Desde el Salón Dorado de Gobernación, el gobernador Axel Kicillof reivindicó las políticas públicas adoptadas por el Banco Provincia y celebró los números obtenidos desde la implementación de la billetera digital Cuenta DNI. 

Allí, junto al presidente de la entidad, Juan Cuattromo, encabezó una conferencia de prensa en la que anunció una serie de nuevos descuentos de hasta 35% en el rubro carnicerías, granjas y pescaderías.

A su turno, y tras afirmar que el Bapro vive una “situación de solvencia patrimonial inédita en su historia” que permite la consolidación de este tipo de programas, Cuattromo se refirió al intento fallido de reformar la Ley 15.008, que se aprobó durante la gestión de María Eugenia Vidal y que provocó la presentación de 3.500 medidas cautelares.

Ante la consulta de LaTecla.info, el economista señaló: “Lamentablemente ayer, perdio estado parlamentario el proyecto que envió el Gobernador. Nosotros seguimos apostando a que la política tiene que solucionar un problema que generó la política, lo hemos explicado en todos los lugares donde hemos ido, tanto en ámbitos formales como informales”.

“Traemos un proyecto de Ley que atiende las demandas que la Corte había recetado en diferentes fallos con una estrategia de financiamiento responsable y solidario. Los trabajadores, el Banco y los jubilados iban a incrementar su aporte para que el déficit se achique”, lamentó, al tiempo que criticó a los detractores de la norma. “Ni siquiera es cierto que esta ley implicaba trasladar a la Provincia todas estas cosas que se dijeron y que nada tienen que ver con lo que se discutió, era un proyecto sumamente responsable”, añadió.

El impacto en las arcas bonaerenses

Hasta los últimos días de diciembre, cuando se negoció el Presupuesto y la Ley Impositiva se especuló con la posibilidad de tratar el proyecto que, finalmente, quedó en la nada. Ahora, tras perder estado parlamentario, el destino está sellado y será la Corte Suprema de Justicia la que tenga la última palabra. 

Si el máximo tribunal declara la inconstitucionalidad de la 15.008, supone un problema económico importante para la Provincia y, también, un inconveniente político para la principal coalición opositora. 

Tiempo atrás, desde el Banco Provincia aseguraron que “no es posible saber de forma cierta el costo que tendrá para el Gobierno, porque dependerá de los términos del fallo. En la última audiencia en la Corte se estimaba un costo de 41.000 millones de pesos por retroactividades. El impacto no necesariamente es sobre el banco, sino sobre el conjunto del Estado provincial. Además hay que ver cómo resuelven cuestiones normativas de la 15.008 que también pueden tener un impacto significativo en el balance del banco y de la Provincia”. 

“El déficit de la caja, el Gobierno lo quiere pasar a la Provincia, y nosotros queremos que quede en el banco, porque van a tener más conciencia de que el tema hay que arreglarlo; la caja junta la mitad de lo que sale, está quebrada. Todos los empleados bancarios deberían jubilarse con el régimen de Anses. Y quieren que la Provincia se ponga a financiar ese muerto”, dijo un legislador de Juntos, aunque reconoció la necesidad de salir del atolladero en el que los metió la Corte. 

El déficit calculado de la Caja del Banco Provincia para 2022 fue de 19.945.253.000 pesos, y para este año, si continúa la ley actual, superará los 27.000.000.000.