciones están en marcha.

En este marco, el Senado avanzó con la prórroga del régimen de promoción de los biocombustibles, sin modificar los niveles de corte. Los productores lo celebran, porque brinda certidumbre, tranquilidad y previsibilidad a las inversiones, y aclaran que el plazo no fue caprichoso. La ley extendió por otros cuatro años la vigencia de la ley 26.093, que vencía en mayo del 2021. En rigor, el Poder Ejecutivo tenía la facultad de hacerlo por DNU, ya que la norma prevé un cambio el inicio de la entrada en vigencia del régimen, que fue el 2010. Pero tanto oficialismo como oposición coincidieron en la necesidad de darle marco institucional a la prórroga y que pase por el Congreso.

A mitad del camino, las petroleras pusieron el grito en el cielo, alertaron por millonarias pérdidas en Vaca Muerta, pidieron reducir el plazo de extensión -previsto inicialmente a 15 años- y dijeron que la producción agropecuaria debe estar destinada a la exportación, para generar ingresos de dólares frescos al país. Dicen que se pierden u$s1.400 millones por no vender al exterior aceite de soja y maíz y que el esquema de promoción impositiva actual acumuló un débito fiscal de u$s6.000 millones. Entre los grandes jugadores, ya sonó la idea de equiparar impuestos con el graven al despacho y al dióxido de carbono, incluyendo al GNC.

Otra de las discusiones es que los biocombustibles son más caros que los hidrocarburos. Para Molina es un mito. “Desde el 2010 hasta octubre pasado la nafta subió 60% más que el bioetanol y el gasoil un 48% más que el biodiésel”, alertó. Y agregó que si se tiene en cuenta la desgravación impositiva, los biocombustibles resultaron más baratos porque en la mezcla no se distingue la tributación a la hora vender un litro de nafta o gasoil.

La Liga Bioenergética cree viable una suba de los cortes del gasoil con biodiésel al 15% y de la nafta al 15% con bioetanol, pero con el objetivo final de llegar progresivamente al 27,5% a fines de 2027. Las petroleras lo resisten a capa y espada. “En Estados Unidos o Europa los conductores pueden elegir en las estaciones si quieren combustible fósil o de origen natural, ¿por qué no puede pasar eso acá?”, se preguntó Facciano.

Durante los debates parlamentarios, los legisladores remarcaron que es indispensable iniciar un profundo debate sobre un nuevo marco regulatorio integral, que tenga en cuenta los intereses de todos los actores de la cadena de producción de combustibles, incluidos los de las petroleras y las refinadoras. El diálogo ya comenzó por parte de algunos diputados.