Hubo tres diputados de Córdoba que votaron a favor de la media sanción del nuevo régimen de promoción de biocombustibles que impulsó el oficialismo en reemplazo de la vieja ley 26093 que se vence, tras una prórroga de 60 días, el lunes de la semana que viene. Fueron los legisladores del Frente de Todos Pablo Carro, Eduardo Fernández y Gabriela Estévez, que destacaron las bondades que propone el proyecto impulsado por el santafesino Marcos Cleri, al tiempo que remarcaron “la previsibilidad y certidumbre para las empresas operadoras”. Negaron, a su vez, que se trate de una ley que atente contra los intereses de Córdoba y aseguraron que no implica un retroceso en la participación de los biocombustibles en la matriz energética nacional.

Sin embargo, esa mirada contrastó con las advertencias que realizaron las propias empresas del sector, que aseguraron que nunca fueron consultadas durante el proceso de construcción del proyecto y afirman que, de aprobarse en el Senado sin cambios, implicará un retroceso para la actividad y el riesgo de continuidad en la producción y como consecuencia de los puestos de trabajo. El resto del arco político cordobés -Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio- replicó esta mirada en el recinto, durante el debate en el que el oficialismo reunió 135 votos y logró la media sanción.

En realidad, en la provincia hay tres elementos que generan gran inquietud e incertidumbre: el corte del etanol en las naftas, la definición del precio que cobrarán por cada litro entregado a las petroleras y el cupo que se les asignará en cada momento a las empresas. Corte, cupo y precio son tres variables que pueden definir individualmente o en conjunto la continuidad o no de las operaciones en las plantas montadas en Córdoba.

Y, en verdad, lo que abre las dudas es el propio proyecto que deja en manos de la Secretaría de Energía la definición de estos tres elementos. Concretamente, establece que el actual 12% de corte que tienen las naftas con etanol podría reducirse si la autoridad de aplicación así lo cree conveniente. Y detalla que ese 12% está conformado actualmente por 6% de etanol de caña (proveniente mayoritariamente de Tucumán, pero se suman también Salta y Jujuy) y 6% de maíz (del que Córdoba explica más del 60%). Este último porcentaje es el que se podría recortar hasta el 3%, es decir, la mitad de lo que se despacha actualmente. El proyecto que fue girado al Senado blinda al etanol de caña y le asegura el 6%, sin darle chances a la Secretaría de Energía de revisar ese porcentaje. El argumento que se dio es que la caña hoy no tiene destinos alternativos viables y que si no se garantiza la elaboración de alcohol, el sector ingresaría inmediatamente en crisis porque tiene un límite en la producción de azúcar y, si se lo supera, los ingenios caerían en una pendiente terminal porque el precio se desplomaría por exceso de oferta azucarera. Hay otra causa que no se explicitó y es un acuerdo político, especialmente con el gobernador tucumano Juan Manzur, en respaldo del lobby azucarero.

El proyecto que fue girado al Senado blinda al etanol de caña y le asegura el 6%, sin darle chances a la Secretaría de Energía de revisar ese porcentaje.

El proyecto deja abierta la posibilidad a que se pueda reducir la participación del etanol de maíz en el corte y es allí donde hay un punto fuerte del cuestionamiento del sector. Y es un eje sobre el que buscan trabajar en el Senado para tratar de revertirlo, sabiendo que en la Cámara Alta el oficialismo cuenta con votos de sobra para aprobar el proyecto de Cleri.

Con respecto a los precios, también hay temor porque no se estableció un mecanismo automático, sino que será Energía la que vaya fijando el valor. En su momento, había una fórmula polinómica que incluía una serie de variables que les daban cierta previsibilidad a las empresas de biocombustibles. Aunque también era sensible al movimiento de las materias primas, y eso generó alguna controversia, lo que llevó al gobierno de Mauricio Macri a dejarla de lado y comenzar a aplicar arbitrariamente un valor cada mes. Ese criterio se mantuvo durante la gestión de Alberto Fernández, con un agravante: en 2020 la autoridad de aplicación decidió no actualizar los precios hasta mediados de octubre, lo que llevó a una tensión fuerte que incluyó presentaciones judiciales por parte de las empresas. El temor con el proyecto de Cleri es que se pueda repetir ese escenario. Sin embargo, el día de la media sanción en Diputados hubo un guiño de Energía porque incrementó los valores de los biocombustibles luego de 60 días. Ya lo había hecho también en los primeros 5 meses del año.

Claramente, al dejar estas definiciones en manos de Energía las empresas no tienen claro cuál será el camino en cada momento y además temen de la presión del lobby petrolero, algo que varios diputados advirtieron en el recinto el pasado jueves. Incluso, muchos sugirieron que parte del proyecto de Cleri responde a intereses de ese sector y en particular de YPF. Para eso asociaron a la conducción de YPF con La Cámpora y recordaron que Cleri es parte de esa agrupación política y que actuó en representación del presidente de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Las empresas no tienen claro cuál será el camino y además temen de la presión del lobby petrolero, algo que varios diputados señalaron en el recinto.

Más allá de la trama política, las etanoleras de Córdoba señalan que a fines de 2019, antes de la pandemia, tenían un ritmo de actividad que ocupaba el 77% de su capacidad instalada y que en aquel momento esperaban un aumento del corte en las naftas para llegar al 15% y así mejorar el uso de sus plantas. Pero ahora el panorama es radicalmente opuesto y advierten que podría descender al 41% si Energía entiende que es necesario bajar la participación del etanol de maíz del 6% al 3%. ¿Y por qué puede entender eso?El proyecto no es específico y deja un margen amplio a la Secretaría y eso incrementa la incertidumbre. La explicación que dio Omar Félix, el presidente de la Comisión de Energía en Diputados, es que “será excepcional” y sólo “en caso de que la materia prima tenga un incremento tal que presione el valor de los combustibles en los surtidores”. Es decir, si el maíz tiene una escalada tal que obliga a un ajuste en el precio del etanol que puede impulsar al alza el precio de los combustibles que se cargan en una estación de servicio, Energía podría disponer el recorte. Pero en el proyecto no está detallado, ni tampoco cuánto debería ser el alza para tomar la medida.

Por último, en una semana se vence la prórroga de 60 días dispuesta desde el 12 de mayo, en que caía originalmente la 26093. Por eso, si el Senado no trata antes lo aprobado en Diputados, habría otra extensión. El mismo Senado que en octubre votó por unanimidad extender la 26093 por 4 años.

POR GONZALO DAL BIANCO