El saqueo y la corrupción estructural que se registra en Berisso desde hace años salpican tanto a referentes del oficialismo como de la oposición. Ya sea por acción u omisión, muchos de ellos son responsables de la crisis que atraviesa la comuna que, tal como lo viene informando Hoy, arrastra un rojo de más de $40 millones, lo que compromete la prestación de servicios básicos.

Para entender lo que está ocurriendo en la Capital del Inmigrante es necesario analizar algunos acuerdos que se tejieron, entre gallos y medianoche, en el Concejo Deliberante, donde están representadas diferentes fuerzas políticas. En ese sentido, quien aparece seriamente comprometido es el presidente del Concejo, Angel Celi, actual candidato a intendente del massismo, quien se vio envuelto el año pasado en un escándalo por el manejo de 8 millones de pesos del denominado fondo educativo. Fue acusado de haber truchado una ordenanza para quedarse con el manejo de esos recursos. El candidato massista, insólitamente, puso como excusa que se trató de un error de tipeo.

Celi llegó a la presidencia del Concejo a partir de un acuerdo con concejales del radicalismo que tiene como principal referente a Jorge Nedela, candidato a intendente del frente Cambiemos. Según pudo saber Hoy, el acuerdo habría incluido nombramiento de ñoquis y pases a planta permanente. Uno de los beneficiarios habría sido Julián Angeloni, muy cercano a Nedela, quien actualmente es candidato a concejal en la lista encabezada por el edil radical.

Lolagate y clientelismo

Un dato por demás llamativo es que la candidata a concejal Lorena Rusillio, que forma parte de la lista de Celi, es esposa de un médico –Miguel Angel Palacios- que estuvo involucrado en uno de los escándalos de corrupción más resonantes registrados en el IOMA. Nos referimos al denominado “Lolagate”, un affaire que desnudó implantes de siliconas ocultos bajo el uniforme de mujeres de la Policía Bonaerense, que habían accedido a ellos facturándolos a la obra social bonaerense como operaciones de várices o hernias. Las maniobras también involucraron lifting y toques de bisturí para tener la nariz perfecta

Por otra parte, tal como lo viene informando Hoy,  otro de los candidatos a concejales del massismo, Maximiliano Barragán, también se encuentran en la mira por el supuesto desvío de recursos -que deberían haberse destinado a sectores socialmente postergados- para sostener la campaña electoral de Celi. Eso no es todo: también se habrían utilizado datos personales y documentación presentada por beneficiarios de planes sociales para truchar avales políticos. Todo habría comenzado el pasado mes de marzo, cuando Barragán junto a Martín Giménez, titular de la ONG Origen Social de Berisso, se reunieron con Félix López, máxima autoridad de esa ONG a nivel nacional. Acordaron poner en marcha, en Berisso, un plan asistencial financiado por el Estado nacional –conocido como Programa de Empleo Comunitario (PEC)- mediante el cual cada beneficiario comenzaría cobrando módicos $150 en el primer mes, para recibir luego $250 y $1200 a partir del tercer mes. 

Distintas fuentes consultadas por Hoy aseguraron que más de 200 personas que pidieron adherir al plan habrían sido estafadas. ¿De qué forma? Sólo cobraron hasta el momento $150 mensuales y el resto del dinero habría ido a parar al sostenimiento de cajas políticas.  Pese al tiempo transcurrido, los beneficiarios que habrían sido estafados dejaron de percibir el subsidio y todavía no les devolvieron la documentación aportada.

Celi fue secretario de gobierno del intendente Enrique Slezack mientras que Barragán, hasta hace pocos meses, fue director de Cultura del municipio berissense y hasta llegó a ser precandidato del sciolismo en la Capital del Inmigrante.

La ordenanza trucha

El frente Cambiemos lleva como primer candidato a concejal al macrista Alberto Amiel que, al igual que Celi, estuvo involucrado en otro escándalo en el Concejo Deliberante a fines de la década pasada. En aquel entonces, Amiel era secretario de Finanzas del municipio y se vio salpicado por el escándalo de una ordenanza trucha que se sancionó en el Concejo. La normativa en cuestión, que promovía la exención de impuestos a empresas que se radicaran en determinado sector del distrito, fue promulgada por el Poder Ejecutivo pese a que nunca había sido tratada por el cuerpo deliberativo.

Mincarelli y sus controvertidos apoyos

Las sospechas de corrupción también salpican al kirchnerismo, que llevan como candidato a intendente al funcionario del Ministerio del Interior, el randazzista Juan Ignacio Mincarelli.

Mincarelli lleva como primer candidato a concejal a Oscar Potes.  Se trata de un odontólogo que hasta hace pocas semanas se desempeña como secretario de Promoción Social de la comuna a cargo del kirchnerista Enrique Slezack. Potes fue uno de los principales socios comerciales de Alberto Costa, el ex viceministro de Salud bonaerense que tuvo que renunciar cuando saltó la luz su vinculación con la mafia de los medicamentos.

Tanto Potes como Costa fueron presidentes de la Agremiación Odontológica de Berisso. Según pudo saber Hoy, Mincarelli habría negociado cargos en el ministerio del Interior para familiares de dentistas que forman parte de esa entidad a cambio de que su hermano y actual concejal, Sebastián Mincarelli, fuera designado como titular de la agremiación. 

El candidato a intendente K también tiene el apoyo de Horacio Mankowski y Nelson Filgueiras, quienes habrían tenido que renunciar como responsables del manejo de las cooperativas integradas por beneficiarias de planes sociales debido a que habrían estado relacionados en distintas irregularidades. “Ambos tienen la promesa de Mincarelli que, si llegan al municipio, volverán a manejar las cooperativas”, dijeron fuentes consultadas por Hoy.

Otro personaje polémico que busca reciclarse de la mano de Mincarelli  es Oscar Sosa, quien que fue coordinador municipal de Entidades de Bien Público y en mayo pasado fue despedido como titular de la Dirección de Control Urbano de la Capital del Inmigrante. Sosa tuvo que irse por la puerta de atrás de la comuna en circunstancias que nunca quedaron demasiado claras. Algunos transcendidos dan cuenta que, desde la dirección de Control Urbano, se habría montado una red de recaudación paralela con fines políticos que se nutria de aportes de comerciantes que presentaban problemas con la habilitación municipal.

Asimismo, tal como viene informando Hoy, desde el espacio de Mincarelli se estarían utilizando numerosos contratos políticos, a nombre de militantes rentados o ñoquis, para sostener económicamente la campaña. Las fuentes hablan de no menos de 200 nombramientos en áreas como Migraciones, la Agencia de Seguridad Vial y Sistemas del Ministerio del Interior que comanda Florencio Randazzo. Todos ellos estarían abocados, actualmente, a "trabajar" en la campaña. 

El “cajero” sería Leonel Hernán Miglioli, quien se desempeña como Gerente de Tecnología de la Información y Telecomunicación de la Operadora Ferroviaria, una sociedad del Estado encargada de administrar los trenes. Este ente actualmente es presidido por Ignacio Casasola, ex secretario privado y actual socio comercial del ministro del Interior.