Aunque en la última década el sistema de barrido, recolección de residuos y el destino final de la basura no ha variado sustancialmente en la ciudad, la estructura que gestiona los miles de millones que mueve cada día se multiplicó.

De la estructura construida en torno al dinero de la basura, las columnas relacionadas al Surrbac y a las empresas de las familias Saillén y Catrambone están bajo investigación judicial, y este medio ha venido dando cuenta de ello.

Al mismo tiempo que esa estructura ha crecido, el dinero que la alimentó circuló por una red cada año más extensa, que actualmente está conformada por cinco empresas públicas y privadas y por dos organismos estatales.

Esop. Las bases del Surrbac y su diligencia se concentran en el ente municipal creado por la administración Mestre. (José Hernández)

La conforman: Crese, un empresa municipal sin actividad; Cormecor, una sociedad anónima controlada por la Municipalidad para gerenciar el enterramiento de la basura; el Esop, un ente municipal que se encarga del barrido; y tres estructuras gerenciales privadas que realizan la recolección y se reparten las tareas operativas.

A estas se suman las dependencias de la Secretaría de Servicios Públicos que completan el esquema, con 104 empleados en Higiene Urbana.

Para este año, según surge del Presupuesto, la Municipalidad tenía previsto destinar 5.401,3 millones de pesos a los distintos servicios vinculados a la higiene urbana, aunque la cifra será mayor tras las redeterminaciones de precios que surjan por imperio de las crisis devaluatorias.

El grueso de esa cifra se destina a barrer las calles, recolectar los residuos urbanos y depositarlos en el enterramiento de Piedra Blanca. En este mecanismo intervienen la estructura de empresas privadas y públicas, y los organismos municipales.

Sociedad Anónima municipal

Cada día, Cormecor, la sociedad anónima que controla la Municipalidad de Córdoba, recibe más de 1,5 millones de pesos para enterrar en el predio de Piedra Blanca los residuos que generan la ciudad de Córdoba y 14 municipios; a razón de 730 pesos por tonelada, que promedian las 2.100 diarias. Suman 36,7 millones de pesos por mes, lo que conforman unos 441,5 millones de pesos por año, a valores sin actualizar por inflación.

Del total de la facturación de Cormecor, la Municipalidad de Córdoba aporta casi la mitad: 17,5 millones de pesos mensuales que paga el Ente municipal de Servicios y Obras Públicas (Esop).

Cormecor nació para revolucionar el destino final de la basura con la puesta en marcha de un complejo ambiental para tratar los residuos urbanos, pero un amparo judicial dejó en el limbo ese objetivo y debe conformarse con administrar el enterramiento de la basura.

En Cormecor hay tres patas: la principal, con el 55 por ciento de acciones, es la Municipalidad de Córdoba. El 42 por ciento lo integran los municipios de Villa Allende, Malvinas Argentinas, Río Ceballos, La Calera, Alta Gracia, entre otros, que integran acciones Clase B. Finalmente, un tres por ciento del paquete accionario está en manos del Surrbac.

Hasta que fue detenido, Pascual Catrambone –uno de los líderes del Surrbac– era uno de los siete directores de la sociedad anónima. Cuando se sentó en el sillón del directorio, estaba imputado por su paso anterior como director obrero en Crese, la sociedad del estado que actualmente no tiene empleados, pero que sigue viva.

Mientras era director de la SA controlada por la Municipalidad, Catrambone compró una chapa de taxi –la 0535– que le fue transferida el 20 de enero de 2017. La Justicia federal inhibió esa y otra chapa inscripta por Catrambone, esta última adquirida cuando era director de Crese. Ambas fueron inhibidas por pedido de la Justicia federal.

Por integrar el directorio de la Crese, Catrambone fue considerado funcionario público por una resolución de la Cámara de Acusación, en la causa en la que está imputado por haber favorecido con licitaciones empresas de su entorno (ver página 5).

Según indicó el director de Cormecor, Hugo Pesci, el pasado 29 de agosto, horas después de que se ordenara la detención de Catrambone por estar acusado en una causa de presunto lavado de dinero y usura, la mesa ejecutiva de Cormecor tomo la decisión de licenciar al sindicalista.

Desde entonces, dejó de cobrar honorarios como director.

Por una decisión del directorio de Cormecor, se estableció que los ejecutivos de la empresa tendrían como tope salarial los montos que perciben funcionarios de la Municipalidad de Córdoba: para el presidente, el equivalente es el de un secretario del Departamento Ejecutivo; mientras que para los directivos y los síndicos es el salario de un subsecretario.

A Catrambone lo reemplazó en el directorio de Cormecor Daniel Ayerbe, secretario institucional del Surrbac; mientras que el abogado Marcelo Urreta actúa como síndico en representación del gremio. Urreta es, además, apoderado de Acción para el Cambio, el partido al que pertenece el concejal David Urreta, que sirvió como engranaje para llevar a Tomás Méndez al Concejo Deliberante.

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Cormecor tiene otros tres directores –Hugo Pesci, Carlos Tassi y Rodrigo Rufeil, intendente de La Calera– y dos síndicos más: Eugenio Márquez, en representación de la Municipalidad de Córdoba, e Ivana Persichelli, por los municipios del interior. Además, en estos años sumó dos vicepresidentes: Marcelo Ambroggio y Facundo Torres, intendente de Alta Gracia.

De los 10 directivos de Cormecor, sólo los dos intendentes no perciben ingresos.

Los 107 empleados que se desempeñan en el predio Piedra Blanca dependen del Ente Municipal Obras y Servicios Públicos (Esop), que paga sus salarios y provee de insumos de trabajo. Como ya se informó, la ropa y los elementos de seguridad que usan estos empleados son provistos por Higyse, la empresa que fundó el hijo de Catrambone junto con otro empleado de Lusa.

De Giacomino a Mestre

En Crese, ya sin empleados ni tareas por desarrollar, quedan seis funcionarios con salarios: el presidente, Norberto Bergami; el director, Aldo Vargas, y los síndicos Pablo Cáceres y Carlos Forneris, quienes provienen del radicalismo, y los opositores Juan García (titula del partido Unidad Ciudadana del Cambio y cercano al concejal Marcelo Pascual) y Bernardo Knipscheer (pareja de Natalia de la Sota y concejal electo por Hacemos por Córdoba).

El presidente de la empresa, Norberto Bergami, explicó que en los papeles sigue estando el sillón de director obrero que ocupó Catrambone, pero el Surrbac dejó de ir por Crese desde que esta entró en virtual liquidación. Aclaró que Catrambone no cobraba como director obrero.

Las tareas que quedan actualmente en la órbita de Crese –recolección de patógeno y trabajos de limpieza especiales– son subcontratados.

Esop, la base del Surrbac

El fantasma de los “ñoquis” que presentan servicios en las distintas ventanillas del Surrbac sobrevuela al Ente de Servicios y Obras Públicas desde su creación. Allí se cobija el grueso de la estructura sindical, incluyendo a Mauricio Saillén y a sus hijos, y a Pascual Catrambone y a su familia. También cobran salarios aquí unos 40 gremialistas.

De hecho, la concejala peronista Nadia Fernández formalizará un pedido de informes para saber si en el ente municipal hay 206 empleados que no cumplen funciones. Sospecha que estos se desempeñan en la mutual del Surrbac o en el club del sindicato.

Actualmente, en el Esop contabilizan 1.185 empleados, 171 más que los que había cuando el ente se creó, en 2016. Para exorcizar al fantasma, desde el viernes comenzaría a aplicarse el control de ingreso con huella digital y con verificación facial para los barrenderos, abandonando el control por tarjetas personales.

En septiembre, para pagar salarios, la última cuota de la paritaria 2018 y cumplir con la devolución de Ganancias, el Esop destinó 84 millones de pesos. De ese monto, 24 millones de pesos correspondieron a descuentos sindicales (ocho millones), de la mutual (ocho millones) y de la obra social (siete millones).

Desde febrero, el ente es conducido por tres funcionarios –Alfredo Sapp, Lucas Samame y Enrique Imberti–, y sus actos son revisados por el Tribunal de Cuentas.

Tras la salida de Crese, por primera vez, la recolección de residuos quedó en manos de dos empresas: Lusa y Cotreco, que luego abandonó el esquema.

Desde diciembre del año pasado, la participación de privadas se agrandó. Ahora son tres las firmas que participan del negocio de la basura: Lusa, LAM y Urbacor, que suman 950 empleados.

En febrero, recibieron la primera determinación del año: la Municipalidad pasó a pagar 241,6 millones de pesos por mes en vez de los 162,6 millones con los que había sido licitado el servicio. No sería el último ajuste.

55% de los trabajadores está en el Esop

El Surrbac sumó afiliados en una década.

2008. En octubre, la empresa Cliba anticipó que se retiraría del servicio en Córdoba. En medio del conflicto sindical, Daniel Giacomino creó la empresa estatal Crese, que fue aprobada por el Concejo Deliberante. Según funcionarios, el sistema de recolección de residuos tenía 1.200 empleados.

2011. La síndica por el radicalismo, Laura Ferrero, denunció en enero que desde febrero de 2009 la Crese había sumado 257 empleados efectivos y 152 eventuales. Denunció que el gremio “cogobernaba” la empresa.

2012. Crese tercerizó el servicio de recolección en Cotreco y en Lusa. Actualmente, Cotreco le reclama a la Municipalidad 887 millones de pesos por supuestas deudas, mientras Afip la investiga por presunta evasión.

2016. En julio, Crese cedió los servicios de barrido al Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop). Los empleados registrados en ese momento eran 2.104.

2018. En diciembre, la recolección quedó en manos de tres privadas.

Urbacor (con 380 empleados), LAM (164) y Lusa (406). El Esop tiene 1.185 trabajadores; 2.135 empleados en el sistema.