Los proyectos habían sido acordados en octubre y ya recibieron la aprobación del directorio de la entidad. Esos fondos, que llegarán en el corto plazo, permitirán sostener los descuentos de la “red SUBE” y la tarifa social
Por Fernando Meaños
El Directorio del Banco Mundial aprobó el desembolso de USD 1.000 millones para la Argentina que serán destinados a sostener el esquema de subsidios en las tarifas eléctricas y de transporte público para sectores sociales vulnerables. La llegada de estos fondos se producirá en el corto plazo dado que “ya están disponibles, el gobierno argentino solamente debe concretar el trámite” para recibirlos, explicaron fuentes de la entidad. De ese modo, el Gobierno tendrá una inyección de dinero extra para sostener esos planes y favorecer su política de equilibrio fiscal.
Ambos proyectos aprobados por la conducción del Banco Mundial integran un total de cuatro por USD 2.000 millones que el Banco Mundial y la Argentina acordaron en octubre, con una pauta de USD 500 millones para cada plan. Los otros dos proyectos, que aún no llegaron al Directorio, están vinculados al Plan Nacional de Alfabetización y al programa de nutrición para ayudar a las madres en los primeros mil días de vida de su hijo.
Los préstamos serán reembolsables en un plazo de 32 años con 7 años de gracia. Con ellos, la Argentina tiene en marcha un total de 26 proyectos con el Banco Mundial por un total USD 8.580 millones. La aprobación se realizó un día después de la reunión entre el Presidente Javier Milei y el titular de la entidad multilateral, Ajay Banga, celebrada en Río de Janeiro en las actividades paralelas a la cumbre del G-20.
“Estos proyectos ayudarán a avanzar en reformas que mejoren la eficiencia y la prestación de servicios públicos como el transporte y la electricidad, mientras se protege a la población más vulnerable a través de tarifas sociales”, afirmó Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Javier Milei con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, durante su encuentro en Río de Janeiro
Según explicaron en el Banco Mundial, el primer programa busca “hacer accesible el transporte público para 5 millones de usuarios vulnerables en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. Se denomina “Apoyo a la sostenibilidad y equidad del transporte público” y financiará la tarifa social que ofrece un descuento del 55% en el boleto en 61 localidades del país donde está disponible la tarjeta SUBE. Los beneficiarios de esta tarifa son principalmente jubilados, pensionados y titulares de AUH.
También alcanzará al sistema nacional de boleto integrado, conocido como Red SUBE, que brinda un descuento del 50% en el primer transbordo y un descuento del 75% en los transbordos posteriores. La financiación de esos beneficios provocó cortocircuitos entre la Nación y el gobierno bonaerense en forma reciente.
Además, el proyecto trabajará en “optimizar las rutas de colectivos para que coincidan con los patrones de movilidad actuales y en evolución, lo que mejorará la eficiencia y reducirá la superposición de los servicios. Asimismo, tiene un enfoque de prevención y respuesta al acoso sexual en el transporte público, a través de actividades de capacitación para inspectores y conductores”.
También se apoyará el desarrollo de una estrategia para la transición a vehículos de bajas emisiones en la flota de colectivos del AMBA y la elaboración de planes de contingencia ante fenómenos meteorológicos extremos.
El segundo proyecto, “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”, también por USD 500 millones, está orientado a “mejorar el esquema de subsidios a la electricidad para los usuarios residenciales”. Ayudará a los usuarios de bajos ingresos “a través de tarifas subsidiadas a través de la mejora del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y de la creación de nuevos mecanismos para recolectar la información disponible en otros registros”, explicó el Banco Mundial.
Con el nuevo proyecto, se espera que “el esquema de subsidios sea más eficiente y que con la introducción de incentivos para la eficiencia energética se reduzca el consumo eléctrico”. Actualmente, se calcula que de al menos un millón de usuarios inscriptos en el RASE no se cuenta con información socioeconómica que pueda ser verificada.
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