Los afiliados del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Río Gallegos, arrojaron basura dentro del edificio central de la municipalidad y en distintos puntos del centro, en el marco de una marcha, luego de rechazar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Luego de la asamblea, los trabajadores se movilizaron en la mañana de este lunes hacia la sede de la comuna capitalina y del ministerio. Durante la marcha, arrojaron basura, y en particular en el pasillo del edificio de la municipalidad, en especial en la puerta del despacho del intendente Roberto Giubetich, quien se encontraba en las instalaciones.  También se denunció daños de cristales. Personal de la Comisaría Primera realizó los trámites correspondientes ante la denuncia de daños en el histórico edificio. 

Prosiguieron la movilización hacia Urquiza y avenida San Martín, donde se encuentran las oficinas del Ministerio de Trabajo de la Nación, que intercede en el conflicto salarial y que había dictado una conciliación obligatoria por el periodo de dos semanas. 

También arrojaron basura y cubiertas en Entre Ríos y Zapiola, a pocos metros de las instalaciones de la Dirección de Comercio. Otros trabajadores decidieron continuar la protesta en la autovía 17 de Octubre a la altura de la rotonda Bark. 

La asamblea del SOEM, además de rechazar la medida de la cartera laboral, solicitó que se concrete la audiencia de paritaria, que se suspendió el pasado viernes, luego que Giubetich no asistió al Concejo Deliberante para restablecer las negociaciones, porque se había dictado la conciliación. El sindicato demanda una recomposición salarial del 35 por ciento y que se haga efectivo la acordada “cláusula gatillo”.      

El intendente explicó la gravedad de lo sucedido a lo que se suman acciones como los daños producidos en la flota municipal y hechos de amedrentamiento y amenazas sufridos por agentes que prestaban funciones, al respecto manifestó que “Los responsables deberán asumir las sanciones disciplinarias que le correspondan”.

“Dado el estado de la ciudad, necesitamos que el personal que quiere trabajar pueda hacerlo. La conciliación pone plazos para que las partes puedan sentarse a dialogar y que esto nos permita accionar para salir de la crítica situación sanitaria y ambiental que estamos atravesando. No se entiende esta escalada de violencia, cuando el agente municipal está cobrando en tiempo y forma y la paritaria aún se encuentra abierta”, concluyó.  

Se indicó que mañana, los representantes legales de la municipalidad se presentarán ante el Juzgado interviniente para elevar las pruebas correspondientes ante lo sucedido.