El debate de si gravar o no las bebidas azucaradas en Colombia salió de nuevo a la palestra. En el país ya hubo tres intenciones de diseñar y aplicar este impuesto.

Los colombianos se caracterizan por ingerir en sus comidas estas bebidas, las encuentran en tiendas de barrios, supermercados y grandes superficies de cadena. En el país, la porción establecida en el etiquetado nutricional indica que 200 ml es la cantidad que debe consumirse de una bebida azucarada para una persona adulta. Pero en el mercado ya hay botellas personales que llegan a los 600 ml.  

Según la Encuesta de Calidad de Vida 2021 del Dane, el 61,8 %  de las personas de dos años y más consumen bebidas azucaradas en el país. 

La discusión ahora se revivió, luego de que la semana pasada, el próximo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en declaraciones a medios, confirmó que las bebidas azucaradas sí tendrán un impuesto en la tributaria que presentará el Gobierno de Petro ante el Congreso.

A la discusión se sumó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, quien explicó el porqué gravar las bebidas azucaradas con impuestos más altos tendría una incidencia directa sobre los hogares más vulnerables; porque el 25 % del presupuesto de un hogar promedio en Colombia está destinado para los alimentos, pero en hogares de bajos recursos la proporción alcanza un 32 %.

Incluso la Federación Médica Colombiana retomó las declaraciones la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este debate, que señaló que este tipo de iniciativa está bien encaminada, pues se ha demostrado su influencia en la obesidad, diabetes tipo 2 (que se caracteriza por malas costumbres alimenticias) y la caries.

Y justamente, en el Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, publicado en el 2021, estos gravámenes aparecen como una de las sugerencias. Además, se establece que “una reforma tributaria exitosa” requiere, entre sus puntos, “un incremento en los impuestos sobre los bienes perjudiciales para la salud de los ciudadanos (por ejemplo, tabaco, alcohol y azúcar)”.

Testimonio

Lo que pase con estos productos impactará a Fredy Sánchez, quien trabaja desde hace seis años vendiendo bebidas azucaradas, entre ellas las gaseosas. Cuando escuchó la noticia de que a este renglón económico le pensaban cobrar un impuesto empezó a hacer cuentas.

Confiesa que no deja de preocuparle el asunto. “Fíjese bien, si yo vendo gaseosas y ahora las van a gravar con ese impuesto del que hablan en los medios, se me bajarán las ventas”.

Para él, este es su sustento diario. “Si vendo gaseosas, gano; si no vendo, no gano. Es así de sencillo mi negocio. Me angustia saber que mañana, cuando empiece a regir este tributo, se me embolatarán las ganancias diarias y me tocará recurrir a otra línea de ventas”.

Él, quien tiene su punto de ventas en la zona Centro de la ciudad, le sugiere “al Ministro de Hacienda que recapacite sobre esa idea de gravar las bebidas, porque no nos favorece a nosotros, los tenderos. No entiendo por qué siempre le meten la mano al bolsillo a la gente y no a las industrias, que en últimas son las que se quedan con todas nuestra ganancias”.

Así como a Fredy, este tema ha generado todo un debate en los últimos días, por las implicaciones que tendría en los bolsillos de los hogares y en la industria de bebidas. Aunque el Gobierno de Petro no ha dado detalles de este impuesto, lo seguro es que se cobrará a gaseosas, tés, refrescos, bebidas deportivas y jugos. 

Una mirada desde la economía

El economista y columnista Martín Jaramillo precisa que lo primero que pasará, si se aplica dicho impuesto, es que el consumo de bebidas azucaradas caerá y los precios aumentarán. 

“Según un estudio de Andrés Vecino, este es un impuesto, supuestamente, saludable, que es algo dudoso; si bien es un impuesto para mejorar la salud, la evidencia es pobre sobre sus efectos en salud. Este estudio evidenció que los estratos medios y altos seguirán consumiendo estas bebidas. Por ejemplo, que una gaseosa pase de costar $2.000 a $2.300, entonces quién dirá que ya no se la tomará analizando esa diferencia en el precio, no dejarán de consumir”.

Añade que, con base en estos resultados, en clases altas y medias tiene un impacto bajo en salud pública, porque la gente pagará el impuesto, que en Colombia, según Jaramillo, podría llegar al billón de pesos.

“Mientras que los estratos bajos, según Vecino, sí reducirán el consumo, pero en el mediano plazo no tenemos certeza en Colombia, si ese impuesto funcionará en la salud pública, lo que sí está comprado es que se reduce el consumo”.

Retomando el Dane, Jaramillo puntualiza que estas bebidas, para bien o para mal, representan cinco veces más en el gasto de los hogares pobres frente a los ricos. “Lo que se debe mejorar en este debate es la información sobre el impuesto, poner los argumentos sobre la mesa, para que los colombianos tomen mejores decisiones en sus hábitos alimenticios y relaciones más sanas con los alimentos”.

Enfatizó en que con este impuesto ni los tenderos, ni empresas como Coca Cola o Postobón quebrarán, porque se adaptarán, tampoco tendrá un gran impacto en la economía, lo que sí se verá es un impacto al bolsillo de los más pobres. “¿Con qué se reemplazarán estas bebidas? ¿Habrá políticas públicas adicionales?”.

Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, aclara que el impuesto a bebidas azucaradas es una propuesta que se hizo por separado, pero para lo que sería un proyecto de reforma tributaria, no estaría incluido dentro de los tributos.

“Este impuesto tiene un componente médico y otro económico. Incluso se alcanzó a incluir en este Gobierno como un impuesto nacional del consumo de bebidas endulzadas y azucaradas, lo pretendían cobrar con una base de $300 por cada litro o mil mililitros”.

Recuerda que se ha hablado de un impuesto como sobretasa del 20 % al consumo de estas bebidas y se decía que se alcanzaría un recaudo de $1 billón anual, y que se invertiría en el sistema público de salud para tratar la obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión.

“Al Congreso irán las posturas del Gobierno, los políticos y los empresarios, estos últimos reclamarán que estas bebidas hacen parte de la canasta familiar. Pero eso no puede desconocer que hay un hueco fiscal por tapar, que hay un problema de salud pública y también gran parte de la población con una bebida azucarada trata de llenar su alimentación”.

Concluye que el efecto del impuesto se notará directamente en el precio propiamente dicho, por lo que el consumidor tendrá que elegir si cambia esa bebida por otra más saludable y barata, o continúa comprándola y desplazando otros productos. 

Una mirada desde la nutrición

Cristian Murcia Peñuela, nutricionista, dietista, magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional e investigador del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia, considera que es casi imposible pensar que las clases populares no hayan establecido un consumo cotidiano de estas bebidas.

“Al menos 30 años con estos productos, día tras día, en las tiendas escolares, en los barrios, y la publicidad, es casi imposible pensar que las clases populares no hayan establecido un consumo cotidiano, luego de lograr el cometido de quienes las producen. Los hogares de bajos ingresos son generalmente más sensibles a los impuestos al consumo”.

Con base en un artículo del British Medical Journal, Peñuela evidencia que la reducción en la compra de bebidas azucaradas en países donde se implementó este impuesto fue mayor entre los hogares de menor ingreso. “De acuerdo con esto, la reducción fue mayor en los hogares de bajo nivel socioeconómico, con un promedio de -9,1 %. La pregunta entonces no debe ser si la gente pobre se verá afectada o no, pero sí, si esta medida es necesaria o no para proteger su derecho a la salud”.

Para el experto, el impacto económico será transitorio, incluso impacta mucho más un impuesto como el IVA, que grava a toda la población por igual en productos de consumo diario. Bajo este contexto, explica que el impuesto a bebidas azucaradas tiene dos objetivos: 1. El recaudo tributario que podría destinarse a financiar el sector salud. 2. Desestimular su consumo.

Considera que son más los beneficios que perjuicios con el impuesto a bebidas azucaradas. Entre las bondades destaca dos: un ingreso fiscal para la Nación, partiendo que el Gobierno intenta recaudar al menos $50 billones; y dos, un proceso de desestimulación del consumo de bebidas azucaradas.

Esto se complementa “con el fortalecimiento de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, más otras medidas como el etiquetado nutricional de advertencia frontal, que podrían lograr la disminución de la obesidad en población”.

Insiste en que gravar las bebidas azucaradas es una alternativa para reducir los índices de Diabetes Mellitus Tipo II, otras enfermedades como la hipertensión arterial y otro problema menos detallado como el deterioro de la salud bucal y la aparición de caries en niños y niñas.

Dato

En Colombia hay 39.985 empresas dedicadas a la industria de alimentos, según cifras de Confecámaras.

En Colombia no es la primera vez que un Gobierno pretende gravar estos productos con el objetivo de mejorar la salud pública. Ya lo intentaron Santos y Duque.