Al respecto dijo que: “Realmente me encuentro conforme con el resultado del Juicio, creo que de alguna manera el estado está dado respuestas a los familiares de las víctimas que siguen viviendo un largo peregrinar en busca de alguna noticia sobre el destino de sus parientes que con gran dolor, continúan sin saber a dónde dirigirse a llorar a sus seres queridos”.

Agregó además que: “Han sido varios meses de juicio con jornadas agotadoras de audiencias, donde las víctimas han relatado con crudeza las vejaciones sufridas injustamente en manos de los represores, abusando de su total y absoluto estado de indefensión, que imponía al estado la obligación de aplicar sanciones acorde a los sufrimientos ocasionados, receptándose así el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, cuya actividad en el seguimiento de este tipo de causas se encuentra coordinada por la Unidad de Derechos Humando que funciona en la Procuración General de la Nación”.

Dijo también que: “Conviene recordar que en estos juicios no se juzgan hechos comunes; las atrocidades juzgadas, lesionan no sólo bienes jurídicos individuales sino también universales, no se asemejan a ilícitos comunes. Sin embargo, se aplican las mismas leyes y previsiones que en cualquier juicio y las penas que se deben aplicar son las mismas que el ordenamiento prevé para los delincuentes comunes, aunque los imputados no lo sean”.

Años de impunidad

El fiscal Benítez aseguró que: “Los aquí acusados gozaron durante muchos años de un manto de encubrimiento y de impunidad favorecidos por las leyes amnistía, obediencia de vida y punto final. Son personas que deberían estar hace décadas cumpliendo condena por las monstruosidades cometidas; no obstante lo cual están siendo juzgados recién en la actualidad”.

En el caso particular, al igual que en la causa Colombo, se ha demostrado el que golpe de Estado en la Argentina tuvo como único objetivo usurpar el poder político, lo que se encubrió en la lucha contra la subversión, tal como surgía expresamente del documento secreto elaborado por los referentes militares antes del golpe de estado del 24 de Marzo de 1976, denominado “Plan de Ejército contribuyente al Plan de Seguridad Nacional”.

Finalmente aseguró que: “Esta circunstancia permitió demostrar también que las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en Formosa tuvieron una exclusiva motivación política, que no era otra que la de mantenerse en el poder político, y nada tenía que ver con la subversión, lo que justifica plenamente el encasillamiento de este proceso dentro de los delitos de lesa humanidad.

Entiendo que estos juicios constituyen claras advertencias que, más temprano o más tarde, este tipo de hechos no quedarán impunes”.