La Asociación Bancaria (AB) reivindicó ayer la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se celebrará mañana, y sostuvo que "la fecha se realza en el país porque no casualmente un 10 de diciembre de 1983 recuperó el Poder Ejecutivo un presidente electo por el voto popular tras la más trágica dictadura cívico-militar".
Un documento firmado por los secretarios general y de Prensa, Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe, añadió que ese acuerdo, como sostuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, "no es de precios y salarios" sino de "las grandes metas y objetivos".
"Se trata de sentar las bases de acumulación para que luego las elecciones democráticas no signifiquen que cada cuatro años los argentinos cambien de modelo económico y, en una política pendular, terminen frustrando todo", añadió en 2007 Cristina.
Palazzo y Berrozpe insistieron en ese objetivo al retomar el gremio las negociaciones paritarias recuperadas por los gobiernos inaugurados el 25 de mayo de 2003 y comprendiendo "el momento crucial que se vive", por lo que reiteraron que ese acuerdo "no puede reducirse a la cuestión de los precios y los salarios".
"Ese acuerdo debe definir objetivos económicos y sociales claros y mecanismos de control y administración bien definidos, con un Estado que lo presida, dotado de los instrumentos imprescindibles para hacerlo cumplir frente a las maniobras de especuladores y codiciosos, porque allí está el obstáculo", puntualizaron.
Los dirigentes se pronunciaron por el fortalecimiento del mercado interno nacional y por convertir en realidad el mercado común regional suramericano, sosteniendo "la posibilidad de acceder a los bienes necesarios para una vida digna para el conjunto".
"Ello solo puede lograrse con una más justa redistribución de la riqueza. Ese objetivo es incompatible con empresas o empresarios, extranjeros y locales, cada vez más ricos, quienes continúan fugando capitales. Ese es el origen de la denominada `restricción externa`, la carencia de divisas para cumplir compromisos y adquirir insumos esenciales para la economía real.
Entre 2007 y 2011 se fueron del país 80.000 millones de dólares que deberían haber sido ahorrados e invertidos en la Argentina", expresaron.
Por ello, los dirigentes reclamaron otra vez "las reformas tributaria y financiera, la revisión de la legislación sobre inversiones extranjeras y una mejora de la gestión estatal".
"Para quienes están más preocupados por la inflación que por el precio de una canasta familiar digna, señalamos que hay que referirse a la tasa de ganancia empresaria con franqueza y seriedad, analizando las cadenas de valor, las estructuras de costos de producción y comercialización de bienes y servicios".
"Esas estructuras de costos deben ser públicas. Mientras los ingresos de una minoría crecen de manera exponencial, los de la mayoría disminuyen. Ese desequilibrio proviene de ideologías que promueven la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, negando el control de los Estados", señalaron.
Palazzo y Berrozpe señalaron que de ninguna manera "se quiere regresar a 2001; se avanzó mucho y no hay que retroceder, pero existen obstáculos originados en el afán de poder y de poseer".
La Bancaria "está dispuesta a realizar su aporte, pero las cuentas y las responsabilidades deben ser transparentes, porque hace tiempo que los trabajadores ingresaron en el debate de las grandes cuestiones nacionales y saben de qué hablan", concluyeron.
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