Según quedó plasmado en el portal de compras de la gobernación, la adquisición se describe como “AERONAVES P/F. DE SEGURIDAD; MOTOR SIN - POTENCIA SIN HP - TIPO AVION” por un monto total de 760.893.880,50 pesos argentinos (7.195.214 dólares oficiales).

La adquisición de la aeronave fue adelantada por el sitio Border Periodismo y la noticia disparó varias especulaciones. Fuentes del gobierno bonaerense niegan cualquier tipo de sobreprecio y explican que en la provincia los mecanismos de compra son inversos a los del gobierno nacional.

En ese contexto, desde la oposición, avanzaron con un pedido de informes impulsado por los legisladores del PRO, Walter Lanaro y Juan Pablo Allan, a quienes acompañó el resto de los senadores.

Desde la bancada opositora también apunto al gobernador Axel Kicillof y aseguraron que esta adquisición “demuestra cuán lejos están sus prioridades de las necesidades por las que atraviesan nuestros vecinos”.

También el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, presentó al Poder Ejecutivo, un informe para que se investigue de forma inmediata esta situación poco afortunada, en épocas donde nuestro país, tiene otras prioridades a niveles provincial y nacional.  Esta presentación fue acompañada por las legisladoras Florencia Retamoso y Noelia Ruiz.

Indignado por estos manejos turbios, Lipovetzky dijo: ”En ese sentido corresponde señalar que la compra de un avión de lujo a un precio superior al estipulado en el mercado y solo justificado en la necesidad de trasladar y transportar a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en un contexto de crisis económica desatada en el país por la pandemia de coronavirus y por la ola de inseguridad que viven los bonaerenses día a día, resulta un hecho de gravedad institucional, y devela la ineficacia e inoperancia del Ministro Berni que claramente vive en una realidad paralela. Consideramos que este accionar por parte del ministro, es un claro ejemplo de cuáles son las prioridades del gobierno de la Provincia en materia de seguridad, esto es beneficiar a los funcionarios en detrimento de la seguridad de la población.”