Por Eduardo Van der Kooy

La Corte Suprema, con extrema precaución, comenzó este martes a transitar el pedregoso camino de la judicialización de la política. La profundiza la plena vigencia de la grieta que corporizan el Gobierno kirchnerista y la oposición de Cambiemos. Después de un prolongado silencio, producto de sus desacuerdos internos, comunicó que decidió no tratar el per saltum presentado por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los jueces que el Senado se dispone a separar de la Cámara Federal. Significa, objetivamente, un triunfo para la vicepresidenta Cristina Fernández. Aunque podría ser sólo temporario.

Esta misma semana la Procuración de la Ciudad presentará ante el Máximo Tribunal su medida cautelar para que suspenda la quita de $45 mil millones al distrito, dispuesta por Alberto Fernández para solucionar el conflicto policial en Buenos Aires. El pedido es para evitar el goteo de esos fondos hasta que los cinco jueces se expidan sobre la declaración de inconstitucionalidad de la medida que blande el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También resulta difícil prever novedades a corto plazo.

En el acuerdo del martes 8 el titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, había planteado la necesidad de emitir alguna señal sobre Bruglia y Bertuzzi. Existían en juego dos razones. Los traslados de ambos, desde un Tribunal Oral Federal a una Cámara Federal, fueron avalados en abril del 2018 por una acordada del propio Tribunal, luego de una consulta específica del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. La prescindencia, por otra parte, según la opinión de Rosenkrantz, podía significar una mala señal para un Poder Judicial que está en la mira del kirchnerismo. Entre varias cosas, con la reforma que aprobó el Senado y aún debe debatir Diputados.

En aquella ocasión Rosenkrantz recibió de sus colegas, en especial Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, muestras de cierto desinterés. La escena se repitió este martes, con una diferencia. Los magistrados consideraron que otro silencio resultaría nocivo para el Tribunal en vísperas del desplazamiento de Bruglia y Bertuzzi que consumará el Senado. También está en juego el pliego de Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7. Los dos primeros fallaron como camaristas en varias causas contra ex funcionarios kirchneristas. En especial, la de los cuadernos de las coimas. Castelli es quien prepara el juicio en el TOF7 por dicho escándalo de corrupción.

Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema.

Por ese motivo, Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti resolvieron que se abocarán a ese pleito cuando lleguen a la Corte por un recurso extraordinario, a través de las vías clásicas que también fueron activadas por Bruglia y Bertuzzi. Todos los magistrados coincidieron en que la vía del amparo no sería el per sáltum.

Los especialistas coinciden en que, al margen de su lentitud, la Corte optó por la salida más previsible. También posiblemente gravosa a futuro si resuelven defender su propia acordada y conceder la razón a los jueces objetados. Se planteará, de modo inevitable, un conflicto de poderes. Porque, como anticipó el senador Oscar Parrilli, portavoz de Cristina, Bruglia y Bertuzzi se irán inmediatamente de Comodoro Py. Reponerlos sería casi políticamente inadmisible a futuro para el kirchnerismo. Que en términos de desobediencia cuenta con prontuarios recordados.

En 1995 el Procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, fue separado de su cargo por el entonces gobernador Néstor Kirchner. Había comenzado a investigarlo por supuestas maniobras dolosas. El funcionario llevó su causa hasta la Corte Suprema que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo. Jamás fue acatada, ni por el ex gobernador Daniel Peralta –a quien se e abrió un juicio por desacato- ni por Alicia Kirchner.

La situación presente de la Corte Suprema tampoco habilita la posibilidad de decisiones expeditivas. Rige una fragmentación interna que dificulta su funcionamiento. Viene desde la época de Mauricio Macri, cuando fueron incorporados al cuerpo Rosatti y Rosenkrantz. Se agudizó también desde que Rosenkrantz corrió de la titularidad del Tribunal a Lorenzetti. En una maniobra que tomó por sorpresa al abogado de Rafaela. Desde entonces ha sido difícil la conformación de mayorías estables. Salvo con fallos contra la administración macrista que siempre dejaron al presidente de la Corte votando en soledad.

La disidencia es de tal envergadura, que la Corte Suprema aún no logró unificar ninguna postura respecto de una cuestión que le atañe de modo directo. La decisión del Gobierno, por imperio de Cristina, de evaluar la modificación del número de jueces. Incluso su estructura: el proyecto de dividirla en Salas para lograr diluir su poder.

Horacio Rodríguez Larreta va a la Corte Suprema por el recorte de la coparticipación de la Ciudad que decretó Alberto Fernández. Foto Germán García Adrasti

Esa realidad explicaría la cautela con que Rodríguez Larreta afronta su pleito con el Gobierno Nacional por los recursos incautados la semana pasada para aplacar la revuelta policial en Buenos Aires. La administración del PRO diseñó una estrategia de dos pasos. Presentar un amparo para detener el descuento de fondos mientras los jueces deciden la cuestión de fondo. La declaración pública del jefe porteño hizo hincapié en la necesidad de una resolución rápida. Que, dadas las circunstancias de la Corte, difícilmente suceda.

También el pasado, en este caso, posee algunos registros. En medio de la crisis, a días de las PASO, Macri dispuso en agosto del 2019 la eliminación del IVA para alimentos de la canasta básica. Se trata de un impuesto coparticipable. Entre Ríos, junto a otras trece provincias, presentaron una cautelar para que no se retrajeran los fondos coparticipables.

Recién en octubre, con las firmas de Maqueda, Lorenzetti y Rosatti (Rosenkrantz votó en disidencia) la Corte dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la decisión de Macri debían ser asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que afectaba a las provincias.

Los tiempos dispuestos por el Máximo Tribunal no serían un aliciente para la Ciudad y su conflicto con el Gobierno. Los argumentos esgrimidos en aquella ocasión, aunque se traten de asuntos asimétricos, podría encender, tal vez, una tenue luz de esperanza para el reclamo de Rodríguez Larreta.