Mauricio Caminos

La reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social estaba a punto de comenzar cuando el único pasillo del anexo C de la Cámara de Diputados obligó a que se crucen dos polos opuestos: Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, y Alejandro Cacace, secretario de la bancada de la UCR y uno de los referentes radicales que está negociando con la Casa Rosada la letra chica de la ley Bases. Lejos de esquivar el saludo, se estrecharon en un abrazo y compartieron un diálogo extendido. Ese encuentro casual funcionó como una síntesis de lo que aconteció poco después: los lineamientos de un acuerdo opositor para presionar al Gobierno con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. 

En rigor este martes firmaron dictámenes separados UxP, la UCR junto con el espacio de Miguel Pichetto, y la Izquierda. Cada propuesta tiene sus detalles y diferencias sustanciales, pero la decisión por detrás es la misma: emplazar al oficialismo para que la comisión de Presupuesto trate las iniciativas de actualización de las jubilaciones. Para no quedar en offside, ayer La Libertad Avanza y el PRO ensayaron un cortafuego con un proyecto espejo del DNU 274/24 que dispuso una nueva fórmula a discreción del presidente Javier Milei.

“Hoy acá hay una expresa vocación para avanzar en el emplazamiento”, celebraba por anticipado ayer por la tarde Martínez, ante la mirada silenciosa de Cacace. Los proyectos de ambos espacios se diferencian en lineamientos clave como es el piso desde el cuál aplicar la actualización, el “empalme” para compensar las jubilaciones con los meses iniciales del año –cuando hubo más inflación–, la fórmula de actualización atada a la inflación mensual y cómo sanear las deudas de las cajas previsionales de las provincias. 

Como eventuales socios del Gobierno, la propuesta radical-federal es más laxa con las cuentas públicas, por ejemplo que haya una garantía de haber mínimo según canasta básica, un bono menos sustancioso que el que propone el peronismo –para llegar al 20% sobre el 12,5% que impuso el Gobierno, frente al 30% del kirchnerismo– y la actualización mensual atada al IPC con la posibilidad de que esté atado al RIPTE –la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores–. “Le cuidan la billetera a Caputo”, chicanearon desde UP a los aliados de los libertarios.

“Le dimos una apertura total, integral y cabal al tema para escuchar las diferentes voces y así poder tener el aporte de todas las miradas de quienes quisieron participar”, defendió elr ol de la comisión su titular, la radical Gabriela Brouwer de Koning. “El empalme del 12,5% que dio el DNU donde para muchos resultó insuficiente de acuerdo al deterioro que tuvieron los haberes por la inflación del país”, justificó como motor del impulso de la iniciativa de la oposición blanda.

Pero más allá de la letra chica de los proyectos, la idea de todo el arco opositor es obligar a José Luis Espert de abrir la comisión de Presupuesto. El momento escogido para avanzar en ese emplazamiento sería en la próxima sesión en el recinto, que todo encamina a ser el de la votación de la ley de Bases. La incógnita aún no despejada es cuándo será finalmente esa sesión porque la negociación del Gobierno con sus socios parlamentarios está trabada. Y ayer hubo voces que hacen presumir que la discusión parece haberse dilatado aún más.

La comisión de Previsión y Seguridad Social dictaminó ayer una serie de proyectos para presionar al Gobierno con la movilidad jubilatoria.“3 de otoño”

En Diputados ya ni está en el horizonte que la ley ómnibus se vote durante este mes de abril –Santiago Caputo había dicho en sus reuniones con diputados que quería que la media sanción salga el 24–, sino que se estima que finalmente ocurra en mayo. El problema para el Gobierno es que se le acortan más los plazos si quiere que el Senado le dé una sanción definitiva como preludio a la firma del Pacto de Mayo en Córdoba. La nueva versión de la ley tendrá como anabólicos un paquete fiscal y una propuesta de reforma laboral.

“El 3 de otoño se va a votar”, ironizó un diputado de los dialoguistas con los libertarios ante la consulta de elDiarioAR y haciendo un gesto de fastidio. “No somos nosotros los que estamos apurados”, se desentendió otra fuente parlamentaria de peso en la UCR. 

Mientras UxP, la Izquierda y otros ex JxC sueltos como los socialistas y Margarita Stolbizer ya están decididos en rechazar la ley Bases bis, entre los aliados del PRO, la UCR y HCF hay esfuerzos denodados para que la propuesta de Milei no vuelva a fracasar. En los últimos días hubo una sucesión de idas y vueltas ante el último borrador que circuló la Casa Rosada, pero el texto sigue en proceso de reescritura.

El Gobierno había prometido que el lunes, según supo elDiarioAR, enviaría a Diputados el proyecto de paquete fiscal que irá adosado a la ómnibus, pero hasta ayer no hubo novedades. La expectativa está puesta para hoy, con la posibilidad de que mañana se convoque a una reunión informativa con un funcionario del Ejecutivo para que dé explicaciones. Esa posibilidad fue rechazada de plano en el despacho de Martín Menem: “Esta semana no hay chances de nada, todo será para la próxima”, fue tajante una fuente.

El titular de la Cámara baja tiene este jueves un tema más candente: convocó a la comisión de Juicio Político para su “conformación”, pese a que ya la semana pasada quedó designada allí la libertaria Marcela Pagano. Menem desconoció ese acto, pese a que hay un acta firmada por todos los diputados que estuvieron presentes el día del escándalo. ¿Irá Pagano? Es un misterio. “La comisión ya fue conformada. Seguiremos el reglamento”, dijeron a este medio al lado de la periodista.

Y ayer la prioridad parlamentaria del oficialismo fue otra. El Ejecutivo envió ayer a Diputados el paquete de leyes de mano dura en seguridad, con el agregado de que Patricia Bullrich visitó a Victoria Villarruel en su despacho del Senado. Hablaron más de una hora, pero no quisieron sacarse fotos, supo elDiarioAR. Según el entorno de la vice no se trató la batería de leyes, aunque curiosamente el paquete de normas no incluía la reforma pretendida de la ley de Seguridad Interior para ampilar el rol de las Fuerzas Armadas, algo en que la vice está en desacuerdo. Sí dialogaron, en un momento, obre “la seguridad del Presidente y de la decisión de que no viaje más en aviones comerciales”. Fue un tema secundario ante una agenda más urgente que tiene la jefa del Senado: cómo juntar una mayoría para que avancen los polémicos pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema.

Otra foto del raid de Francos con gobernadores: durante el acto de asunción del mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a la presidencia de la Región Centro, junto al entrerriano Rogelio Frigerio y el cordobés Martín Llaryora.En “punto muerto”

Tanto para la renovación por la Corte como por la ley Bases el Gobierno sigue buscando la mayoría circunstancial que le dé la media sanción en Diputados. Ayer el ministro Guillermo Francos sumó fotos con un variopinto mapa de gobernadores: desde el santiagueño Gerardo Zamora al santacruceño Claudio Vidal, pasando por los mandatarios de la región Centro: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba).

El problema que se asoma es que sobre la nueva ómnibus hay desacuerdos con los aliados que parecen estar en “punto muerto”. Un caso es el artículo que establece la posibilidad de que una sola persona decida sobre la autorización de una fusión empresarial –como el reciente caso del banco Galicia con el HSBC o emblemático caso de Cablevisión–. Los opositores quieren que haya revisión por parte del tribunal.

Sobre los fideicomisos, la UCR presentó un listado adicional al oficial para darle inmunidad a distintos organismos o sectores puntuales. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ya les respondió por la negativa. Y sobre las privatizaciones, los libertarios también rechazan que esté a tiro el Banco Nación. A esos puntos se les suman los que ya contó ayer elDiarioAR, como los detalles de la reincorporación de Ganancias, los superpoderes presidenciales para la desregulación económica, los alcances del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y la polémica por la ley de impuestos al tabaco.

Al complejo panorama de discusiones se le suma que el Gobierno tendrá que dividir los espacios de debate porque son tres proyectos parlamentarios distintos. Si la ley Bases volvería al plenario de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales, puede que tengan que reunir Legislación del Trabajo para la reforma laboral. Cada nuevo frente de discusión demoraría aún más las definiciones. 

Con todo, el anhelo libertario es que las tres iniciativas se voten en una misma sesión en el recinto, que se anticipa maratónica. Y luego tiene que pasar al Senado. “Es un ida y vuelta que no tiene fin. Más que trabar todo, lo demoran”, argumentó una fuente radical. Y cerró sobre la sensación que percibe en la expectativa de la Rosada: “No quieren bajar a dar una votación que pueden llegar a perder otra vez”.