Este lunes, la asamblea de las y los trabajadores de ACUMAR decidió iniciar un cese de actividades para ayer y hoy, con el objetivo de responder colectivamente a los imputamientos que la patronal realizó sobre casi 300 trabajadores, en los que se alegan supuestos incumplimientos laborales y que sirven de excusa para ejecutar el plan de ajuste de este gobierno.

ACUMAR es un organismo estatal que responde a un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la llamada Causa Mendoza, la cual intima al gobierno Nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires. Dado que los tres niveles se mostraron incompetentes en sus funciones, ACUMAR encuentra su leivmotiv, en cumplir con el fallo judicial. Sin embargo, el ajuste que quieren llevar a cabo Caputo y Figueras, amenaza, no solo a los 250 puestos de trabajo, sino al saneamiento de la cuenca y la mejora de condiciones de vida de las más de 4,5 millones de personas que habitan en ella.

Desde el 22 de marzo, las y los trabajadores del organismo comenzamos a ser hostigados por la gestión del macrista Lucas Figueras. Para ello, y tras varios meses de rumores respecto a posibles despidos en el organismo, se valió de un tendal de desprolijidades que la administración anterior dejó en materia de control del personal: horas de trabajo remoto, de tareas en territorio y días de licencia y vacaciones, entre otros artilugios, que nunca fueron cargadas como tales en los sistemas de registro de asistencia. Sobre esta base, una primera tanda de 120 trabajadores, fuimos intimados a dar un descargo de los supuestos incumplimientos que se nos imputan, en los cuales somos nosotros, quienes tenemos que justificar que sí cumplimos con nuestros horarios y tareas. No contento con ello, semanas más tarde, se intimó a un grupo de 30 trabajadores “jubilables”, para que en el plazo de un año se jubilen y finalizar la semana pasada con 120 nuevas personas en el listado de “incumplidores”.

Frente a ello, los dos sindicatos que cuentan con representación en el organismo, apenas si han dado respuestas que estén a la altura de la gravedad del ajuste que quieren llevar a cabo. El sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), brilla por su ausencia, limitándose a mandar un solo mail, en el cual se declaraba en estado de alerta y movilización. Por su parte, ATE viene funcionando “a reglamento”, convocando a asambleas en las que está más pendiente de que no escale el conflicto, que poniéndose al frente de la lucha. No solo desestimaron las advertencias de que el ajuste se venía so pretexto de “no hacer futurismo”, sino que se excusan en una supuesta falta de correlación de fuerzas, para no convocar a medidas de lucha contundentes que “dividan” al conjunto de las y los trabajadores. Tampoco tiene intención de articular la lucha con otros sectores estatales, debido a la interna que se da hacia dentro del sindicato, cuando ACUMAR comparte edificio con otros organismos estatales en el que ya hubo despidos.

Sin embargo, dentro del organismo la solidaridad apareció al mismo tiempo que las falsas intimaciones. Desde un primer momento, la mayoría de las y los compañeros, dejaron sus tareas de lado y se pusieron codo a codo a ayudar a las y los intimados a responder las imputaciones de la patronal. A su vez, un grupo cada vez más numeroso comenzó a autoconvocarse, a fin de articular posiciones para enfrentar el ajuste. En ese sentido, y tras la última tanda de notificados, se organizaron asambleas sectoriales (hay áreas que poseen a la mitad de su plantilla con riesgo de perder el empleo), para discutir la situación y los próximos pasos a seguir, que confluyó en un debate abierto en el hall del edificio, al cual los delegados de ATE se limitaron a evitar.

La asamblea del lunes y las jornadas de cese de ayer y hoy, mostraron una gran adhesión de trabajadores al espacio de organización, lo que demuestra que existe la voluntad colectiva de luchar contra el ajuste en marcha. Además del cese de actividades, se puso en acción un equipo de difusión con el fin de visibilizar el conflicto y las acciones que las y los trabajadores del organismo, llevan adelante en todo el territorio de la cuenca. En ese sentido, en las jornadas de ayer y hoy, se suspendió el trabajo de los agentes territoriales en la mudanza y relocalización de familias en Barrio Lindo II, en el municipio de Almirante Brown. Esto es especialmente importante ya que, previo al proceso de mudanza de las familias, se entabla un trabajo articulado con la Defensoría del General de la Nación y el/los municipios, de acuerdo a los lineamientos del Protocolo para el abordaje integral de procesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos de la cuenca (resolución ACUMAR 420/17), en el cual las y los trabajadores, acompañan en el proceso a las familias desde sus barrios de procedencia hasta el barrio de destino, con tareas que incluyen desde la caracterización social de la población afectada, la conformación de mesas de trabajo con las y los vecinos, el seguimiento de las obras, como así también, el facilitamiento de la integración sociourbana de las familias relocalizadas. Si bien son los municipios quienes ejecutan la obra pública, el financiamiento de las obras de vivienda y de cicatrización, proviene del gobierno Nacional que, con el ajuste en marcha, se ve particularmente afectado.