El ministro de la Producción, propuso la creación de una Comisión Multisectorial para analizar la normativa sobre "grandes superficies comerciales". En el marco de un encuentro realizado el último miércoles con integrantes de la Comisión Provincial Intercámaras, el mandatario ratificó la voluntad de garantizar la aplicación de dicha ley que protege a los comercios locales de la radicación de grandes cadenas.
En el transcurso del encuentro Bertero insistió en la necesidad de "defender el mercado interno y evitar la concentración". Más adelante, defendió la formación de una comisión de monitoreo de la ley vigente, en la que intervengan representantes gubernamentales y del empresariado. Dicha comisión deberá evaluar cuestiones técnicas sobre las mediciones de superficies (la ley fija parámetros en este sentido para definir una "gran superficie comercial") y lo que los municipios tienen que hacer para la correcta aplicación de la ley, para que no quede un vacío sobre la implementación. Bertero citó para el próximo martes 29 un nuevo encuentro con el fin de constituir dicha comisión. El ministro propuso la formación de una comisión integrada por miembros de los municipios, sindicatos de obreros, integrantes de la intercámara, organizaciones de medio ambiente, la Dirección de Comercio Interior, la Secretaría de Medio Ambiente y organizaciones de derechos del consumidor, para que, de forma institucional, estudie e interprete la ley, lo cual facilitaría su cumplimiento concreto.
En otro orden, Bertero propuso trabajar en una legislación de promoción del comercio interior. "La Dirección General de Comercio Interior de la provincia, que depende de este ministerio, hoy sólo se aboca a tareas de fiscalización. Debemos trabajar juntos para que también se ocupe del fomento y el desarrollo del comercio interior", indicó.
Del encuentro, realizado en el salón Amarillo de la sede de la cartera productiva provincial, en la ciudad capital, participaron el secretario de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Osvaldo Audagna; y el subsecretario de Asociativismo, Promoción de la Empresarialidad y Trabajo Decente, Gonzalo Toselli, y más de 30 miembros de la comisión, entre otros.
Finalizado la reunión, Audagna explicó que los miembros de la comisión provincial, que reúne a representantes de comercios, supermercados, sociedades de quinteros, mayoristas y centros comerciales, "están disconformes con algunos aspectos de la aplicación de la ley y, por lo tanto, le solicitaron al ministro una suspensión, por un tiempo determinado, de certificaciones de habilitación para nuevos emprendimientos".
"El ministro –indicó Audagna– propuso la formación de una comisión integrada por miembros de los municipios, sindicatos de obreros, integrantes de la intercámara, organizaciones de medio ambiente, la Dirección de Comercio Interior, la Secretaría de Medio Ambiente y organizaciones de derechos del consumidor, para que, de forma institucional, estudie e interprete la ley, lo cual facilitaría su cumplimiento concreto", concluyó el funcionario provincial.
Desde hace varios meses existe una preocupación de los empresarios de toda la provincia, incluidos los supermercadistas y autoservicistas de Rafaela por los pedidos de radicación de grandes cadenas comerciales nacionales y pequeños supermercados de origen chino, lo que vulnería violando la normativa que regula su habilitación: la ley provincial 12.069, vigente desde el 2003, cuyo espíritu es la protección del mercado interno e impedir que los grandes pulpos comerciales se lleven desde las distintas regiones hacia otras provincias o el exterior, los recursos económicos de los santafesinos.
En el caso de Rafaela, el Concejo sancionó ya hace algunas semanas una prohibición de autorización de nuevas radicaciones durante 180 días, ya que en menos de dos semanas se habían producido media docena de pedidos de radicación de supermercados chinos y también de grandes cadenas nacionales y extranjeras. Según los supermercadistas rafaelinos, el mercado está "saturado" y la competencia de las nuevas cadenas, con reglas de juego no siempre claras, pondría en riesgo la continuidad de los emprendimientos locales.
La ley 12.069 somete la autorización para nuevos emprendimientos a que no se vulnere la relación establecida a través de un coeficiente entre la cantidad de habitantes de una ciudad y la superficie comercial cubierta. También introduce parámetros de facturación e integración de sus bocas de expendio.
Los representantes de la Comisión Provincial Intercámaras también le solicitaron al titular del área productiva de la provincia —que es el órgano de aplicación de la ley— que se suspenda la entrega de certificados de factibilidad de nuevos emprendimientos hasta que se realice un mapeo de la superficie comercial cubierta en cada distrito, para evitar que se vulneren los límites establecidos por la norma.
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